Lejos de Guatemala, de donde tuvo que salir debido a amenazas, la activista de derechos humanos Helen Mack ve cómo su país se desliza en un despeñadero de corrupción e impunidad. Mack (Retalhuleu, Guatemala, 70 años) es una valiente activista de derechos humanos, que logró reconocimiento mundial por su lucha por lograr justicia por el asesinato en 1990 de su hermana, la antropóloga Myrna Mack, por parte de un escuadrón de la muerte de las Fuerzas Armadas guatemaltecas. Hellen Mack pudo probar por primera vez en la historia sangrienta de su país, que el Ejército estuvo involucrado en terribles vejaciones contra civiles, críticos del régimen militar, sindicalistas, estudiantes e indígenas durante el terrible conflicto interno que sufrió en los años ochenta. Su lucha sentó un precedente y desde entonces jueces y fiscales comprometidos contra la impunidad han llevado al banquillo a exintegrantes del Ejército, incluyendo al exdictador Efraín Ríos Montt, considerado uno de los militares más sanguinarios de América Latina, declarado culpable de genocidio y crímenes contra la humanidad y condenado a 80 años de prisión. Ríos Montt murió en la impunidad en 2018, a los 91 años.
Si aquel compromiso de la justicia guatemalteca para hacer frente a la violencia de su historia le generó gran entusiasmo a Mack, lo que ve ahora le provoca indignación. Bajo el Gobierno que lidera el presidente Alejandro Giammattei se ha iniciado una feroz cacería contra jueces y fiscales que han llevado casos de corrupción e impunidad, por lo que muchos de ellos han tenido que marchar al exilio. O se encarcela a las voces críticas, como ha ocurrido con el periodista José Rubén Zamora, el más respetado de Guatemala. La misma Mack ha tenido que dejar su país debido a su activismo y compromiso contra la corrupción, que la han hecho objetivo de una persecución: afirma que sobre ella pesan una docena de denuncias, incluida una que la relaciona con el crimen organizado, que tienen como finalidad callarla. Mack, sin embargo, no cesa en denunciar lo que pasa en su país. En esta entrevista, realizada durante una visita a Ciudad de México donde participó en el Dromofest, un festival de periodismo, la activista denuncia que detrás de la persecución de jueces y fiscales independientes está el Ejército y las poderosas élites económicas de su país con el beneplácito del Gobierno de Giammattei.
Pregunta. Usted se convirtió en un referente de la lucha contra la impunidad en Guatemala tras el asesinato de su hermana. ¿Cuánto ha avanzado su país para garantizar la justicia de las víctimas del conflicto interno?
Respuesta. El caso de Myrna fue la punta de lanza para demostrar que sí se podía hacer justicia. Y ha habido muchos casos paradigmáticos después, como el de monseñor Juan Gerardi. Se ha demostrado la participación de los militares en violaciones a los derechos humanos, casos de desaparición forzada, que tienen que ver con la Inteligencia del Ejército.
P. La prueba de la participación del Ejército en estos casos de violaciones de derechos humanos ha servido para depurar a las fuerzas militares en Guatemala?
R. No, no se logró. Hubiéramos querido una depuración, como por ejemplo la hubo en El Salvador, donde los Acuerdos de Paz fueron mucho más operativos. No se logró la depuración y se pedía también reformar el tema de algunos principios de la doctrina militar y de la policía, porque esta fue tutelada por el Ejército. En la época del conflicto armado había policías que en sus marchas decían: ‘Guerrillero visto, guerrillero muerto’. Eso te explica qué mentalidad tenían y que no cambió y por eso regresan ahora con una venganza contra la justicia.
Únete para seguir toda la actualidad y leer sin límites.
Suscríbete
P. ¿Está el Ejército detrás de esta persecución contra fiscales y jueces que han investigado los crímenes cometidos durante el conflicto interno de Guatemala?
R. Se puede evidenciar que las tácticas que se utilizan ahora son prácticas militares. Es verdad que siempre se ha utilizado la Inteligencia del Ejército contra quienes consideran enemigos y, obviamente, también hay actores no estatales que contribuyen a esta venganza. Yo diría, por ejemplo, el sector económico, que también financia este tipo de acciones.
P. ¿Qué influencia tiene el Ejército en la política de su país?
R. Creo que muchos militares han visto que les es más rentable la corrupción que tener una participación política, aunque les interesa la parte política en cuanto a su incidencia en los puestos de poder, pero sí creo que se ven más beneficiados con la corrupción. Sí hay un involucramiento de las Fuerzas Armadas en la corrupción de Guatemala, con esa élite depredadora, esa élite económica, política, militar, y que ahora se vuelve más compleja con el crimen organizado.
P. ¿Hay un vínculo del Ejército con el crimen organizado?
R. Hay rutas que usa el crimen organizado que están bajo control del Ejército y pasan por donde ellos están sin problemas, se hacen los locos. Ha habido videos que muestran a un determinado comandante o gente del Ejército del lado de los narcotraficantes.
P. ¿Y esa relación se da con el beneplácito del Gobierno que encabeza el presidente Alejandro Giammattei?
R. Yo creo que él está consciente y lo sabe. Que se haga caso omiso es otra cosa. Y por eso lanzan toda esta persecución contra los críticos. Empiezan a buscar culpables para ir haciendo una cortina de humo.
P. ¿Cuál es la finalidad de esa persecución?
R. Desde el primer momento en el Gobierno de Giammattei se descubrieron casos que lo vinculaban a él directamente en hechos de corrupción. Y entonces vio en la CICIG [Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, expulsada del país] y en los jueces y fiscales un enemigo. Hay una generación de jueces y fiscales que se creyó la autonomía, la independencia judicial y por eso, si era el presidente el que estaba involucrado en un caso de corrupción, tenían que actuar. Eso fue lo que no le gustó [a Giammattei].
P. En este contexto que describe, ¿cómo define la situación de derechos humanos ahora en Guatemala?
R. Muy grave. El Gobierno intenta decir que sí se respetan, pero usa la justicia para perseguir; es ahora una justicia donde tienen comprados a jueces y fiscales.
P. ¿Se encamina Guatemala a convertirse en un Estado fallido?
R. Desde hace muchos años hemos sido un Estado fallido, ahora nos estamos convirtiendo en un Estado paria. No hay institucionalidad y a quienes más favorece la no existencia de institucionalidad es al crimen organizado.
Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.