El consultor legal de Greenpace, Luis Miguel Cano, señala que con normas más estrictas, la CDMX tendría contingencia ambiental 300 días al año. Mediante amparo, también se impugna reducción a presupuesto contra cambio climático.
La organización ecologista Greenpace impugnó ante jueces y tribunales federales la reducción presupuestal que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aplicó a los recursos para combatir el cambio climático y la expedición de las normas oficiales mexicanas para medir la calidad del aire, por considerar que son violatorias de derechos humanos.
El abogado consultor de Greenpace, Luis Miguel Cano, explicó que las impugnaciones se presentaron vía juicio de amparo y explicó que uno de estos recursos legales, el cual busca modificar las normas oficiales de calidad del aire que permiten declarar una contingencia ambiental, ya llegó a un tribunal colegiado, por lo que se trata de una sentencia que podría resultar definitiva para ser más estrictos en la medición de contaminantes.
El litigante explicó que las normas oficiales mexicanas que miden la calidad del aire en materia de partículas suspendidas PM 2.5, ozono, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxido de carbono “son muy laxas” para fijar los límites permisibles de cada sustancia, por lo que están muy por debajo de los topes que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) para declarar una contingencia ambiental.
“Todas estas normas no protegen la salud de las personas con los mejores estándares si las comparas con los valores que recomienda la OMS, son normas muy laxas que no consideran los mejores estándares de la calidad del aire”, explicó.
Luis Miguel Cano agregó que con normas más estrictas, la Ciudad de México tendría que decretar contingencias ambientales 300 veces al año, sin que esto resuelva el grave problema de contaminación que se padece en la urbe, pero que al menos ayudaría a que las personas tomen conciencia sobre la problemática del cambio climático y la calidad del aire que se respira en la capital mexicana.
Sobre el otro juicio de amparo, el abogado consultor de Greenpace explicó que se impugnó la determinación del Poder Legislativo y la Secretaría de Hacienda de reducir el presupuesto destinado a combatir el cambio climático, derivado de que este pasó de 61 mil 500 millones de pesos en 2018 a solo 39 mil 125 millones de pesos en 2019, es decir, que hubo una reducción de casi la tercera parte.
El litigio plantea que la reducción de recursos es violatoria de derechos humanos, ya que el derecho a la salud se ve afectado por la mala calidad del aire y las consecuencias del cambio climático.
Añadió que otra omisión grave es que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) omite el tema de la contaminación y el cambio climático, lo que demuestra que el medio ambiente no es prioridad para el gobierno de López Obrador.
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