Un manifestante durante las protestas del pasado 20 de octubre en Yamena, capital de Chad, en las que murieron al menos 50 personas tras una violenta represión.AP
Un general golpista, hijo del expresidente Idriss Déby, que maniobra sin ambages para mantenerse en el poder; una oposición, política y ciudadana, movilizada como nunca para evitarlo; unas poderosas fuerzas armadas dispuestas a reprimir con extrema dureza a la población; y la tibieza, cuando no complicidad, de la comunidad internacional. La transición democrática anunciada en Chad tras la muerte de Idriss Déby en 2021 ha descarrilado y este país es hoy un polvorín que vivió su estallido más grave el pasado 20 de octubre, cuando una manifestación de protesta contra el incumplimiento del periodo de transición acabó con la violenta muerte de unas 50 personas, 200 según la oposición, y unos 2.000 detenidos. El general Mahamat Idriss Déby y su entorno han maniobrado para mantenerse a los mandos del país, pero la emergencia de una nueva generación de opositores plantea serias amenazas al relevo dinástico en el poder.
Todo comenzó el 17 de abril de 2021. Ese día, el todopoderoso presidente de Chad que había gobernado el país con puño de hierro durante dos décadas, el mariscal Idriss Déby, resultaba gravemente herido mientras se enfrentaba a un grupo rebelde que había lanzado una ofensiva desde la vecina Libia. Su muerte fue anunciada tres días más tarde, tiempo más que suficiente para que su hijo, el general Mahamat Idriss Déby, se garantizara el control del país como jefe de Estado interino tras dinamitar el procedimiento establecido en la Constitución. Fue un golpe de Estado en toda regla, pero la comunidad internacional le dio su respaldo aludiendo a la necesidad de estabilidad en la región, de la que el poderoso ejército chadiano es garante: la asistencia del presidente francés Emmanuel Macron al funeral de Déby invitado por su hijo fue una prueba palmaria.
Pese a todo, partidos, sociedad civil y grupos rebeldes dieron una oportunidad a Mahamat Idriss Déby, quien anunció un periodo de transición de 18 meses y abrió un diálogo nacional para devolver el poder a los civiles, pero que, en la práctica, se convirtió en un proceso fallido debido a la ausencia de los principales líderes políticos y ciudadanos chadianos. “Los grupos más representativos e importantes, tanto del interior como de la diáspora, no asistieron al diálogo porque todo estaba controlado desde el poder. De 1.500 delegados, 1.200 eran del Movimiento Patriótico de Salvación (MPS), el partido de Déby, todo se organizó como una obra de teatro para legitimar una transición a mano armada para dinastizar el poder”, asegura Abdelkerim Yacoub Koundougoumi, activista chadiano en la diáspora.
Así las cosas y tras numerosos retrasos, el pasado 1 de octubre, los delegados del citado diálogo inclusivo aprobaron sus conclusiones: dos años más para una transición que debía concluir este mes y puerta abierta a que el propio general Déby, que conseguía mantenerse como presidente interino, se presente a las elecciones de 2024, contradiciendo las recomendaciones de la Unión Africana y sembrando la inquietud en todos los socios internacionales de Chad. El escenario de violencia y contestación ciudadana comenzaba a perfilarse.
El jueves 20 de octubre se cumplían los 18 meses de la transición inicialmente prevista. Partidos y colectivos de la sociedad civil habían convocado una manifestación que fue prohibida por las autoridades. Las fuerzas del orden se emplearon con extrema dureza y dispararon con munición real, tanto en Yamena, la capital, como en ciudades del sur del país como Moundou, Doba y Koumra. Esa misma tarde, el histórico opositor y nuevo primer ministro, Saleh Kedzabo, anunciaba medio centenar de muertos, entre ellos una decena de agentes, así como unos 300 heridos. Desde la sociedad civil aseguran que la cifra final de fallecidos está en torno a 200 pues en días posteriores fallecieron muchos de esos heridos y aparecieron decenas de cadáveres flotando en el río.
“Algunos líderes políticos y de la sociedad civil que no participaron del diálogo nacional desafiaron la prohibición de manifestarse y las fuerzas del orden abusaron de su posición. Se dio una situación deplorable, hubo bajas por ambos lados”, manifestó por teléfono desde Yamena Makaila Nguebla, asesor de Derechos Humanos del Gobierno, “es necesario desactivar los discursos de odio y llamar a la calma”. El primer ministro Kedzabo fue mucho más allá y aseguró tras los graves incidentes que 1.500 jóvenes habían recibido formación en guerrilla urbana y que algunos de ellos tenían armas de fuego. Por su parte, el presidente Déby habla de “insurrección minuciosamente preparada para sembrar el caos en el país” con el apoyo de “grupos terroristas” y cita, sin nombrarlas, “el apoyo de potencias extranjeras”.
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El pasado lunes, la Organización Mundial contra la Tortura acusó al Gobierno chadiano de graves violaciones de los Derechos Humanos, entre ellas torturas y ejecuciones sumarias llevadas a cabo contra “manifestantes pacíficos” y elevó la cifra de muertos a al menos 80 y los detenidos a 2.000. La Unión Africana y la Unión Europea condenaron con firmeza la represión e incluso Francia, para quien Chad es un aliado clave en la región, expresó su rechazo al uso de “armas letales” contra los manifestantes. Entre los principales organizadores de la protesta se encontraban la plataforma Wakit-Tama, integrada tanto por fuerzas políticas como colectivos de la sociedad civil, y el partido de Los Transformadores del líder emergente Succès Masra.
“Ha habido 2.000 detenidos”, añade Koundougoumi, “lo sucedido el 20 de octubre es un mensaje muy fuerte que el general Déby está enviando a todo el mundo: no está dispuesto a ceder ni un milímetro y quiere eternizarse en el poder como hizo su padre. Ya no bastan las clásicas condenas, la comunidad internacional debe reaccionar con contundencia y Francia suspender su colaboración militar con este régimen”. Con la oposición interna encajando el duro golpe, la diáspora de nuevo movilizada y los grupos armados preparándose para reactivar la rebelión, la Comunidad Económica de Estados de África Central (CEEAC) ha designado al presidente de la República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi, como mediador.
Durante la reunión celebrada el pasado 25 de octubre en Kinshasa, los países miembros de la CEEAC aprobaron un comunicado conjunto en el que condenaban “el recurso a la violencia con fines políticos”. Esta declaración, en la que no se hizo ninguna referencia a la sangrienta represión por parte del régimen chadiano, satisfizo a Mahamat Idriss Déby, presente en el encuentro, y supuso una enorme decepción para la oposición y la diáspora.
Por su parte, el arzobispo de Yamena, Djitangar Goetbe Edmond, recibido por Déby el pasado miércoles, aseguró a France Press sentirse “impactado” por las imágenes de la represión. “¿Por qué tanto ensañamiento con una manifestación pacífica y tanta violencia mortal sobre los manifestantes?. La imagen de Chad se ha visto empañada por la barbarie de esta represión”, manifestó. El arzobispo pidió el fin de esta “cacería humana de la que son víctimas los opositores” y reclamó un verdadero diálogo con partidos y sociedad civil.
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