El invierno se está instalando en Hungría con aires desapacibles. Con una inflación del 21,1%, el Gobierno ultraconservador de Viktor Orbán llega tocado a este miércoles, cuando se espera que la Comisión Europea anuncie formalmente su postura sobre el destino de 13.300 millones de euros de fondos europeos para Budapest. Las perspectivas son tan turbias como el cielo encapotado de la capital estos días. Así lo reconoció este martes el Ejecutivo húngaro. Bruselas exigió 17 medidas anticorrupción y en los últimos días ha dado señales de escepticismo sobre su cumplimiento. Retirar los fondos europeos es el castigo económico más duro posible a un Estado miembro por vulnerar las reglas del Estado de derecho y la UE lo ensaya con Hungría por primera vez. La sociedad civil también ve insuficientes las iniciativas puestas en marcha en los últimos meses, mientras las voces conservadoras consideran que el país recibe un trato injusto.
Orbán lleva más de una década desafiando a Bruselas con asuntos esenciales para la UE, como los derechos de los migrantes y del colectivo LGTBI, la libertad de expresión y de asociación. Al final, ha sido la amenaza de cortar la financiación europea, por el riesgo que la corrupción y el clientelismo suponen para los fondos de la Unión, lo que ha puesto contra las cuerdas al Gobierno de Fidesz. En su comunicación al Consejo Europeo, la Comisión señala que “las vulneraciones de los principios del Estado de derecho detectadas son sistemáticas y muy extendidas”. Además, ve “incapacidad, fracaso o falta de voluntad sistemática” en las autoridades húngaras para abordar la corrupción.
“Declarar que es un problema sistemático es cuestionar la legitimidad del Gobierno húngaro”, asegura Zoltán Kóvacs, portavoz internacional del Ejecutivo de Orbán. En su despacho repleto de plantas junto al emblemático edificio del Parlamento, que este otoño ha tenido una intensa actividad legislativa, insiste: “Hay 17 medidas que se identificaron como problemas en los que hemos acordado trabajar para cambiar, enmendar y satisfacer a la Comisión. Cualquier afirmación más allá de eso es una opinión política”.
Corrupción institucionalizada
Organizaciones de la sociedad civil como Transparencia Internacional (TI) caracterizan la corrupción como parte esencial del régimen de Orbán. “Funciona como un canal de redistribución mediante el cual el Gobierno redistribuye recursos a sus amigotes y empresarios leales para establecer una nueva élite, a través de la contratación pública y socavando el Estado de derecho”, resume József Péter Martin, director de TI en Hungría mientras toma un café en Buda, en la orilla occidental del Danubio. E incide en que “en un Estado cautivo”, como describe al húngaro, “la corrupción no es un fallo, sino una característica del sistema”.
La Comisión estrena con Hungría el mecanismo de condicionalidad. En septiembre planteó congelarle el 65% de tres programas de los fondos de cohesión, 7.500 millones de euros. Para desbloquearlos, Budapest se comprometió a ejecutar un amplio paquete de medidas anticorrupción. Este martes, Tibor Navracsics, el ministro encargado de las negociaciones, reconoció que es muy probable que la Comisión recomiende al Consejo suspender los fondos, pero aseguró que Budapest cumplirá y los conseguirá el año que viene. “Soy una persona optimista”, respondió sobre si podría haber un acuerdo de última hora, según Reuters.
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En paralelo, están en juego 5.800 millones de euros del fondo de recuperación por la pandemia para Hungría, el único que queda pendiente. Si no consigue luz verde antes de fin de año, el país pierde el 70%, pero en este caso Navracsics espera mejores noticias y confía en que el asunto llegue al Ecofin el 12 de diciembre. Según las informaciones que han emergido en los últimos días, Bruselas exige reformas adicionales para mejorar la independencia judicial y el control de los fondos y comprobará el cumplimiento de los acuerdos, escalonados en hitos, antes de cualquier desembolso.
Más de un tercio de las medidas anticorrupción emprendidas por Budapest tienen que ver con la contratación pública, en un país en el que alrededor del 50% de las licitaciones solo tienen un postor, cinco veces por encima de la media europea, y las empresas conectadas con miembros de Fidesz tienen hasta 130% más de posibilidades de ganarlas, según la Comisión. Otras iniciativas buscan que los casos de corrupción no se pierdan en una Fiscalía muy jerarquizada y politizada, y que sus decisiones se puedan recurrir (aunque los expertos creen que lo crucial es que Hungría se una a la Fiscalía europea).
Una de las iniciativas más comentadas es la creación de una Autoridad de Integridad, un organismo que supervisará a otras agencias gubernamentales y que la oposición política considera una farsa. Sus competencias son limitadas, pero podrá suspender licitaciones si ve irregularidades, por ejemplo. “Cada herramienta legal cuenta en la medida en que se utilicen sus poderes”, afirma un experto jurídico especializado en corrupción que prefiere mantener el anonimato y que ve oportunidades en este organismo. Con ella cooperará un grupo de trabajo en el que, después de amplios debates, participarán organizaciones de la sociedad civil como TI.
Hay consenso entre estas entidades y críticos al Gobierno en que el paquete puesto en marcha es insuficiente para resolver la corrupción, pero hay dos enfoques. El mayoritario, como explica Martin, es “el del Big Bang”, que sostiene que “la corrupción es tan sistémica y las violaciones del Estado de derecho tan profundas, que ninguna medida individual puede arreglarlas”. La otra corriente, en la que se incluye, cree que la presión exterior de la Comisión “a largo plazo, puede abrir oportunidades y puede dañar el sistema y a los perpetradores”, con la condición de que la UE no se fije solo en las reformas legislativas, sino que vigile la ejecución.
Complicidad europea
El director de TI celebra el cambio de actitud de Bruselas, a la que los críticos culpan de haber mirado a otro lado desde que Fidesz llegó al poder. En un despacho de la sede que resiste en Budapest de la Universidad Centroeuropea (CEU), expulsada por Orbán, Renata Uitz, profesora y codirectora del Democracy Institute, ironiza sobre lo “fascinante” que resulta que “en una década con múltiples intentos de la Comisión haya ocurrido tan poco para frenar a este Gobierno”. “Que Bruselas no haya empleado antes las herramientas a su alcance no solo ha empeorado la situación, sino que la hace cómplice”, añade con un toque de decepción.
En el lado conservador del espectro político miran con rabia hacia la Comisión. “No es justo. Pagamos lo que nos corresponde y tenemos derecho a este dinero”, dice István Kiss, director del think tank Danube Institute, cercano al Gobierno. En una sala de reuniones de una casa-palacio en la colina del castillo, Kiss argumenta que “no se trata de corrupción ni de Estado de derecho, sino de una cuestión ideológica”.
Las ONG y los intelectuales críticos esperan mano dura de la Comisión. Mihaly Fazekas, también profesor del CEU y director científico del Government Transparency Institute, sostiene que “hasta que no se aborden todas las preocupaciones, no debería haber desembolsos”.
El analista Rudolf Berkes, del think tank Political Capital, advierte, sin embargo, de las consecuencias de una suspensión total de los fondos europeos, que en la última década han supuesto entre el 3 y el 4% del PIB, empezando por una caída del forinto, la divisa húngara, que lleva tiempo a la baja. “No somos Grecia en 2010, pero los costes de endeudarse ya son muy altos con los tipos de interés actuales. La economía se ralentizaría y podríamos ver una recesión en el próximo par de años”, advierte. Con la inflación subyacente en octubre en el 22,3% y el déficit por cuenta corriente en niveles altos, Budapest necesita el dinero.
Tras el anuncio previsto para este miércoles, las decisiones sobre el castigo a Budapest recaerá en los gobiernos de la Unión. “La Comisión es lo suficientemente lista para no fiarse, pero los Estados miembros son aún más desconfiados”, recuerda Berkes, que señala que “el nivel de frustración” ha aumentado en los últimos meses. Hungría, el mayor aliado del Kremlin en la UE, ha sido un socio difícil en las negociaciones relacionadas con la invasión de Ucrania.
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