Hostelería, ¿y si lo peor está por llegar?

Leonardo Cardozo y su esposa Judith son propietarios de dos empresas en Madrid: Serviphal, dedicada a la instalación de alarmas y líneas telefónicas, y Pura Vida, una cafetería ubicada frente al centro comercial La Vaguada. Al igual que a miles de pequeños empresarios, el confinamiento ordenado por el Gobierno para contener la pandemia del coronavirus les ha obligado a cerrar parcialmente los dos negocios, despedir temporalmente a sus empleados y recurrir a las líneas de liquidez oficiales.

Pero su experiencia con los bancos al solicitar estas ayudas ha sido diametralmente distinta en cada caso: la firma de electrónica la obtuvo rápidamente, mientras que la cafetería sigue esperando. “La hostelería está muy abandonada”, se lamenta Cardozo.

A los pocos días de anunciarse que el Gobierno pondría en marcha una línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para cubrir el pago de salarios, facturas, impuestos y otros gastos de las empresas obligadas a parar durante la cuarentena, el banco con el que trabajaba Serviphal llamó a Cardozo para ofrecerle la financiación. “Ya tenían toda la documentación preparada y las condiciones eran buenas, así que acepté y recibí el préstamo rápido”, cuenta.

La entidad aprovechó la oportunidad para venderle también un seguro de vida, práctica que, días después de detectarse, el Gobierno prohibió expresamente. “Lo acepté porque no era caro y todas las demás condiciones del préstamo eran buenas: casi 30.000 euros a pagar en cinco años con tasa de interés anual del 1,5%, un año de carencia de capital, sin costes de apertura ni gastos notariales, tampoco gastos por amortización anticipada a partir del segundo año”, explica.

Con ese dinero, Cardozo ha podido pagar el alquiler de la nave industrial, el renting de las furgonetas y las nóminas de marzo y abril de los tres empleados de Serviphal, porque aunque presentó el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) el 15 de marzo, hasta ahora los trabajadores no han cobrado la prestación correspondiente.

Pura Vida, en cambio, ha tenido menos suerte y sigue esperando que su solicitud de financiación sea aceptada. “De nuestras dos empresas, la cafetería es la que más necesita esta ayuda porque el alquiler de un local comercial a pie de calle cuesta tres o cuatro veces más que el de una nave en un polígono”, afirma.

La línea del ICO, que en el caso de pymes y autónomos garantiza el 80% del préstamo, está dotada con 100.000 millones de euros, de los que se han soltado ya 40.000 millones y están en camino 20.000 más.

Pero la experiencia de Cardozo confirma que los bancos, que se reparten los recursos del programa en función de su cuota de mercado, no están atendiendo con la misma celeridad a todos los sectores. La Confederación Empresarial de Hostelería de España (CEHE) corrobora que bares y restaurantes enfrentan dificultades para conseguir la financiación y pide para éstos microcréditos con avales preconcedidos de 15.000 a 20.000 euros.

La Asociación Española de Banca (AEB) declaró el viernes que la prioridad de las entidades son las “empresas solventes” y que están trabajando para agilizar la tramitación de las solicitudes lo máximo posible. Hasta el momento, los bancos han entregado 184.200 préstamos a pymes y autónomos (el 98,5% de las operaciones), por un importe total de 17.267 millones de euros, de los que 13.802 millones han sido garantizados por el Estado, según el Ministerio de Economía.

Barrio de las Letras

Sin embargo, Francisco Carmona, presidente de la Asociación de Comerciantes del Barrio de las Letras de Madrid, mantiene que, “desgraciadamente”, los avales del ICO son insuficientes para que los pequeños negocios hagan frente a la situación “por varias razones”. Primero, porque garantizan operaciones suscritas a partir del 18 de marzo, cuando ya antes de esa fecha, los establecimientos empezaron a notar los efectos de la crisis en el consumo. Segundo, porque el presupuesto de la línea no cubre las necesidades actuales ni futuras y, por ello, debería ser ampliado.

“El comercio no se va a recuperar de manera inmediata cuando el estado de alarma se levante. El ciudadano va a tener miedo y va a limitar sus salidas durante mucho tiempo. Esto implica que la afluencia a los locales va a tardar meses en normalizarse, siendo optimistas, por lo menos hasta septiembre”, argumenta.

Teniendo en cuenta esa incertidumbre, Carmona reclama que el programa no solo cubra el importe principal del préstamo, sino también los intereses ordinarios y de demora. “En la primera emisión, los préstamos salían con una tasa del 1,5% y en la segunda, a un 2,5%, sin estar muy clara la razón de ese incremento”, criticó.

La Asociación Española de Franquiciadores (AEF) coincide en que los fondos habilitados son insuficientes y que serán necesarios “algunos tramos más”. “También consideramos importante que se puedan aplazar o cubrir las cotizaciones a la Seguridad Social, impuestos como el IVA, así como las condiciones de alquiler de los locales”, dice Eduardo Abadía, director ejecutivo de la AEF. Sobre este último punto, la confederación de hosteleros propone que el Estado subvencione a los inquilinos comerciales, en lugar de simplemente darles una moratoria.

Liquidez inmediata

El descontento con las medidas aprobadas no se limita al sector comercio. La Federación de Industrias del Calzado Español (FICE) echa en falta inyecciones de “liquidez inmediata” con la exención de tasas, impuestos y cotizaciones durante el periodo de alarma, la recaudación del IVA exclusivamente sobre las facturas cobradas o su devolución con prontitud a los exportadores. “Los avales no parece que vayan a ser suficientes para que el crédito fluya. Observamos, además, un cuello de botella importante en la resolución de los expedientes”, comenta José Monzonís, presidente ejecutivo de FICE.

Luis F. Conde Berné, economista y auditor de AGM Abogados, opina que la línea ICO es una buena iniciativa, pero coincide en que para garantizar la supervivencia de las pymes serían necesarias “ayudas directas”. “Quien se habría de endeudar para solucionar esta crisis sería el Estado, y no los autónomos y las pequeñas empresas, que ni siquiera saben cuándo podrán volver a tener algún ingreso”, defiende.

De cara a obtener los avales, el experto recomienda a las pymes ponerse en manos de sus asesores de confianza. “La pandemia ha llegado en un momento en que la mayoría de empresas ni siquiera había formulado sus cuentas, y los bancos están solicitando un cierre, aunque sea provisional, de los estados financieros de 2019. También se les pide una estimación de sus necesidades de tesorería para los próximos 12 o 18 meses y un plan de negocio lo más realista posible”, advierte.

Adriana Trapa y Roberto Bello, expertos de Zabala Innovation Consulting, aconsejan diseñar un plan de contingencia a corto plazo que contemple las previsiones de flujo de caja mensual. “Los bancos no pueden condicionar la aprobación de los préstamos a la contratación de ningún otro producto, pero sí pueden solicitar garantías por la parte no cubierta por el Estado”, aclaran.