Ya suman 77 libertades en total de las 142 personas que habían sido privadas de su libertad por la desaparición de los 43 normalistas.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, confirmó que el juez primero de Distrito de Procesos Penales, Samuel Ventura Ramos, aplicó “la vieja práctica del sabadazo” para dictar la libertad inmediata y absoluta de 24 personas detenidas por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Estas resoluciones son una afrenta a las víctimas, padres de familia y a la justicia de nuestro país. Es una burla a la justicia, ya que estas resoluciones alientan el silencio, la complicidad y la impunidad para conocer la verdad y muestra la miseria, la podredumbre en que se encuentra el sistema de impartición de justicia en nuestro país, que huele a podrido”, dijo en conferencia de prensa.
Señaló que estas 24 libertades se suman a las 53 que ya habían sido otorgadas por el mismo juez, lo cual suman 77 libertades en total de las 142 personas que habían sido privadas de su libertad, pues habían sido identificadas por la presunción de diversos delitos. Por lo anterior, ya solo quedan 65 personas detenidas por este proceso.
“Ya es momento de hacer cambios profundos, para que garantizando los derechos humanos de las personas presuntas responsables de la comisión de delitos, también se dé cuenta del derecho de las víctimas, pero también del fin de la impunidad en este país”.
Aseguró que de mantenerse esta tendencia, “y como es evidente la intención política de hacerlo”, era muy probable que con motivo de los cinco años de este hecho, aún puedan otorgarse más libertades.
Alejandro Encinas aseveró que para dar su resolución, el juez Ventura habló de tortura, pero y no fincó ninguna responsabilidad a los torturadores como debe ser. “Utilizó criterios cuestionables, ya que solicitó practicar el Protocolo de Estambul en 10 días, lo cual era materialmente imposible, y negó una prórroga razonable para realizarla”.
“Esta resolución sienta un grave precedente otorgando beneficio a imputados sin que hubiera sentencia de tortura solo con la mera presunción, privilegiando, de nueva cuenta, el derecho de los presunto perpetradores sobre el derecho a la justicia que deben gozar las víctimas, sus familiares y la sociedad en general”.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, expresó que en este caso el juez interpreta con mucha laxitud la ley, pero no imparte justicia y causa graves daños a la búsqueda de la verdad. “Esto representa viejas inercias de corrupción, incapacidad y parcialidad del régimen anterior, dejando en la impunidad a quienes alteraron la investigación y a quienes cometieron los delitos, lo que nos lleva a realizar una revisión profunda del actual sistema de justicia”.
Y afirmó que en el perfil delictivo de las personas que obtuvieron su libertad se puede observar que ellos mismos asumen responsabilidades o señalan a otras personas liberadas en la comisión de los delitos.
No obstante, adelantó que la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Unidad Especializada para el Caso Ayotzinapa, presentará recursos y diligencias para responsabilizar a los funcionarios que incumplieron con sus responsabilidades en el desarrollo de la investigación. “En particular contra Jesús Murillo Karam, Tomás Zerón de Lucio y José Aarón Pérez Carro, quien era el titular de la unidad especial para el caso ayotzinapa en el momento de la mal llamada Verdad Histórica”.