Desde que la política proeuropea Maia Sandu asumió la presidencia de Moldavia a finales de 2020, el país ha visto crecer la presión de Rusia sobre el Gobierno. Con la tensión en torno al conflicto de Ucrania de fondo, la pequeña república exsoviética, de apenas 2,6 millones de habitantes, se considera víctima de una guerra híbrida que se traduce en la amenaza de misiles rusos que sobrevuelan su espacio aéreo, el pirateo de información privada de sus dirigentes y una crisis energética azuzada por Rusia.
El pasado 31 de octubre, los restos de un misil cayeron en la aldea de Naslavcea, en el norte, después de que un proyectil ruso fuera interceptado por las defensas aéreas de Ucrania, con la que tiene frontera. Solo se produjeron daños materiales, pero otros tres cohetes sobrevolaron el cielo moldavo el mes pasado, lo que ha movido a las autoridades a estudiar la adquisición de un sistema de defensa antiaérea. En ese contexto, el embajador de Moldavia en Bucarest, Victor Chirila, ha destacado este viernes en unas declaraciones al canal de televisión Pro TV: “La neutralidad no nos puede defender de los misiles. Existe el peligro de que Rusia bombardee las líneas de alta tensión que conectan a Ucrania con Moldavia”.
Los tres misiles de crucero disparados presuntamente por Rusia desde el mar Negro sobrevolaron la localidad de Cobasna de Transnistria, franja de territorio separatista de mayoría prorrusa pegado a la frontera ucrania, donde se ubica un depósito que supuestamente contiene 20.000 toneladas de armamento de la época soviética, lo que implica un alto riesgo de explosión. El peligro de que bombas de la guerra impacten en suelo moldavo se une a la crisis energética y la inflación, campañas de desinformación y protestas internas espoleadas por un partido político, el Sor, cuyo máximo dirigente está huido de la justicia moldava y sancionado por Estados Unidos por sus vínculos con Moscú.
Las cuentas de Telegram de la jefa del Estado, Maia Sandu, el viceprimer ministro Andrei Spinu y el ministro de Justicia, Sergiu Litvinenco, fueron pirateadas supuestamente por informáticos ligados al Kremlin. Se copiaron datos, incluidas conversaciones privadas en canales anónimos, y se filtraron a medios de comunicación afines a los partidos prorrusos. Además, desde las cuentas de Telegram de los dirigentes afectados se lanzaron mensajes en su nombre.
Uno de esos mensajes falsos que apareció en la cuenta de Sandu decía: “La corrupción ha echado raíces profundas en las instituciones del Estado y quienes tienen la misión de combatir este flagelo y promover la justicia compiten en abusos criminales”. Litvinenco ha denunciado que se busca “desestabilizar al país”. “Algunos, para escapar de la prisión; otros, bajo las órdenes de sus dueños extranjeros, pero todos juntos quieren desviar el rumbo proeuropeo de Moldavia”, ha incidido.
El Gobierno considera que estos pirateos son parte de una operación especial para denigrar a las instituciones y que detrás se hallan los servicios secretos rusos. Así, el director del Servicio de Información y Seguridad de Moldavia, Alexandra Musteata, ha alertado de que se trata de “una acción coordinada destinada a crear tensiones en la sociedad, que intenta erosionar la confianza de los ciudadanos en las instituciones estatales y que, paralelamente, llena el espacio informativo con mensajes que pretenden desestabilizar e imponer el pánico en la población”.
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Según su análisis, Moscú está empleando los instrumentos de una guerra híbrida, no convencional, en la que crea desinformación, presiona con el gas y alienta acciones subversivas “con actores de diferentes rangos, que representan los intereses de Rusia y que vienen con diversos llamamientos y acciones, con el objetivo de distorsionar la actividad actual de las instituciones gubernamentales”. Musteata habla de “un fenómeno de una intensidad insólita” en Moldavia ―que se declaró independiente de la URSS en agosto de 1991― y asegura que el Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso está actuando en territorio moldavo para minar al Gobierno y crear caos ante el invierno.
La información hackeada de las cuentas de dirigentes del país se publicó el mismo día en que el Gobierno instó al Tribunal Constitucional a analizar si la actividad del partido Sor es compatible con la ley fundamental. Sandu asegura que forma parte de un grupo que apoya la corrupción y la guerra y que es la nueva apuesta electoral de Moscú en Moldavia. Esta formación debe su nombre a Ilan Sor, quien se ha convertido en el hombre del Kremlin en este país incrustado entre Ucrania y Rumania.
En junio, mientras que la UE concedía a Moldavia el estatuto de candidato a la adhesión, comenzaron pequeñas protestas antigubernamentales, que se acrecentaron en octubre por el aumento de los precios de la alimentación y de la energía ―la inflación se situó el mes pasado en el 34,6%―. Ahora, Ilan Sor, de 35 años, huido de la justicia en Israel tras ser condenado por blanqueo de dinero y malversación de fondos, intenta sacar rédito de la grave situación económica del país, supuestamente con el respaldo del FSB ruso. Estados Unidos le ha sancionado por trabajar con “oligarcas corruptos y entidades con sede en Moscú para crear malestar político en Moldavia”.
A los persistentes ataques cibernéticos que el Gobierno vincula a Rusia y el intento de revuelta doméstica, se suma la presión por la crisis energética. El coste del gas ha subido un 600% en el último año y abastecer de energía al país diariamente es un desafío mayúsculo. Las familias están pagando un 70% de sus ingresos en las facturas de gas y electricidad, como señaló la presidenta en un discurso ante el Parlamento rumano.
Moldavia, que depende por completo del gas ruso, ha visto reducido ese suministro en un 50% en noviembre e intenta paliar la escasez con la compra del hidrocarburo a Rumania. Además, la electricidad apenas cubre las horas punta del país. La importación desde Ucrania, que solía cubrir el 30% del consumo, se ha cortado por los bombardeos rusos a las infraestructuras energéticas en su territorio. El otro 70% provenía de una central térmica de Transnistria, una pequeña región escindida donde hay tropas rusas, pero sus autoridades lo han reducido a menos de un 30% ante la falta de gas para producir la electricidad. Pese a que Rumania ha empezado a vender electricidad a precio inferior, las autoridades moldavas han pedido a las ciudades que apaguen el alumbrado público y a los hogares que limiten el consumo.
Bruselas anunció la semana pasada un nuevo paquete de apoyo financiero a Moldavia de 250 millones de euros. Sin embargo, Chisinau estima que necesitará 1.100 millones más para sobrevivir al invierno. Una empleada de banca de 36 años, Anna, que trata con empresas, resalta: “Si conseguimos sobrevivir estos meses, lograremos escapar del chantaje de las últimas tres décadas y dejar de depender de Rusia de una vez por todas”. “Nuestra dependencia del gas ruso constituye nuestra mayor vulnerabilidad; hasta que no la apartemos, seremos un país frágil sin posibilidad de adherirnos a la UE”, opina.
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