El líder universitario Max Jerez fue apresado en Nicaragua el 5 de julio, dentro de las detenciones de voces críticas que desde mayo realiza el régimen de Daniel Ortega. Desde entonces comenzó una pesadilla para su familia, principalmente para su madre, Heidy Meza, de 66 años y gravemente enferma a causa de una neumonía. La familia del estudiante exigía al Gobierno que permitiera a Jerez ver a su madre, ya que era inminente su fallecimiento. Las autoridades negaron el permiso y Meza falleció el viernes, sin que su hijo pudiera despedirse. La decisión del régimen de Nicaragua ha levantado críticas de parte de organizaciones de derechos humanos, que alertan sobre las condiciones en las que están detenidos los llamados presos políticos. Un nuevo informe de Human Rights Wath hecho público este lunes denuncia que los críticos apresados en Nicaragua “son sometidos a terribles condiciones de detención” que incluyen alimentación insuficiente y tiempo muy limitado de ejercicio al aire libre, interrogatorios diarios sin presencia de un abogado y aislamiento prolongado, que, según la organización, “constituye tortura y está prohibido por el derecho internacional”.
Crisis política en Nicaragua
“La velocidad con la cual el Gobierno de Ortega ha llevado a cabo esta ola de detenciones antes de las elecciones presidenciales de noviembre, sometiendo a sus críticos a condiciones horrorosas de detención, y acusándolos de delitos sin ninguna base ni debido proceso, revela que Ortega no tiene la más mínima intención de perder los próximos comicios”, ha afirmado José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
La organización con sede en Washington ha documentado a través de entrevistas con familiares, personas relacionados con los casos y análisis de documentos oficiales las “condiciones abusivas” en las que se encuentran los detenidos por el régimen, 36 personas capturadas desde mayo y acusadas, entre otros delitos, de “traición a la patria” y lavado de dinero. Entre los detenidos están aspirantes a la presidencia, periodistas, feministas, activistas de derechos humanos, estudiantes y héroes de la revolución sandinista, antiguos compañeros de Ortega, como la historiadora Dora María Téllez. “El gobierno ha acusado a muchos de ellos de cometer delitos graves sin aportar pruebas que fundamenten los cargos, lo cual deja en evidencia que se trata de persecuciones por motivos políticos en represalia por su oposición al Gobierno”, afirman desde HRW.
Se tratan, según el organismo, de “detenciones arbitrarias para facilitar la reelección de Ortega”. Nicaragua celebrará elecciones en noviembre, en un proceso que ha sido criticado a nivel internacional por no contar con garantías. El presidente controla el tribunal electoral e hizo que la Asamblea Nacional, bajo sus órdenes, aprobará una reforma electoral a su medida y otras leyes que le permiten sacar del juego político a los opositores. Entre los detenidos están siete aspirantes a la presidencia, incluyendo a Cristiana Chamorro, la persona con más probabilidades de vencer a Ortega según las encuestas. Chamorro es hija de la ex presidenta Violeta Barrios, quien venció al sandinista en las elecciones de 1990. La mayoría de los detenidos (32) han sido trasladados a la celdas de “El Chipote”, en Managua, denunciado como centro de torturas por organizaciones de derechos humanos.
“La mayoría de los críticos han sido procesados por “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” en procesos que no cuentan con las garantías más básicas del debido proceso”, denuncia HRW. Se trata, alerta el organismo, de cargos falsos, creados para apartar acallar a las voces críticas. Según el informe, muchos han estado incomunicados durante meses, no se les ha permitido visitas familiares o acceso a sus abogados, a pesar de numerosos recursos presentados ante los tribunales. “Las autoridades impidieron a los abogados estar presentes durante las audiencias públicas, asignándoles defensores públicos en su lugar. Durante meses, la mayoría de los abogados no tuvieron acceso a documentos judiciales, a pesar de solicitarlos en reiteradas oportunidades”, advierte HRW.
El organismo también denuncia que a pesar de que algunos detenidos tienen enfermedades crónicas o necesitan medicamentos de manera regular, “los jueces no han respondido a recursos presentados por sus abogados para que los examine un médico”. “En ciertas ocasiones —continúa el informe —, guardias carcelarios recibieron o pidieron medicamentos a familiares, pero en algunos casos, las autoridades no permitieron que los familiares entregaran insumos médicos”. Estas 36 personas detenidas en mayo se unen a otras 104 apresadas por ser percibidas como críticas por el régimen, “muchas de ellas llevan más de un año detenidas y enfrentan condiciones abusivas de detención”.
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