La sensación que se percibía en una de las nuevas salas del Museo Thyssen era una mezcla de alivio y satisfacción. La mañana del miércoles terminaban más de dos décadas de negociaciones entre Carmen Cervera y 10 ministros de Cultura de todos los colores políticos con la firma del contrato por el que la baronesa y su hijo Borja Thyssen recibirán 97,5 millones de euros durante los próximos 15 años por el alquiler de sus colecciones de arte. En concreto, son 330 obras de las que por ahora están ya expuestas 179; todas protegidas con una garantía del Estado de 1.700 millones de dólares (unos 1.400 millones de euros). La letra pequeña del contrato, que hasta ahora era un secreto a buen recaudo pese a tratarse de un acuerdo público, desvela detalles como que los dos propietarios podrán disponer, incluido el derecho de venta, de tres obras de la colección que a partir de ahora se conocerá con el nombre de Carmen Thyssen-Bornemisza. Solo queda excluido de este derecho el cuadro Mata Mua, la joya de la corona, asegurada en 250 millones de dólares.
Frente a la obra del impresionista Paul Gauguin, que regresó el pasado lunes 7 al museo tras pasar casi dos años en un búnker de Andorra, lugar de residencia de Cervera y su hijo, ambos se han entrelazado las manos con el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, que ha sido el responsable de cerrar y firmar un acuerdo alcanzado en enero de 2021, cuando ostentaba el cargo José Manuel Rodríguez Uribes. Tras unos minutos rubricando las 68 páginas del documento, han llegado las buenas palabras entre dos firmantes que llevan 22 años en más desacuerdo que sintonía. Cervera ha recordado el deseo de su marido, el barón Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza, del que heredó gran parte de su colección, de ver unidas dos colecciones en la pinacoteca que tardó, según sus propias palabras, “ocho años en conseguir libre de herederos”. La baronesa, muy emocionada durante su discurso, casi hasta las lágrimas que se ocultaron bajo su mascarilla inspirada en Mata Mua, ha cerrado su intervención con estas palabras: “A mi muy querido Heini le dedico esto, él quería ver esto unido”.
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La colección Carmen Thyssen-Bornemisza se despliega en la planta baja del museo entre las salas 41-48 ahora pintadas de blanco. Cada una de las obras, excepto tres que pertenecen a su hijo, están marcadas con su nombre en sus correspondientes cartelas. Hay otros ocho cuadros de Gauguin; obras de Braque, de Brueghel, de Delaunay, de Gris, Matisse, Monet, Picasso y Renoir, entre otros, según se especifica en un inventario recogido al final del contrato en el que al lado de cada pieza aparece el valor con el que ha quedado protegida. La colección, perfectamente señalizada y diferenciada de la del barón, hace un recorrido desde la pintura holandesa del siglo XVII hasta el arte del siglo XX. Todas estas piezas deberán ser expuestas en esta nueva zona de la pinacoteca y puede ser prestadas para exposiciones temporales siempre que no salgan simultáneamente más de 20. La Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, encargada de gestionar la colección a partir de ahora, recibe el derecho de explotación comercial y de reproducción de imágenes de todas estas piezas. Es decir, se queda con los beneficios de, por ejemplo, el merchandising que se vende en la tienda del museo.
Tal y como se conocía, la Fundación tiene “derecho de adquisición preferente con relación a cualquier oferta recibida que los arrendadores consideren satisfactoria, aunque podrá ceder al Estado español los derechos de primera oferta y el derecho de adquisición preferente”. Si los dueños recibieran una cifra por el total o una parte de sus colecciones, se descontará del precio final lo ya abonado en el tiempo, ya sean los 15 años del alquiler (los 97,5 millones) u otro periodo. A través de la Fundación, es decir, que irá a parar a las arcas del Estado a través de Cultura y Hacienda, se recaudarán cada año más de 1,3 millones de euros correspondientes al 21% de IVA del monto del alquiler, lo que en total, para el periodo de los 15 años, serán más de siete millones recaudados por este impuesto. Y el contrato se revalorizará anualmente según el IPC.
El resto del dinero, los más de 97 millones de euros del contrato, se depositará en las cuentas bancarias de dos sociedades de Andorra, Omicron Collections y Nautilus, representadas por Carmen Thyssen. Estas sociedades han cambiado de país, pues en un primer momento estaban en paraísos fiscales. Finalmente, se trasladaron a Andorra como condición para la firma del acuerdo. Su hijo Borja aparece como beneficiario, pero según el acuerdo “los arrendadores están representados de manera irrevocable por Omicron”, esto es, por la baronesa. En el caso de negociar la venta de la colección o de obras concretas que afectaran a la parte de la colección del hijo, podrá hacerlo de manera individual.
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Carmen Thyssen y su hijo han conseguido, además, que no se les computen como días en España los viajes que hagan por motivos relacionados con la colección. Según la ley, se considera que un ciudadano o contribuyente tiene su residencia habitual en territorio español si permanece más de 183 días durante el año natural. Esta es una demanda histórica de la baronesa, que también se ha asegurado de amarrar la situación jurídica de las obras para que no pierdan su estatus de bien legalmente importado: cada diez años debe renovarse el certificado.
A partir del acuerdo entre la baronesa y el Ministerio de Cultura se añaden modificaciones a dos leyes: la de Patrimonio de 1985 y la de Contratos del Sector Público, según se podía leer en el BOE publicado en junio de 2021, donde ya se avanzaron algunos detalles del contrato. Ángel Acebes y José María Michavila, abogados de Carmen Thyssen y exministros del PP, se aseguraron de que se eliminara el plazo de cinco años de duración de los contratos. En este caso, la baronesa y Cultura ya habían pactado de antemano que fueran 15. El valor económico de las obras protegidas se actualizará anualmente por Cultura. Una comisión mixta se encargará de resolver posibles “controversias sobre los efectos y extinción del contrato, procurando que las eventuales discrepancias se ventilen sin necesidad de acudir a la vía judicial”. Es decir, se crea un organismo para evitar ir a los tribunales.
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