Human Rights Watch (HRW), una organización internacional con sede en Estados Unidos, ha acusado este martes a Israel de aplicar políticas de apartheid (segregación racial) y persecución a los palestinos tipificadas como crímenes contra la humanidad. En el informe de 213 páginas Se ha traspasado el umbral, la ONG concluye que la segregación y la violación de los derechos de la población de Cisjordania, Gaza y Jerusalén oriental, bajo ocupación desde 1967, implican un régimen de “dominación de un grupo racial o nacional sobre otro, opresión sistemática y actos inhumanos”.
“Negarles a millones de personas, por el solo hecho de ser palestinos y no judíos, sus derechos humanos sin que exista una justificación legítima de seguridad no es solamente una ocupación abusiva”, asegura Kenneth Roth, director de HRW, “sino una política que busca privilegiar a un pueblo sobre otro”. Su organización va a trasladar el informe a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional, con sede en La Haya, que el mes pasado abrió una investigación por crímenes de guerra y contra la humanidad, entre los que figura el delito de apartheid, cometidos en Palestina.
Campaña de Human Rights Watch en la que acusa a Israel de aplicar políticas de ‘apartheid’
Human Rights Watch destaca que en el territorio ocupado los palestinos están sometidos a “un draconiano régimen militar mientras los colonos de los asentamientos israelíes gozan de plenos derechos conforme a la legislación civil”. Este es el caso de la trabajadora humanitaria española Juana Ruiz Sánchez, detenida sin cargos desde el pasado día 13 y sometida a la jurisdicción castrense como residente en Cisjordania por su matrimonio con un palestino. De acuerdo con la ley marcial israelí, la cooperante puede permanecer bajo arresto para ser interrogada hasta 75 días sin necesidad de que se presente una acusación formal en su contra.
Más información
Las estrictas restricciones a la libertad de movimientos –por la imposición de permisos exigibles en decenas de puestos de control–; la confiscación de tierras y la demolición de viviendas y edificaciones –que conllevan un desplazamiento forzoso de población–; y la acelerada expansión de los asentamientos y de las infraestructuras segregadas –como carreteras y suministro de agua– para los colonos constituyen, según HRW, actos inhumanos contra los palestinos incluidos en el tipo delictivo de la segregación racial.
La ONG estadounidense presentó el pasado verano las conclusiones de su informe al Gobierno israelí, sin recibir contestación. Tras su publicación, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha respondido en un comunicado que las actividades sobre Israel de HRW “están dirigidas por un partidario del BDS (campaña de Boicot, Desinversión y Sanciones), sin conexión con la realidad sobre el terreno”. En noviembre de 2019, las autoridades israelíes deportaron al director de HRW para Israel y Palestina, el estadounidense Omar Shakir, tras negarle la renovación del permiso de residencia. Fue el primer observador internacional expulsado por Israel después de habérsele concedido visado.
El Ministerio de Asuntos Estratégicos, que coordina la diplomacia pública de imagen exterior del Estado judío, fue aún más tajante por boca del titular de la cartera, Michael Biton, citado por Reuters: “Este espurio informe no está relacionado con los derechos humanos, sino que forma parte de la permanente actitud de HRW de socavar el Estado nación del pueblo judío”. Precisamente, en la investigación de la ONG se incluye la ley (con rango constitucional) del Estado nación judío como ejemplo de discriminación para los palestinos con nacionalidad israelí, que representan un 20% de la población. Esta norma relega el uso del árabe como lengua cooficial.
Sanciones
Human Rights Watch reclama también por primera vez la imposición de sanciones internacionales –como la prohibición de viajar o la congelación de activos en el extranjero– a los responsables israelíes de la aplicación de las políticas de apartheid. También propone a la comunidad internacional que reconsidere las relaciones diplomáticas y comerciales con Israel bajo el prisma de “los derechos humanos y la rendición de cuentas”, que investigue de forma oficial los hechos denunciados en el informe y que condicione las ventas de armamento a la supresión de las políticas de segregación.
El pasado enero, la ONG israelí defensora de los derechos humanos B’Tselem, con más de tres décadas de experiencia de supervisión sobre la ocupación de los territorios palestinos, ya sentó un primer precedente. Dio un vuelco en el campo de la disidencia interna al declarar que el Estado judío ya no debe ser considerado una democracia plena después de haber promovido un “régimen de apartheid de facto” que se perpetúa para millones de palestinos desde hace más de medio siglo.