Más de seis millones de personas (exactamente, 6.047.405) dejarán de pagar la parte que abonan normalmente de los medicamentos que les receten, según el anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado de 2021. Se trata de los pensionistas con ingresos más bajos (con rentas inferiores a 5.635 euros anuales o a 11.200 euros en caso de no estar obligados a presentar declaración por el IRPF) y los perceptores de la prestación económica de la Seguridad Social por tener algún hijo a su cargo, según ha explicado este viernes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, al presentar las cuentas de su departamento.
El impacto de esta medida será de 257 millones. Con ello, millones de personas recuperarán la gratuidad de sus medicamentos que les fue retirada en 2012 como una de las medidas del Gobierno de entonces (PP) para ahorrar durante la anterior crisis. Hasta esa fecha ningún jubilado pagaba en las farmacias por los medicamentos recetados. Tampoco pagarán por ellos las personas menores de edad con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%
El presupuesto ha sufrido un importante impulso gracias a los fondos europeos, y el ministerio va a pasar de disponer de unos 330 millones a tener más de 3.400, ha dicho Illa. La actual pandemia se lleva directamente gran parte del aumento, y sirve de acicate para otras medidas. Así, se reservan 1.018 millones para adquirir vacunas para el coronavirus, siempre probadas y seguras, ha dicho el ministro. Y se destinan 20 millones a comprar “medicamentos críticos para el depósito estratégico”, que se refiere a los destinados al tratamiento de la covid.
En la misma línea están los 1.089 millones para el marco estratégico de Atención Primaria y Comunitaria. Illa ha explicado que este dinero no es para contratar sanitarios (por ejemplo, los técnicos de salud pública dedicados a las tareas de rastreo), ya que eso es competencia de las comunidades. Las deficiencias del sistema sanitario también están detrás de la dedicación de 20 millones para el desarrollo de un Centro de Salud Pública (que incluye al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias que dirige Fernando Simón).
Otra herramienta del sistema pendiente de desarrollar es solucionar los conflictos que aparecen entre Administraciones autonómicas cuando un residente en una comunidad debe recibir atención en otra. Esto sucede, sobre todo, en patologías poco frecuentes, para las que hay establecidos unos pocos centros de referencia en todo el país, ya que no tendría sentido montar una unidad especializada en cada comunidad, y podría necesitarse si una comunidad manda enfermos de coronavirus a otra. Para los fondos de cohesión correspondientes, que fueron liquidados en 2015, se destinan 67 millones.
Una de las carencias clásicas del sistema sanitario es la salud bucodental que ofrece. Para potenciar que las comunidades amplíen las prestaciones (todas tienen alguna, pero muchas son tan básicas como cubrir solo las extracciones) se dedicarán 48,5 millones.
Los fondos europeos van a permitir dar un importante impulso, al menos económico, a la partida de salud digital. También con la pandemia se ha hecho más evidente la necesidad de digitalizar al máximo el sistema, por ejemplo para evitar consultas presenciales, pero esta partida va mucho más allá. Va a pasar de contar con 15,2 millones a tener 295, “el 90% de ellos de fondos europeos”, ha dicho el secretario de Salud Digital, Alfredo González, que ha enumerado aspectos como impulsar la analítica de datos. El sistema nacional de salud es un gran banco de información inconexo en el que no hay registros de vacunas –las de la covid serán una buena oportunidad– y en el que estudios como el de seroprevalencia para determinar la estadística de infectados por el coronavirus son a la vez un logro y una excepción. También se busca facilitar la interoperabilidad, como concluir los desarrollos de la tarjeta sanitaria y las historias clínicas digitales, así como avanzar hacia una interconexión europea de las tarjetas, tener un sistema para tratar las imágenes clínicas, ayudar a la vigilancia epidemiológica (de nuevo con la sombra de la covid) y fomentar lo que se ha denominado un centro de salud virtual.
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