Sophie Luo Shengchun era, según su propia descripción, una mujer tradicional y conservadora, ingeniera de profesión pero dedicada sobre todo al cuidado de su marido y de sus dos hijas de corta edad. No le interesaba la política y del trabajo de su cónyuge, el abogado Ding Jiaxi, solo tenía una idea muy general: que representaba casos de derechos humanos. Hasta que lo detuvieron por primera vez en 2013.
Nueve años más tarde, Ding —cofundador del movimiento Nuevo Ciudadano, que exige transparencia al Gobierno chino—, volvió a sentarse el pasado viernes en el banquillo en un juicio secreto, en el condado de Linyi en la provincia costera de Shandong. Está acusado de subversión contra los poderes del Estado, un cargo que puede acarrearle la cadena perpetua. Luo, la antigua esposa apocada, se ha convertido en una formidable activista en el exilio, desde donde lucha por la libertad de su esposo y muchos otros defensores de los derechos humanos en China.
“Mi marido había pedido que su juicio fuese abierto al público, para que la gente lo pudiera seguir. Pero rechazan mostrarlo y es a puerta cerrada”, denuncia esta mujer menuda por videoconferencia desde su residencia en Saint Paul (Minnesota, EE UU). Los abogados apuntan que no tienen información. Simpatizantes de Ding que han querido acudir fueron obligados a abandonar el hotel en el que se alojaban en plena noche. Ella misma solo supo que iba a comenzar el juicio por un mensaje de texto en el móvil. “Este caso se ha tratado completamente en secreto, no hay ninguna transparencia. Y es que no tienen con qué sustentarlo”.
El caso de Ding se juzga de modo casi simultáneo al del confundador de Nuevo Ciudadano, Xu Zhiyong, uno de los más célebres críticos del Gobierno chino. Xu —que inmediatamente antes de ser detenido en febrero de 2020 fue muy crítico con la gestión de la pandemia en su país— fue procesado, también en secreto, el miércoles en Linyi y su caso está ahora pendiente de que se conozca el veredicto. Ambos fueron detenidos poco después de participar en un encuentro de fin de semana con otros activistas y abogados de derechos humanos en un chalet en la ciudad costera de Xiamen en diciembre de 2019. Una reunión que costó también la detención a varios otros participantes, y en la que quienes asistieron aseguran que se trató de un encuentro informal de amigos en el que se charló de lo humano y lo divino. A ojos de las autoridades chinas, fue una confabulación contra el régimen.
El abogado de derechos humanos chino Ding Jiaxi en las cataratas del Niágara en octubre de 2017.LUO SHENGCHUN (via REUTERS)
Luo denuncia que su marido ha sufrido torturas durante su arresto. Su relato coincide con lo que han revelado otros abogados detenidos. Ding le contó que en sus primeros seis meses de detención —bajo el sistema denominado “Vigilancia Residencial en Lugar Designado”, o RSDL por sus siglas en inglés, que permite el aislamiento de un sospechoso durante medio año— sufrió vejaciones diarias. Privación de sueño, alimentación deficiente, falta de acceso al aire libre o a la luz natural. E interrogatorios interminables en la temida silla del tigre, diseñada para inmovilizar al detenido en la misma postura durante horas, con cadenas en manos y pies. “Durante siete días seguidos le mantuvieron despierto sin poder dormir. Para evitar que cayera rendido le ponían un documental sobre la vida del presidente chino, Xi Jinping, a todo volumen las 24 horas del día”, cuenta. Ding no tuvo acceso a un abogado hasta enero de 2021, un año después de su desaparición.
Únete para seguir toda la actualidad y leer sin límites.
Suscríbete
La activista desconoce cuál será la sentencia contra su esposo. No hay muchas razones para el optimismo. El 99% de los juicios en los tribunales chinos acaba con un veredicto de culpabilidad del acusado. Ella está en contacto con ONG internacionales, con la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, con políticos, diplomáticos y activistas para tratar de presionar a favor de Ding.
Es un papel que, reconoce, no se hubiera imaginado hace años. “Era la responsable de proyectos de mi empresa y solo me preocupaban mi trabajo y mis dos hijas. No le preguntaba mucho a mi marido sobre sus tareas, me fiaba de él. Era abogado y sabía lo que hacía”. Pero en 2013, con la llegada al poder de Xi Jinping, Nuevo Ciudadano pasó a ser un grupo perseguido. Ding fue detenido por primera vez y condenado a 2,5 años de cárcel. Luo y sus hijas se exiliaron a Estados Unidos. Ahí ella empezó a interesarse por la situación de los derechos humanos en China, aunque sin adoptar un papel relevante. “Tenía que ocuparme de mis niñas, para entonces adolescentes. Las dos desarrollaron problemas psicológicos serios debido a la ausencia de su padre”, explica.
Pero la nueva detención de su marido supuso que ella diera el paso definitivo. “Conocí muchos casos. Y pensé, no solo debo hablar por Jiaxi, tengo que hablar por todos los prisioneros de conciencia y políticos. Así que decidí dedicar todo mi tiempo libre a la defensa de los derechos humanos… quiero utilizar mi libertad para trabajar por esta gente”.
La ruptura de una mentalidad “muy tradicional”
El proceso no ha sido fácil. Por el camino tuvo que romper con su mentalidad “muy tradicional”, en la que el hombre de la casa es quien debe tomar las decisiones y las responsabilidades, y la mujer quedar en un segundo plano. “Soy de naturaleza tímida e introvertida. He tenido que encontrar fortaleza para continuar la causa. Al principio fue difícil, pero he tenido apoyo de mucha gente. Sigo sin hablar muy bien en público delante de multitudes, pero lo hago. En el Congreso de EE UU, en la Comisión Ejecutiva sobre China, en Ginebra… y ya no me siento tan tímida. Lo que quiero es que la gente sepa la verdad”, dice.
No es la única. Las Madres de Tiananmen, que luchan por lograr justicia para sus hijos caídos en la matanza de 1989, recorren ese camino desde hace tres décadas. Y desde que en 2015 el Gobierno chino lanzó una gran redada contra los abogados de derechos humanos en el país, una generación de esposas de aquellos detenidos se lanzó a luchar por la libertad de los suyos, convertidas ellas mismas en activistas.
Casi todas comparten un perfil similar: inteligentes y muy preparadas —abundan las profesoras universitarias o las médicas—, que hasta el momento del arresto de sus maridos habían centrado su interés en el cuidado de los hijos, sin ningún tipo de actividad política. Pero que aprendieron a utilizar las redes sociales, a convocar y estar en contacto con medios, ONG y diplomáticos extranjeros. A organizar eventos de todo tipo —marchas a pie de centenares de kilómetros, colocación de carteles ante comisarías y tribunales— para llamar la atención sobre sus casos. Tejiendo, por el camino, una red de sororidad entre muchas de ellas.
Son mujeres como Wang Qiaoling, casada con el abogado Li Heping, uno de los más prominentes detenidos en la redada de julio de 2015, y que ha continuado dando apoyo a otras “defensoras de los defensores” cuando su marido quedó en libertad en 2017. O su compañera de fatigas y activismo Li Wenzu, pareja del abogado Wang Quanzhang, el último de la redada de 2015 en ser excarcelado y de quien ella no tuvo noticias durante más de tres años. O la microbióloga Chen Zijuan, transformada en activista desde que su esposo Chang Weiping, especializado en casos de discriminación y libertad de expresión, quedara arrestado en dos ocasiones —sigue detenido, entre denuncias de daños a su salud— tras haber participado también en la reunión de Xiamen.
Como les ocurre a la gran mayoría de los activistas en China, desde que comenzaron a salir en defensa de sus maridos y otros defensores de los derechos humanos, todas ellas pasaron de disfrutar una vida normal a convertirse en víctimas de una campaña de hostigamiento que ha continuado incluso tras la puesta en libertad de sus esposos. Que se ha convertido en algo permanente para las que han continuado su activismo en favor de otros. Llamadas telefónicas, amedrentamiento de amigos y familiares, matones haciendo guardia en su puerta para controlar idas y venidas, visitas y, en su caso, retenerlas en el interior de sus viviendas e impedir que puedan acudir a alguna cita “sensible”.
“Lo que querían era callarme”
Así lo denuncia Mindy Shi, esposa del también defensor de derechos humanos Cheng Yuan, fundador de la ONG promotora de la igualdad de derechos Changsha Funeng y detenido en julio de 2019 como sospechoso de subversión. Las autoridades también amenazaron con retenerla a ella.
“Me pusieron bajo vigilancia, me pidieron que firmara un acuerdo secreto en el que me pedían que no aceptara ninguna entrevista con medios y que no hablara con nadie. Me congelaron las cuentas, se llevaron mi documentación, mi ordenador, mi móvil y muchas otras cosas. Claramente lo que querían era callarme”, cuenta en una entrevista virtual. La presión, denuncia, se extendió a sus familiares y amigos. “A mis colegas, a mis contactos… les amenazaron, así que les daba reparo ponerse en contacto conmigo. Me quedé aislada. Pero ese aislamiento es en realidad una herramienta que utiliza el Estado. Utilizan el aislamiento para lograr que te rindas”.
Finalmente, optó por abandonar China en febrero de 2021. Informática de éxito, como Luo intenta desde el exterior mantener la presión en favor de su marido. Según denuncia, han pasado más de 1.000 días desde su arresto y Cheng no ha podido aún tener acceso a los abogados que ella le ha elegido. Con el argumento de la pandemia de covid, tampoco les han dejado comunicarse. “Le he escrito un montón de cartas, pero no le permiten responderlas. En los últimos 1.000 días solo he recibido una carta suya. Y no hemos tenido información sobre sus condiciones de vida, su salud. Estamos muy preocupados”.
Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
50% de descuento
Contenido exclusivo para suscriptores