MANILA – Decenas de activistas y
militantes de izquierda figuran en una polémica “lista roja”
elaborada por el Gobierno de Filipinas y varios de los señalados han sido
asesinados, como Zara Alvarez y Randall Echanis, las últimas víctimas de lo que
algunos califican como “terrorismo de Estado”.
Alvarez y Echanis, ambos
asesinados este mes de agosto, eran dos conocidos activistas en Filipinas con
un largo historial denunciando abusos de derechos humanos y defendiendo la paz
con la guerrilla comunista del Nuevo Ejército del Pueblo (NEP).
Aunque nunca militaron en sus
filas, el actual gobierno de Rodrigo Duterte los acusó de rojos, comunistas y
rebeldes, lo que en la Filipinas actual es sinónimo de terrorista, una etiqueta
que han pagado con su sangre.
“Ambos fueron incluidos en
esa horrenda lista que el Departamento de Justicia creó en 2018 en un intento
de que los tribunales declaren a las personas que ahí figuran como
terroristas”, lamentó este miércoles en declaraciones a Efe, Cristina
Palabay, secretaria general de Karapatan, una red nacional de organizaciones de
derechos humanos de la que Alvarez y Echanis fueron miembros.
Zara Alvarez, activista por los
derechos humanos de 39 años, fue asesinada a tiros la noche del 17 de agosto
por asaltantes enmascarados en Bacolod, en la isla de Negros, una de las
regiones más pobres del país y afectada por las muertes de sindicalistas y
campesinos.
Este asesinato se produjo siete
días después de que fuera encontrado muerto en su casa al norte de Manila
Randall Echanis, de 72 años, reconocido defensor de una reforma agraria,
presidente y fundador del partido de izquierdas Anakpawis y asesor en las
negociaciones de paz con el NEP.
“Figurar en esa lista era
como tener un objetivo apuntándote directamente en la espalda”, aseguró
Palabay, que junto a unas 500 personas participó el miércoles en un acto de
protesta para reclamar justicia por estos “crímenes de Estado” en el
parque “Bantayong ng mga Bayani”, espacio de Manila que homenajea a
las víctimas de la dictadura de Ferdinand Marcos.
La polémica “lista
roja” fue elaborada por el Departamento de Justicia en 2018 -después de
que el nuevo intento de negociaciones de paz con los comunistas y la
administración Duterte se fuera al traste- con los nombres de unas 600 personas
que se pretende catalogar como terroristas, aunque el caso todavía está
pendiente en los tribunales.
Según Karapatan, al menos 80
personas de la “lista roja” son defensores de derechos humanos sin
ninguna relación con insurgencia o rebelión alguna, ni mucho menos grupo terrorista.
Otro activista incluido en la lista, Randy Malayao, fue asesinado a tiros en
enero de 2019.
Algunos comparan esa “lista
roja” con la “lista negra” de funcionarios, alcaldes y
congresistas acusados sin pruebas de vínculos con el narcotráfico, en el marco
de la brutal campaña contra las drogas de Duterte, nómina en la que también se
han producido sangrientas bajas en los últimos cuatro años.
Sin embargo, este acoso al
activismo político no es nuevo en Filipinas, que ya sufrió el “estigma de
la izquierda” en los “oscuros años” de la ley marcial que
declaró el dictador Ferdinand Marcos (1971-1982), etapa en la que hubo 3,240
asesinatos por motivos políticos, 70,000 disidentes fueron encarcelados y
34.000 torturados.
“Esto no es nuevo, varias
administraciones en el pasado utilizaron el poder estatal para sofocar la
disidencia legítima. Hay una insurgencia comunista en nuestro país pero ahora,
para justificar estos asesinatos, asocian organizaciones legales y activistas
individuales con la guerrilla comunista”, indicó a Efe el congresista
Ferdinand Gaite, del partido de izquierda moderada Bayan Muna, quien también
acudió a la protesta.
Gaite insistió en que su partido
-cuyos miembros también cargan con la “etiqueta roja” impuesta por el
gobierno- “nunca ha abogado por la rebelión ni la revolución, pero sí
defiende el derecho del pueblo a combatir toda forma de fascismo, y también de
terrorismo”.
“Las muertes de Alvarez y
Echanis son una gran pérdida para el movimiento popular. Ambos contribuyeron a
luchar por las problemas del pueblo, de los campesinos y los trabajadores, de
la gente ordinaria, abogando por la justicia social y por el cambio”,
aseveró.
Ante la indignación general
causada por estos dos asesinatos, de los que muchos responsabilizan al gobierno,
la administración Duterte se ha querido desmarcar de esas sospechas, aunque el
propio mandatario ha insultado y amenazado a activistas y líderes de la
izquierda en numerosas ocasiones.
“Culpar a las fuerzas del
Estado como los responsables de esos asesinatos es algo infundado, ya que la
investigación sobre las muertes de Zara Alvarez y Randall Echanis está en
curso”, defendió hoy en un comunicado el portavoz presidencial, Harry
Roque.
Sin embargo, organizaciones como
Amnistía Internacional o Human Rights Watch no han dudado en señalar
directamente a las fuerzas de la ley bajo el mando de Duterte como
responsables.
“Filipinas tiene una larga lista de activistas de izquierda a quienes las fuerzas de seguridad del Estado han ejecutado extrajudicialmente con el pretexto de combatir la insurgencia comunista. Estas muertes ocurren porque funcionarios gubernamentales y militares perciben a activistas como Alvarez y Echanis, que abogaban por defender o reformar la ley, como sustitutos de los insurgentes armados”, apuntó el subdirector para Asia de HRW, Phil Robertson.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU publicó en junio una investigación sobre Filipinas en la que denunció la campaña de terror e impunidad bajo el mandato de Duterte, marcado por el hostigamiento a líderes sociales y grupos de izquierda, con 248 activistas asesinados.
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