Human Rights Watch y los Centros de Johns Hopkins hallaron condiciones insalubres y de hacinamiento en los centros donde se obliga a los retornados a cumplir cuarentena.
Los 130.000 venezolanos que han regresado a Venezuela tras emigrar a otros países de la región se han encontrado a su vuelta con tratos abusivos y condiciones precarias de aislamiento, según la organización Human Rights Watch (HRW) y la Universidad Johns Hopkins, que han constatado también amenazas contra quienes se atreven a protestar.
La pandemia de coronavirus y su impacto socioeconómico, que se ha ensañado con poblaciones vulnerables y dependientes de la economía informal, ha acelerado el retorno de migrantes venezolanos. Quienes vuelven se encuentran un panorama complicado, según los testimonios recabados durante estos últimos meses y los documentos analizados por un grupo de expertos.
Estas pruebas demuestran el estigma que el Gobierno de Nicolás Maduro ha impuesto sobre los retornados, a los que ha acusado en reiteradas ocasiones de introducir el virus en Venezuela. Sin embargo, la realidad es otra, según el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco: “los retornados venezolanos están expuestos a un riesgo mayor de COVID-19 en ambos lados de la frontera”.
Quienes vuelven a Venezuela deben aislarse en los Puntos de Atención Social Integral (PASI) repartidos en distintas zonas y, aunque las condiciones de todos ellos varían, la mayoría están desbordados y en algunos incluso se han detectado condiciones insalubres, con serias dificultades para el acceso a la atención médica o al agua potable. Las condiciones de algunos de ellos podrían suponer incluso un trato degradante, prohibido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
HRW y la Universidad Johns Hopkins temen que estos centros hayan servido como caldo de cultivo para la expansión del virus y han criticado también que algunas personas sean obligadas a permanecer en ellos más de 14 días a la espera de los resultados de una sucesión de pruebas innecesarias desde un punto de vista de salud pública. La mayoría de los entrevistados pasó más de 20 días en los PASI y dos han contado que estuvieron más de 70 en dos centros distintos de Apure.
“Enviar a los retornados a centros de cuarentena insalubres y sobrepoblados, donde es imposible cumplir con las medidas de distanciamiento social, es una fórmula perfecta para propagar la COVID-19″, ha advertido la doctora y académica Kathleen Page, miembro de la Facultad de Medicina de la Johns Hopkins. “Exigirles quedarse allí por más del plazo establecido de 14 días no hace más que agravar el riesgo de que se contagien y no contribuye a ningún propósito razonable de salud pública”, ha denunciado.
El acoso y la discriminación es también una denuncia recurrente contra el personal militar y civil que gestiona los PASI, hasta el punto de que numerosos retornados llegan a sentir que están siendo castigados por haberse ido del país. Estas fuerzas de seguridad no suelen tolerar las protestas, como atestiguan testigos de una movilización en un hotel de Caracas que funcionaba como centro de cuarentena.
Horas después de que un grupo organizara una protesta por las condiciones de estas instalaciones, un grupo de hombres encapuchados y armados irrumpió en el edificio. Advirtieron de que “no iban a tolerar” las protestas y que iban a “aplicar medidas contundentes” si había otra manifestación.
AL OTRO LADO DE LA FRONTERA
Quienes deciden regresar a Venezuela lo hacen en muchos casos en condiciones precarias, después de largos trayectos y sin un estatus que reconozca sus especiales vulnerabilidades. Algunos de los migrantes entrevistados por HRW reconocen que han dormido junto a la carretera y que apenas habían comido, mientras que algunas ONG han constatado casos de desnutrición y deshidratación.
Las autoridades venezolanas limitaron en julio la cifra de personas que podían cruzar los pasos fronterizos y, en algunos puntos, solo se permite el acceso algunos días de la semana. Esta presión genera aglomeraciones en las fronteras de Brasil y Colombia y, por tanto, mayor riesgo sanitario –hasta el 25 de agosto había unos 2.700 venezolanos esperando en la ciudad colombiana de Cúcuta–.
La falta de un paso legal lleva a parte de estos migrantes a optar por las ‘trochas’, como se conoce a los puntos de entrada ilegales, controlados por grupos armados. Un funcionario de Derechos Humanos ha contado a HRW que disidentes de las FARC exigían pagos de entre 32 y 162 dólares por ayudar a entrar en Venezuela.
Un retornado que llegó al estado venezolano de Táchira por una ‘trocha’ ha asegurado que esperó ocho días a la intemperie junto a unas 200 personas más en el control fronterizo en San Antonio del Táchira, sin mascarillas ni distancias. Sin asistencia alimentaria, algunas de estas personas bebían el agua de lluvia que recogían en botellas.
Según este testimonio, los militares les reconocieron que quienes entraban a través de un paso ilegal no eran una prioridad para las autoridades venezolanas.
El Gobierno de Maduro no ha respondido a las peticiones de HRW sobre la supuesta hostilidad hacia los migrantes que en los últimos meses han querido volver a Venezuela, por lo que la ONG ha solicitado una mayor implicación regional, para que se aborde la situación de los retornados en la reunión de ministros de Exteriores de la región prevista para el 19 de octubre.
(Europa Press)