Hungría sigue teniendo graves carencias en la lucha contra la corrupción y tanto la Comisión como el Consejo de la UE deberían congelarle, al menos, los 7.500 millones de euros que el Ejecutivo europeo ya propuso bloquear en septiembre. Esta es la conclusión a la que han llegado los cuatro principales grupos en el Parlamento (Partido Popular Europeo, Socialistas y Demócratas, los liberales de Renew y Los Verdes). “No creemos que Hungría esté arreglando los problemas que tiene con el Estado de derecho”, ha señalado el portavoz del PPE en este asunto, el finlandés Petri Sarvamaa. “De las 17 medidas que propuso la Comisión, solo dos son adecuadas y solo tres se han puesto en marcha”, ha añadido la socialista española Eider Gardiazábal.
Después de años de choques entre la Comisión Europea y el Gobierno de Viktor Orbán, el pasado septiembre el Ejecutivo comunitario dio el paso de poner en marcha el mecanismo de condicionalidad que permite suspender la entrega de fondos a Estados en los que se detecta que el dinero del presupuesto comunitario está en riesgo. Propuso al Consejo de la UE (el pleno de los 27 Estados miembros) que le congelara a Budapest la entrega de 7.500 millones pertenecientes a los fondos de cohesión si antes de dos meses no implantaba 17 reformas para luchar contra la corrupción y corregir las carencias que tiene el Estado de derecho en este país por este motivo. Ese plazo vence el próximo sábado y es la fecha inicialmente prevista para que la Comisión presente el examen de lo realizado hasta ahora por el Ejecutivo húngaro. Este jueves, la agencia Bloomberg informaba de que probablemente Bruselas no tendría lista su evaluación para esa fecha.
Con la proximidad de estos plazos, los cuatro portavoces en asuntos presupuestarios de estos grupos, que representan a casi 496 diputados de un total de 705, han presentado este jueves su examen. La premisa de la que parten es que ya la Comisión pecó de falta de ambición al activar solo parcialmente el mecanismo de condicionalidad, algo que no se había hecho hasta el pasado septiembre: la petición de congelar 7.500 millones supone el 65% de los fondos asignados a Hungría en tres programas del fondo de cohesión, aquellos más vinculados a la contratación pública, en los que la Comisión detectó carencias más graves. “La Comisión eligió no hacer uso de todo el potencial del instrumento”, lamenta el comunicado.
Tampoco gustan las 17 medidas que Budapest y Bruselas pactaron durante el verano para resolver la situación: “Ninguna de ellas está dirigida a restaurar efectivamente la independencia de la justicia o la Fiscalía”. Añaden, en consecuencia, que estas medidas no son adecuadas, “incluso si los 17 remedios estuvieran implementados el 19 de noviembre”. Además, reclaman más tiempo para controlar su aplicación.
Aunque este análisis no ha sido votado por el pleno del Parlamento, augura un nuevo choque entre Budapest y la Eurocámara. Esta institución comunitaria es la que más se ha enfrentado al Ejecutivo de Orbán. El pasado septiembre aprobó una resolución con 433 votos a favor, 123 en contra y 28 abstenciones en la que se afirmaba que “Hungría no se puede considerar ya una democracia plena” y que se había convertido en un “régimen híbrido de autocracia electoral”.
Budapest atraviesa graves problemas fiscales y económicos. La inflación está por encima del 20% y el florín, la moneda húngara, se ha hundido en los mercados. “El enfrentamiento con la UE podría restringir el acceso de Hungría a una fuente vital de financiación de la inversión”, apunta Oxford Economics en un breve análisis divulgado este jueves. “Llegar a un acuerdo con la UE y acertar con la combinación de políticas macroeconómicas en los próximos meses será fundamental para las perspectivas de la economía a corto y medio plazo”, apunta.
Únete para seguir toda la actualidad y leer sin límites.
Suscríbete
Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.