Liz Truss ha tranquilizado en parte a los mercados con su marcha atrás. Al retirar su propuesta de anular el tipo del 45% para las rentas más altas, la libra esterlina se ha estabilizado. Pero solo de momento. La tensión en el seno del nuevo Gobierno no ha desaparecido. Al contrario. Algunos ministros se desmarcan ya de la línea oficial, entre acusaciones de “golpe de Estado”.
Los planes económicos desplegados por la nueva primera ministra —ayudas directas para pagar la factura de la energía o recortes fiscales— siguen suponiendo un agujero en la deuda pública de casi el 7% del PIB. Truss debe demostrar que los incentivos al crecimiento van acompañados de la necesaria responsabilidad fiscal. Eso significa ajustar el gasto. Medidas impopulares, como evitar que las prestaciones y ayudas sociales suban al ritmo de la inflación —situada ya en el 9,9%—. Y ahí ha surgido la siguiente rebelión interna de los conservadores contra un Gobierno que lleva apenas un mes al mando y ya vive sus horas más bajas.
Boris Johnson, que siempre supo navegar donde la corriente era más propicia, prometía el 30 de junio de 2020, cuando el Reino Unido ansiaba desesperadamente salir de la pandemia, un plan económico generoso y justo: “No responderemos a esta crisis con lo que la gente ha llamado ‘austeridad’. No vamos a salir de las dificultades de un modo cicatero”, anunciaba. El Partido Conservador vive aterrado por las cicatrices que dejó en su imagen la pasada década, cuando el entonces primer ministro, David Cameron, y su ministro de Economía, George Osborne, intentaron enderezar las cuentas del país a golpe de recortes sociales. The Nasty Party, el partido feo, desagradable. Así llamaban por entonces a los tories.
Es comprensible que Truss, cada vez que se le pregunta, se resista a utilizar la palabra austeridad. “Yo hablo de responsabilidad fiscal, de la necesidad de reducir la proporción de la deuda pública respecto al PIB, después de una extraordinaria crisis tras una invasión de Ucrania que ha provocado, por ejemplo, la subida de las facturas del gas y de la luz”, se defendía este martes en la emisora LBC.
Truss no quiere atarse las manos. Rehúye aclarar si su Ejecutivo subirá las prestaciones y ayudas sociales que reciben los más desfavorecidos al mismo nivel de la inflación —como sí ha hecho con las pensiones públicas—, o si los ajustará más bien a la subida media de los salarios, notablemente inferior. Con un sistema privado de pensiones muy potente, el gasto que el Reino Unido destina a sus jubilados es muy inferior al de otros países como España o Francia, mientas que la parte del presupuesto reservada a las ayudas sociales supone una cifra muy considerable. El Gobierno calcula un ahorro de unos 5.700 millones de euros si las mantiene por debajo de la inflación.
“Cuando la gente vive de una renta fija, como pasa con los pensionistas, le resulta muy complicado ajustarse a las circunstancias. No ocurre lo mismo con los que sí pueden trabajar”, ha dicho Truss. Una clara indicación de lo que pretende.
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De nuevo, sin embargo, la rebelión le ha surgido dentro de su propia casa. “Siempre he respaldado ese aumento, ya se trate de las pensiones o del Estado de bienestar y sus prestaciones. Tiene todo el sentido del mundo ajustarlo al nivel de inflación”, ha defendido Penny Mordaunt, líder de la Cámara de los Comunes (un cargo similar al español de secretario de Relaciones con las Cortes, pero con rango ministerial). Su opinión cuenta. No solo por ser el primer miembro del Gobierno en pronunciarse antes incluso de que se tome la decisión, sino porque Mordaunt fue clara favorita en las primarias conservadoras del verano, y se mantuvo un tiempo por encima de Truss en las preferencias del grupo parlamentario. A su voz se ha sumado la del ministro para Gales, Robert Buckland: “Cada Gobierno conservador en el que he estado ha sido capaz de mantener esa red de seguridad [para los ciudadanos]. Estoy seguro de que este hará lo mismo”, ha dicho a la BBC.
Acusación de ‘golpe de Estado’
Una clara señal del estado de descomposición interna que viven los conservadores ha sido la dureza con que ha intervenido en el debate la ministra del Interior, Suella Braverman. La antigua abogada general del Estado también compitió en las primarias del Partido Conservador, y gozó en un principio del apoyo de los euroescépticos y del ala dura del partido. “Se ha llevado a cabo un golpe de Estado para debilitar a la primera ministra, de un modo muy poco profesional”, ha dicho Braverman al Daily Telegraph, el diario de referencia de los conservadores. “Somos un partido, y la primera ministra fue elegida según corresponde. Ha recibido un mandato. Y anunció durante todo el verano que iba a bajar los impuestos. Está haciendo lo que prometió”, ha señalado la ministra, para reprochar su actitud a los diputados que se han opuesto al alivio fiscal para los más ricos.
La nueva rebelión incluye a los exministros conservadores Michael Gove, Damian Green, Esther McVey o John Glen, que también se han mostrado en contra de una medida que quita, por un lado, lo que el Gobierno —con las ayudas energéticas— da por otro. Los mismos que lograron doblar el brazo esta semana a la primera ministra e hicieron que retirara su recorte de impuestos para los más ricos vuelven a dejarle claro que no goza de la autonomía y libertad de maniobra que podría esperarse de alguien que apenas ha puesto un pie en Downing Street.
Hasta Iain Duncan Smith, el exlíder de los conservadores apadrinado por Margaret Thatcher, que a su vez apadrinó a Truss este verano en la carrera de las primarias, le ha advertido del riesgo de volver a meter la pata: “No tiene sentido retirar parte del gran apoyo que estamos dando a los ciudadanos para que puedan hacer frente al incremento del coste de la vida, y a la vez no actualizar a los precios reales todas esas prestaciones sociales”, ha dicho Duncan Smith este martes. “Yo no he entrado en política para hacer que la gente pobre sea aún más pobre. Es muy sorprendente que abordemos, por un lado, el terrible incremento del coste de la vida, y luego no estemos dispuestos a mantener en términos reales el valor de las ayudas que necesitan los más vulnerables de nuestra sociedad”, se ha sumado a la protesta el exministro conservador Andrew Mitchell.
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