El Gobierno húngaro de Viktor Orbán, al que la UE amenaza con congelar la entrega de fondos por vulnerar el Estado de Derecho, especialmente en la lucha contra la corrupción, ha vetado la creación de un centro de fomento de los valores democráticos en el seno de la OTAN. La iniciativa se ha debatido en la 68ª sesión anual de la Asamblea Parlamentaria de la Alianza Atlántica, que fue clausurada este lunes en Madrid, con participación de 269 diputados de los parlamentos de los 30 países aliados.
En las conclusiones de la Comisión sobre Defensa y Seguridad de la Asamblea se incluyó un punto en el que se instaba a “concretar el compromiso con los valores democráticos comunes mediante la creación de un Centro para la Resiliencia Democrática en el seno de la OTAN, que serviría como recurso para promover los valores democráticos y proteger las instituciones que dan fuerza a las democracias aliadas”. Se trataría, explican fuentes de la Alianza, de poner en marcha un centro de excelencia como los que ya tiene la OTAN sobre ciberdefensa o desinformación.
Fue el hasta ahora presidente de la Asamblea, el congresista estadounidense Gerarld E. Connelly quien, en la inauguración del plenario, sacó a la luz el debate al subrayar que, “por primera vez, el Concepto Estratégico [de la OTAN, aprobado en junio pasado en Madrid] identifica el autoritarismo como un reto para nuestro modo de vida democrático. No es solo Rusia, [es] también China o el autoritarismo en general, tanto dentro como fuera” de los países aliados, agregó. Por sí había dudas de a qué se refería, Connelly recordó que estaba en el interior del Capitolio cuando, el 6 de enero de 2021, “lo arrasó una turba violenta” que no aceptaba la derrota electoral de Donald Trump.
Según el congresista, fue a raíz de ese episodio cuando planteó al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, la necesidad de dotarse de “una arquitectura concreta dedicada a promover la democracia”, pues la Alianza cuenta con cientos de departamentos especializados, “pero ni un armario escobero para fortalecer las instituciones democráticas”.
“Hoy, 29 de los 30 [países] aliados apoyan nuestra propuesta para el Centro para la Resiliencia Democrática y necesitamos ese voto que nos falta y ustedes saben de quién estoy hablando”, concluyó.
Aunque no la citó, aludía a Hungría, que rechazó la iniciativa con el argumento de que la OTAN “no debe imponer un modelo de democracia” a sus miembros, según fuentes conocedoras del debate. Orbán califica su modelo de gobierno de “democracia liberal”, pero el Parlamento europeo lo ha definido como un “régimen híbrido de autocracia electoral”. La OTAN toma sus decisiones por consenso, por lo que el veto de Hungria impide crear el centro prodemocracia.
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No es ese el único motivo de roce de Budapest con sus aliados: además de oponerse a las sanciones occidentales a Putin, Hungría es el único país, con Turquía, que aún no ha ratificado el ingreso de Suecia y Finlandia en la OTAN, aunque el Gobierno húngaro se ha comprometido a hacerlo en diciembre. Menos garantías hay con el turco Erdogan, que sigue exigiendo a los dos países nórdicos que actúen contra los refugiados kurdos en su territorio. Por eso, Stoltenberg no se atrevió ayer a comprometerse a que los líderes sueco y finlandés acudan ya como aliados de pleno derecho a la cumbre de Vilnius (Lituania), en julio de 2023, aunque aseguró que ambos países han recibido garantías de seguridad de varios aliados hasta que estén protegidos por el paraguas de la OTAN.
El gran protagonista de la reunión de la Asamblea Parlamentaria fue el presidente ucranio, Volodímir Zelenski, quien intervino ante el plenario por videoconferencia. Tal como él reclamó a los diputados de la Alianza Atlántica, uno de los documentos aprobados en Madrid insta a los gobiernos y parlamentos de los países de la OTAN “a declarar sin la menor ambigüedad que el actual régimen ruso es un régimen terrorista”; una declaración que equivale a la ruptura de relaciones diplomáticas. Además, la Asamblea pide que se denuncie formalmente el Acta Fundacional OTAN-Rusia de 1997, que alumbró una fugaz etapa de cooperación entre ambas partes.
También en línea con las demandas de Kiev, otra de las resoluciones aprobadas ayer aboga por crear “un tribunal internacional encargado de perseguir el crimen de agresión cometido por Rusia contra Ucrania” e imponer a Moscú la obligación de indemnizar por todos los daños causados.
La creación de un tribunal especial incomoda a países que, como España, son partidarios de fortalecer la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya (Holanda). Este objetivo, sin embargo, tropieza con el hecho de que ni Rusia ni Ucrania son parte de la Corte y Moscú puede obstaculizar su funcionamiento como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. El Gobierno de Kiev, alegan las fuentes consultadas, tampoco quiere arriesgarse a verse sentado en el banquillo por los crímenes de guerra que hubieran podido cometer sus tropas. Por eso, la resolución de la Asamblea de la OTAN limita el ámbito de actuación de ese hipotético tribunal internacional a los crímenes de los invasores rusos.
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