La covid lo ha parado todo, incluida la agenda internacional de Pedro Sánchez, el primer presidente español que habla inglés fluido y uno de los más viajeros. Pero poco a poco La Moncloa intenta volver a la normalidad y recuperar los viajes pendientes. Por eso el presidente llegó el miércoles por la noche a Argelia, una visita que siempre está entre las primeras de cualquier Gobierno español, después de Marruecos ―país que visitó Sánchez poco antes de que estallara la pandemia―, con dos asuntos clave en agenda: uno económico, con la vista puesta en renegociar a la baja el precio de los grandes contratos energéticos con el país africano ―la mitad del gas que importa España es argelino―. España tiene con el país africano contratos a muy largo plazo que ahora, con la caída del precio, hacen que pague el gas por encima del precio de mercado.
Naturgy ha anunciado, coincidiendo con la visita, que ha alcanzado un acuerdo con la argelina Sonatrach para revisar estos contratos. El texto se cerró en la madrugada, poco después de la llegada de la delegación de Sánchez con el presidente de Naturgy, Francisco Reynes, que viajaba en el avión oficial con otros empresarios. Los contratos se alargarán hasta 2030 pero a cambio se rebajarán precios, aunque las empresas no detallan cuánto. Sánchez también buscar abrir nuevas posibilidades de negocios ―viaja con varios empresarios y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y ha organizado una cumbre empresarial en Argel― y solucionar una cuestión delicada: el control de la inmigración irregular de este vecino estratégico.
La llegada de irregulares desde este país a España se ha multiplicado por cinco desde principios de año, y la situación podría empeorar por la crisis profunda que vive el país, paralizado desde marzo por la covid y con problemas por la fuerte caída del precio del gas, su principal activo. El Gobierno de Sánchez mantiene una estrecha colaboración con el de Abdelmadjid Tebounne, el nuevo presidente. Argelia siempre acepta la devolución de sus nacionales cuando llegan irregularmente a España, pero La Moncloa quiere lograr un refuerzo del control. Ya estuvo Fernando Grande Marlaska hace dos meses en Argel con este objetivo.
Sánchez explicó en el avión, en conversación informal con periodistas, que España pretende con el viaje ayudar a reforzar la imagen internacional del nuevo gobierno argelino, surgido después de años de turbulencias y la caída de Abdelaziz Bouteflika por presión popular después de 20 años en el poder, y sobre todo reforzar una relación estratégica que no ha provocado grandes problemas en los últimos años. Los ciudadanos argelinos presionan pacíficamente para acabar con el régimen militar que domina el país desde 2019, pero las protestas se han interrumpido por la covid. En Argel la mayoría de los ciudadanos llevan mascarilla y la ciudad sufre un toque de queda estricto por la noche para reducir los contagios. El país está cerrado casi por completo y el aeropuerto desierto.
Sánchez reanuda así su agenda internacional que ahora multiplicará para recuperar el tiempo perdido pero con la mirada puesta en España, donde la oposición e incluso un semialiado como Ciudadanos presiona pidiendo la dimisión de Pablo Iglesias dimita por la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de pedir al Tribunal Supremo que le investigue por el caso Dina. Sánchez llamó ayer a Iglesias y le trasladó su apoyo, según explicó a los periodistas en esa conversación informal.
El presidente asegura no estar preocupado por el asunto. De momento, el Gobierno espera que el caso no siga adelante. Tiene el antecedente de la sala de la Audiencia Nacional que tumbó las decisiones anteriores de García Castellón sobre Iglesias siguiendo el criterio de la fiscalía. Y confía en que el Supremo haga lo mismo. Iglesias está decidido a resistir porque, según fuentes de Unidas Podemos, considera un escándalo el auto de García Castellón. Y tiene el apoyo de Sánchez para hacerlo.
El caso no amenaza pues de momento con romper el Gobierno, aunque nadie sabe qué pasaría si el Supremo decidiera seguir adelante e imputar al vicepresidente segundo, algo que en el Ejecutivo ven como poco probable pero que agravaría mucho la situación.
Sánchez se mostró en esa conversación informal en el avión tranquilo con la situación y convencido de que en España la situación política se serenará en cuanto empiece a hablarse del asunto central de la política de los próximos años: el fondo de reconstrucción europeo. El presidente explica que gastar bien ese dinero y lograr con él modernizar España y reconstruir la economía es un reto enorme no solo del Ejecutivo, sino de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que son las que más necesitan los fondos y las que gastarán buena parte de ellos.
Sánchez cree que, pese a la tensión evidente con el PP, en España hay más unidad política de la que parece porque el Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos se pondrán de acuerdo para distribuir ese dinero que todos necesitan. El presidente cita el ejemplo de Ourense, confinada con la orden del Gobierno pese a que la Xunta de Galicia, del PP, votó en contra de esa normativa, para mostrar que hay mucho de sobreactuación política pero a la hora de la verdad hay acuerdo, y cree que lo habrá para el reparto de esos fondos europeos.
Sánchez trató de rebajar la importancia del enfrentamiento con Madrid, aunque dejó claro que las cifras no son buenas y que por tanto es presumible que el confinamiento parcial de la capital se tenga que mantener un tiempo, al contrario de lo que está pidiendo el Gobierno regional, del PP.
España tiene las peores cifras de la covid de toda Europa, pero Sánchez insiste en que no tiene sentido instalarse en el pesimismo porque la economía española ya ha demostrado varias veces su gran capacidad de recuperación y cree que esta vez será similar y con la ayuda del fondo europeo podrá salir adelante con fuerza.
Sánchez está concentrado en esa negociación de la letra pequeña del fondo, pero tampoco cree que haya condiciones que le obliguen a cambiar su línea política en cuestiones de fondo como las pensiones o la reforma laboral.
El presidente está ahora centrado en el despliegue del plan de recuperación, cuya presentación se vio opacada por la decisión de García Castellón sobre Iglesias, algo que en el Gobierno no consideran casual. El texto no ha sido discutido con la oposición, pero sí lo será con las comunidades autónomas, que tendrán además una conferencia de presidentes el 26 de octubre con inédita presencia de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea.
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