El Gobierno de centroderecha holandés ha reconocido este lunes por primera vez que la Agencia Tributaria ejerció “racismo institucional” al examinar las peticiones de subsidios familiares y las de inscripción de negocios en función del origen, nacionalidad o sexo de quienes la presentasen. Quienes no tenían un aspecto o un apellido considerado occidental eran sujetos a controles más estrictos. El escándalo de las ayudas familiares provocó el año pasado la dimisión en bloque del Gabinete, encabezado por el primer ministro liberal, Mark Rutte, que hoy sigue en el cargo. Sin embargo, hasta ahora, solo había admitido que se discriminó a las familias y ha empezado a compensar de forma gradual a los padres endeudados. Además del reconocimiento del racismo institucional, el Gobierno admite ahora algo que se desconocía: que los empresarios con intención de inscribir un negocio en la Cámara de Comercio sufrieron el mismo trato discriminatorio. No está claro aún cuántos.
En una nota remitida al Congreso este lunes, Marnix van Rij, secretario de Estado de Finanzas, ha calificado de “inaceptables y dolorosos para mucha gente”, los ejemplos hallados “durante el proceso de supervisión” de los expedientes. Entre ellos ha citado “los donativos a una mezquita” y ha añadido que “el racismo institucional no puede y no debe tener cabida en nuestra sociedad”. “Ha sido más una cuestión de comportamiento inconsciente y de ignorancia que de algo intencionado, pero se fue de las manos; no había una regla clara y tampoco una segunda revisión”, ha señalado.
Listas negras con 270.000 personas
El racismo a escala institucional implica la exclusión de un grupo de personas por su origen étnico. El Gobierno no había querido usar dicha expresión hasta ahora, ya que suponía la elaboración expresa de protocolos para discriminar. Van Rij ya había señalado que “el racismo es una ideología y la discriminación está prohibida por la ley”. Entre 2003 y 2020, la Agencia Tributaria elaboró listas negras en las que puede haber hasta 270.000 personas. Las familias con derecho a recibir ayudas para cuidar a sus hijos afectadas por este sesgo rondan las 60.000.
La abogada española Eva González Pérez, residente en Eindhoven que destapó el escándalo de los subsidios familiares, considera que “el reconocimiento es muy importante para poder seguir adelante. “No solo han admitido que hay racismo en los casos de padres que yo llevo, sino también en el apartado de montar empresas”, añade. En conversación telefónica con , advierte, sin embargo, de que sigue sin recibir los expedientes de los afectados, lo que retrasa los procedimientos. “Sigue siendo difícil para los que consideran que los 30.000 euros de compensación estipulados por el Gabinete no cubren las pérdidas sufridas. No tenemos los documentos necesarios y precisamos de expertos para calcular las indemnizaciones, que el Estado no paga. Por eso no hay seguridad jurídica completa”, concluye la abogada.
Las familias afectadas fueron tachadas erróneamente de defraudadoras. La Agencia Tributaria hacía además distinciones por nacionalidades consideradas más proclives a la estafa ―por ejemplo, búlgaros y marroquíes―. O por grupos, como los antillanos. Algunos correos electrónicos internos incluían frases como: “Otro solicitante fraudulento de asilo”. La abogada considera que los funcionarios “deberían ser supervisados, a escala europea si fuese posible, para evitar este tipo de sucesos”. “No entiendo que solo se controle de este modo a los que no son de origen holandés”, añade.
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El escándalo de los subsidios familiares fue investigado también por el diario holandés Trouw y la cadena televisiva RTL. Según el secretario de Estado Van Rij, no todas las distinciones hechas a efecto de tributos son discriminatorias “porque debe haber una justificación clara para las ayudas”. Pero ha indicado que los funcionarios serán formados para “prevenir nuevos casos”.
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