Rara vez un país que elige gobernadores y alcaldes amerita que el mundo preste atención. Sin embargo, las elecciones regionales y locales en Venezuela, a realizarse este próximo domingo, parecieran ser una excepción. Todo esto ocurre en un momento en que la comunidad internacional da pasos decididos para que tanto el régimen de Maduro como la oposición retomen las negociaciones facilitadas por Noruega en Ciudad de México, conversaciones que en este momento están interrumpidas temporalmente por parte del chavismo. El objetivo central de ese proceso de negociación es tratar de construir un camino electoral e institucional que permita la restauración del orden constitucional y democrático en el país.
Es así como estos comicios son vistos por diversos actores internacionales, incluyendo la Unión Europea, que asiste con una amplia misión de observación; y las Naciones Unidas, que participa con una comisión de expertos. Ambos perciben su participación como un “test” para verificar que Maduro está en disposición real de permitir elecciones justas y libres, mientras se termine de negociar un cronograma definitivo para organizar elecciones presidenciales y legislativas legítimas. Los Estados Unidos, a través del Centro Carter, también está enviando otra comisión de expertos, para validar la situación real del sistema electoral venezolano.
Estas elecciones también marcan un punto de inflexión para la oposición venezolana en la terrible crisis política que enfrenta el país: vuelve al ruedo electoral después de varios años sin participar en ellas. Este retorno a la participación, lo hace después del cada vez más débil interinato de Juan Guaidó, que busca extender su mandato por un cuarto año en enero de 2022 –aún cuando a la Asamblea Nacional que él preside se le venció su periodo y haya sido reducida a una pequeña comisión delegada. Un interinato que hasta ahora ha fracasado en su capacidad para producir una transición democrática en el país y que ha dejado a una otrora poderosa coalición opositora profundamente dividida y con una comunidad internacional cuyo apoyo se ha ido extinguiendo desde casi sesenta países que lo reconocieron a menos de una decena. A pesar de ello, los Estados Unidos apunta a la renovación de ese reconocimiento y seguirá firme en el mantenimiento de las sanciones económicas y financieras a la empresa petrolera (PDVSA) y el Banco Central; mientras que los partidos políticos venezolanos, que antes apoyaban incondicionalmente la extensión del interinato (aglomerados en una coalición parlamentaria denominada G4), permanecen fraccionados ante la conveniencia o no de seguir otorgándole su apoyo aunque siguen aprobando mantener las fuertes restricciones internacionales sobre Venezuela.
Muchos temen, correctamente, que la presencia de la observación de la Unión Europea permita legitimar el régimen de Maduro aprovechando la debilidad de Guaidó; pero hasta ahora ninguno de los comicios organizados por el chavismo, tanto para renovar la presidencia en 2018 como la asamblea nacional en 2020, han cumplido con las condiciones necesarias para ser consideradas legitimas. Y por si fuera poco, desde hace unas semanas atrás, el régimen ha pasado a ser objeto de una investigación formal por parte de la Corte Penal Internacional de La Haya debido a su sistemática violación de derechos humanos. Todos estos eventos mantienen al chavismo aislado globalmente sin ningún reconocimiento relevante más allá de poderosos aliados como China, Cuba, Turquía y Rusia, que han aprovechado la crisis venezolana para reducir la influencia de Estados Unidos en América Latina. Una influencia que se ha vuelto a poner en duda con el avance del mismo modelo autoritario en Nicaragua y la vuelta al poder por las urnas del partido revolucionario de Evo Morales en Bolivia. Todo ello en el contexto de un ciclo electoral latinoamericano, que después de la pandemia, y como resultado de la mayor recesión en décadas que profundizó la inequidad social en toda la región, apunta a un fortalecimiento de la izquierda en Chile, Brasil y Colombia después de haber ganado elecciones presidenciales en México, Argentina y Perú.
Maduro ha aprovechado este nuevo contexto regional, un tanto más amigable a sus afinidades ideológicas -pero tampoco muy dispuesto a reconocerlo incondicionalmente-, para promover una apertura electoral limitada sin que haya todavía, por ejemplo, liberado a todos los presos políticos. Una apertura marcada por una renovación de las autoridades electorales que se dio a partir de unas negociaciones con diversos sectores de la oposición y de la sociedad civil venezolana. El nombramiento de los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral ha permitido la realización de diversas auditorias tanto del registro electoral como de los sistemas electrónicos de votación, que reputados directores del ente comicial, entre ellos, Roberto Picón, el mayor experto electoral de la coalición opositora, ha validado favorablemente.
Sin embargo, en el plano político y judicial, las barreras a la competencia electoral siguen siendo problemáticas: continúan las intervenciones administrativas de varios partidos políticos, se mantiene el uso de inhabilitaciones selectivas que también han sido extendidas a candidatos aliados de la revolución y el uso desmedido de medios y recursos públicos para la campaña oficialista. A esto hay que sumar que muchos líderes políticos, que hubiesen podido competir para diversas posiciones, permanecen en el exilio.
Dadas esas circunstancias, todo apunta a que el chavismo va a ganar los comicios en la mayoría de los estados y municipios del país. Una victoria cuyo dimensionamiento va a depender del abstencionismo y las fracturas internas de la oposición: divisiones muchas de ellas inducidas por el mismo gobierno a través de maniobras de diverso tenor. Los resultados también dependerán de la efectividad de la famosa operación clientelar “remate” que desplegará el chavismo. A pesar de estas severas restricciones, la oposición, aun con sus fracturas, puede sorprender en los Estados más grandes del país y también en algunas regiones andinas así como insulares. En el peor escenario, la oposición ganará alrededor de tres gobernaciones de los 24 estados y en el mejor de los casos puede obtener de seis a ocho de ellos. Si la participación supera el 50% del padrón, descontando la emigración de muchos electores al exterior (algo que diversas encuestas ven improbable), la oposición, en sus distintas variantes, podría ganar el voto nacional. Una señal que no sería deleznable.
Los resultados de estos comicios tendrán implicaciones políticas tanto nacionales como internacionales. Dependiendo del desempeño de la oposición, en el plano doméstico, se abrirá un debate sobre la necesidad de recomponer el liderazgo político y las características de la coalición y las reglas que rodean su proceso de toma de decisiones. La oposición no abandonará la unidad pero, probablemente, decida girar menos alrededor del interinato buscando mejorar su posicionamiento interno preparándose para una ruta electoral más larga. Eso generará diversos dilemas para los Estados Unidos; quien se mantendrá apoyando al interinato pero cada vez con menor capacidad de influencia política sobre lo que sucede en el país. Esto a su vez puede llevar a que esos mismos partidos promuevan cambios en la composición de la delegación de la plataforma unitaria en las negociaciones en Ciudad de México.
El régimen de Maduro aprovechará los resultados para tratar de mostrar que los comicios regionales y locales, más que una apertura electoral, fue una concesión democrática real, y obtener así un mayor reconocimiento externo. Pero hasta que no haya un acuerdo en firme en Ciudad de México, que satisfaga a la comunidad internacional, especialmente a los Estados Unidos, la idea de que Venezuela se encamina hacia su democratización y a su recuperación económica definitiva será más un espejismo que una realidad.
Michael Penfold es Investigador Global del Wilson Center en Washington y Profesor Titular del IESA en Caracas.
Source link