Natalia Organista ha acabado de dar su última clase en la universidad a las cuatro de la tarde. Ha pasado por casa para descansar un rato antes de acudir a la manifestación de las siete en Varsovia convocada por la organización feminista Strajk Kobiet a través de las redes sociales. El lugar de la protesta es el mismo que el del día anterior: frente a la casa de Jaroslaw Kaczynski, viceprimer ministro del Gobierno polaco. El motivo: volver a protestar contra de la decisión del Tribunal Constitucional de restringir al máximo el aborto en un país con una de las leyes de interrupción del embarazo más restrictivas de Europa. Desde este jueves, la justicia polaca, controlada en parte por jueces afines al Ejecutivo, considera inconstitucional el aborto en el supuesto de que el feto sufra una malformación o enfermedad irreversible. El fallo desencadenó una multitud de protestas en las principales ciudades del país. Miles de ciudadanos salieron este viernes por segundo día consecutivo a manifestarse en contra del veto al aborto.
En la capital, la policía detuvo el jueves a 15 manifestantes y utilizó gas pimienta para dispersar a los que se agolpaban frente al edificio donde reside el viceprimer ministro, principal artífice de la deriva ultraconservadora que vive la sexta economía de la UE desde que la formación de extrema derecha Ley y Justicia (PiS), que él mismo dirige, se hiciera hace cinco años con el poder. Esta sentencia contra el aborto es el último capítulo de una campaña del PiS contra los derechos de las mujeres a la que se suma la enorme influencia de la Iglesia católica en el país. “La situación es cada vez peor, nos están quitando libertades, tenemos que actuar”, cuenta por teléfono Organista, de 35 años, con ganas de convertirse en madre algún día. “Pero sin que nadie decida por mí”. La sentencia del Constitucional divide todavía más a una sociedad completamente polarizada entre los que están a favor y en contra del Gobierno; los que quieren una Polonia más tradicional y alejada de los valores europeos y los que rechazan esta idea rotundamente.
El partido en el Gobierno, que defiende las tradiciones y valores cristianos en la vida pública, siempre ha tenido como objetivo la ilegalización del aborto, así como el control de los métodos anticonceptivos. Una de las primeras medidas cuando el PiS llegó al poder fue restringir el acceso a la píldora del día después, que hasta entonces se podía comprar fácilmente en la farmacia. El Ejecutivo aprobó una norma para que fuera necesaria una prescripción médica que validara la utilización de este método.
En 2016, el PiS ya presentó una ley en el Parlamento que establecía la prohibición del aborto y la imposición de penas de cárcel a quienes lo practicaran. Pero entonces miles de mujeres a favor de la libre elección salieron a las calles y el Gobierno de Kaczynski se vio forzado a dar marcha atrás. “Ahora por culpa de la pandemia es más difícil repetir aquella revolución”, sostiene por teléfono desde Varsovia Agnieszka Graff, una de las escritoras feministas más reconocidas de Polonia. Esta académica es una de las analistas consultadas que reconocen que el fallo del Constitucional no ha sorprendido mucho. “Era de esperar. Lo han intentado en varias ocasiones. El Episcopado ha presionado mucho al Gobierno. Y el propio Kaczynski se encuentra acorralado porque ve cómo un sector creciente de su partido se está radicalizando todavía más”. Graff se refiere a la figura emergente del ministro de Justicia Zbigniew Ziobro, socio de la coalición que mantiene al PiS en el Gobierno, firme defensor de la familia tradicional cristiana y contrario a los derechos de la comunidad LGTBI.
Ziobro, que según los analistas aspira a suceder a Kaczynski al frente del partido cuando este se retire, ha radicalizado todavía más la controvertida posición del Gobierno polaco en relación con los derechos de las mujeres, envalentonado también por la creciente presión de la Iglesia polaca por impartir doctrina a través de la política.
Fuera del Convenio de Estambul contra la violencia de género
El pasado julio, el ministro de Justicia anunció que Polonia iniciaba los trámites para retirarse de la Convención de Estambul contra la violencia de género, un tratado del Consejo de Europa que fue ratificado por el país en 2015 (con el anterior Ejecutivo de derecha moderada Plataforma Cívica). Un año antes de la adhesión de Polonia a este pacto, Ziobro dijo que no se necesitaba un convenio para saber que no se debe pegar a una mujer, porque ya lo dice “el evangelio”.
Lo que ahora sostiene este político ultraconservador es que el Convenio de Estambul promueve la ideología de género porque deja abierta la definición de la mujer más allá de su sexo biológico, y eso va en contra de sus principios morales. Cuando dio a conocer la salida del pacto, Ziobro recalcó que la legislación polaca es “ejemplar” en la protección de la mujer y que en cambio este acuerdo estaba escrito en un lenguaje ambiguo y repleto de “cuestiones ideológicas”.
La organización jurídica ultraconservadora Ordo Iuris, conocida en Polonia por pleitear contra los activistas por los derechos LGTBI, emprendió este verano una campaña de recogida de firmas a favor del abandono del Convenio de Estambul bajo el lema “Sí a la familia, no al género”. “Esta organización tiene mucha influencia en el Gobierno, sobre todo en el ala más radical. Son fanáticos religiosos”, asegura Graff. Versión que no comparte Rafal Dorosinski, consejero legal de Ordo Iuris. “A nosotros nos preocupan las mujeres, y deben ser protegidas. Pero no bajo las premisas ideológicas del acuerdo de Estambul que no tienen nada que ver con combatir la violencia”, defiende al teléfono. “Hay una agenda ideológica que los países occidentales y la UE nos quieren imponer sobre temas de familia, matrimonio y derechos humanos. No vamos a aceptarlo”, añade.
La indignación de parte de las ciudadanas polacas contra esta campaña de acoso a sus derechos se palpaba este viernes en las calles de Varsovia, Cracovia, Poznan… “He hablado con mis estudiantes y están enfadadas, se sienten humilladas, tristes ante lo que está sucediendo”, cuenta Elzbieta Korolczuk, profesora de movimientos sociales en la Universidad de Varsovia. “No nos queda otra [que protestar]. Aunque creo que esta batalla no la vamos a ganar esta vez en la calle, sino aferrándonos a la ley, y quizá acudiendo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos”. Por ahora, la gran mayoría de las mujeres que quiera abortar solo podrán ejercer su derecho si tienen dinero y amigos en el extranjero.
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