Las zonas francas en Uruguay se encuentran en un momento de incertidumbre, principalmente amenazadas por pactos internacionales que podrían afectar en cierta medida a un régimen que es muy beneficioso tanto para el país como para las empresas que se instalan en el mismo. Los expertos no vislumbran la amenaza real a corto plazo pero proponen que Uruguay se prepare para cuando el impacto al régimen esté en la puerta.
Por cada dólar exonerado, las zonas francas le generan al Uruguay un retorno seis veces superior. A su vez, las empresas que trabajan bajo este régimen generan más de 28 mil empleos. En 2019, estas empresas invirtieron casi u$s 500 millones en el país, lo que equivale al 5,6% de la inversión total de la economía.
El cruzado de las zonas francas
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Uruguay cuenta hoy con 11 zonas francas operativas en las que había 1024 empresas habilitadas para trabajar. La remuneración promedio mensual del personal dependiente fue de u$s 3318 en 2019, pero esta varía según la zona franca. La remuneración de una persona promedio ocupada por una empresa instalada en zona franca es casi el doble (78% superior) respecto del resto de los trabajadores en la economía.
Además, en 2019, las exportaciones de bienes y servicios desde zonas francas alcanzaron los u$s 5322 millones, un 31% del total de las exportaciones del país. Estos datos fueron presentados el pasado 28 de abril por el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) y la Cámara de Zonas Francas del Uruguay (Czfuy) en su informe Contribución económica y beneficios generados por el régimen de zonas francas en Uruguay.
La preocupación que ha estado en varios expertos y empresarios vinculados al sector tiene origen en que en octubre de 2021, 136 países llegaron a un acuerdo para crear un impuesto de sociedades del 15% a nivel mundial a partir de 2023, un hito que busca limitar la optimización fiscal de las grandes multinacionales y la rivalidad entre países por sus impuestos.
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Este pacto “redistribuirá a países de todo el mundo más de US$ 125.000 millones en beneficios de unas 100 de las multinacionales más grandes y rentables del mundo”, según anunció en su momento la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La medida se estructura en dos pilares. Uno de ellos es un tipo impositivo mínimo del “15%” para las empresas con más de 750 millones anuales (u$s 791 millones) de facturación.
El otro pilar busca que los ingresos abonados por las grandes empresas lleguen a los países donde obtienen sus ingresos y no donde tienen su sede social, limitando así las prácticas de optimización fiscal. Esta medida se aplicará a las multinacionales cuya facturación mundial supere los 20.000 millones (unos u$s 21.000 millones) y cuya rentabilidad sea superior al 10%. Se gravarán así el 25% de los beneficios en este apartado.
FACTORES A FAVOR
Los expertos consultados coincidieron en que las empresas instaladas hoy tienen un resguardo legal ante cualquier modificación existente en los regímenes de zonas francas. Pueden ampararse en el artículo 25 de la ley 15.921 de zonas francas donde se explica que “el Estado, bajo responsabilidad de daños y perjuicios, asegura al usuario, durante la vigencia de su contrato, las exoneraciones tributarias, beneficios y derechos que esta ley le acuerda”.
La directora de asesoramiento tributario de PwC Uruguay, Eliana Sartori, explicó al diario El Observador que los contratos vigentes “tienen una garantía de que no puede haber un cambio que le genere perjuicios al usuario” y que si hubiera alguna situación que lo llevara a una situación peor “el Estado debería indemnizarlo”. “Es decir que el Estado podría cobrar impuestos si se implementara un mínimo pero después debería devolvérselo porque, por el plazo de los contratos, el gobierno no puede cobrarle a los usuarios”, explicó.
Otro de los factores que hace que las zonas francas uruguayas no se vean impactadas en el corto plazo es que este impuesto mínimo del 15% aplica para compañías con más de 750 millones (unos u$s 791 millones) de facturación.
“La mayor parte de las empresas del mundo -y las que invierten en Uruguay- no tienen ingresos globales mayores, lo cual hace que las zonas francas no deban pasar a cobrarle impuestos a todo inversor. Podrían dar la opción de aplicar el impuesto a aquellas compañías que estuvieran dentro del alcance de las reglas globales antiabuso (Global Anti-Base Erosion Model Rules)”, sostuvo Sartori.
LA INCERTIDUMBRE ACTUAL
Leonardo Costa, abogado experto en temas financieros de prevención de lavado de dinero y riesgos bancarios, dijo a El Observador que si bien este impuesto global, de momento, aplica para un determinado tipo de empresas, “habría que ver si realmente después no se extiende a todas”, ya que “la resignación fiscal que hace Uruguay puede impactar en terceros países que puedan decir yo quiero 15%’”. “Está muy en pañales por lo que no es un temor inmediato pero de largo plazo puede llegar a tener impacto”, alertó.
Costa señaló que debido a la coyuntura mundial -que tiene como centro el conflicto entre Rusia y Ucrania- “hay que ver la velocidad que lleva” y que eso genera dudas en cuanto a si será posible que el impuesto mínimo global pueda comenzar a aplicarse en 2023 como está previsto.
Por otro lado, está el hecho de saber qué posición va a adoptar el gobierno uruguayo. “Habrá que ver de qué manera, por ejemplo, se puede compensar parte de ese impuesto con lo que se paga en seguridad social, entre otras cosas”, dijo el experto.
Uruguay ya se comprometió a adoptar este impuesto global. En ese sentido, Costa indicó que queda planteada “la incertidumbre de cómo se va a adoptar”. A su vez, apuntó que existe “otro desafío grande” que es que a partir de la ley de zonas francas, cualquier eventual reforma es “responsabilidad del Estado”, por lo que habría que ver “si se pueden hacer acuerdos con usuarios, entre otras cosas”.
Venancio Trigo, socio del estudio Guyer & Regules y directivo de la Czfuy, dijo que si bien los cambios a futuro “generan preocupación”, aún “no hay claridad en cuanto a que se lleven a cabo a partir de 2023”. “Es difícil determinar el impacto global que esto puede generar en zonas francas y lógicamente hay preocupación, pero todavía hay varios pasos en el camino para aclarar. Por lo pronto, no hemos visto que esto haya generado una corrida o que las empresas estén yéndose”, agregó.
Para Trigo, el “peor escenario” que podría darse es que para las empresas Uruguay “termine no siendo atractivo y cierren sus operaciones”. No obstante, insistió en que el impacto primario es limitado, principalmente porque refiere a empresas con una facturación grande.
“Estamos hablando de un universo pequeño. Habría que analizar cuáles de esas empresas son las que están en un régimen de zonas francas y cuáles de ellas adicionalmente están consolidando resultados y están pagando impuestos en sus casas matrices. Y además si son empresas que operan como cost center (centro de costos) el impacto impositivo puede resultar no relevante y, por lo tanto, no afectar la decisión de instalarse en Uruguay”, expresó.
CÓMO DEBE ACTUAR URUGUAY
Según Trigo, el país debe evaluar lo que hacen los demás países. “Este no es un problema exclusivo de Uruguay sino que es un problema global con lo cual hay que negociar lo mejor posible para tratar de que este impacto sea lo más reducido”, apuntó.
A su vez, indicó la necesidad de observar a países que estén “en la misma situación” para ir “ajustándose a los cambios que se están incorporando y que redunde en el menor impacto en la zonas francas”. Es necesario “tomar esas experiencias para utilizarlas en Uruguay y no ser nosotros los innovadores en esas medidas”, planteó.
Sartori, por su parte, recordó que la Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya se encuentra abordando el tema y que se han manifestado medidas alternativas “como compensación” en el caso de que se debiera cumplir con este impuesto mínimo de 15%. “Otorgar beneficios a través de otros impuestos como la exoneración de contribuciones a la seguridad social o disminución de otros precios públicos, de manera de que si no es a través del impuesto a la renta, la exoneración pudiera ser a través de algún otro beneficio, que haga más barata la inversión en Uruguay”, ejemplificó.
Para Costa, esto es “un juego a múltiples bandas con muchos jugadores que juegan al mismo tiempo” por lo que Uruguay debe de hacer una “buena diplomacia en temas tributarios”. Para el experto, el país debe ver cómo se posiciona y “como juegan” los países similares. A su vez, es necesario “ganar tiempo” para “posicionarse mejor comparativamente y atraer otro tipo de inversiones o para mantener las mismas”.
“Este es un tema que afecta a lo que puede ser la política tradicional de inversiones en Uruguay y lo por tanto me parece que es esencial ver qué herramientas juego para mitigar eventualmente el impacto negativo que pueda tener esto”, dijo. Y agregó: “Soy optimista de que pueden haber caminos y de que seguramente el gobierno está evaluando muy de cerca esto”.
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