La justicia francesa ha acusado este viernes a la exministra de Sanidad Agnès Buzyn de “poner en peligro la vida ajena” durante su gestión de la pandemia de coronavirus, que estalló cuando ella todavía estaba al frente de la cartera sanitaria. De este modo, la hoy funcionaria de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se convierte en la primera responsable política del Gobierno de Emmanuel Macron en ser imputada por su actuación durante la crisis sanitaria, en el marco de una investigación que comenzó el verano pasado y que podría afectar a otros miembros actuales y pasados del Ejecutivo, entre ellos el exprimer ministro Édouard Philippe y el actual responsable de Salud, Olivier Véran.
El anuncio de la Fiscalía general de la Corte de Justicia de la República (CJR), el organismo competente en Francia para juzgar a miembros del Gobierno por presuntos delitos cometidos en el marco de sus funciones, se conoce tras una larga audición durante todo el viernes de Buzyn, que fue ministra de Sanidad desde el inicio del Gobierno de Macron, en mayo de 2017, hasta febrero de 2020. La antigua responsable de Salud, que dejó su cargo para postularse a la alcaldía de París por el partido macronista en las municipales celebradas en marzo de 2020, justo antes de que se decretara el primer gran confinamiento nacional, también ha sido puesta bajo el estatus de “testigo asistido”, un paso previo a una eventual inculpación, por “abstención voluntaria de combatir un siniestro”, según confirmaron fuentes judiciales a la Agencia France Presse.
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A su llegada a la CJR este viernes, Buzyn, una hematóloga de 58 años, declaró ante la prensa que consideraba su convocatoria ante las autoridades judiciales como una “oportunidad excelente para restablecer la verdad” sobre su gestión. “No dejaré que ensucien la acción del Gobierno, ni mi acción como ministra, cuando hicimos tanto para preparar nuestro país para una crisis sanitaria mundial que, recuerdo, aún dura”, agregó en referencia a una pandemia que en Francia ya se ha cobrado la vida de más de 115.000 personas.
Buzyn provocó una gran polémica cuando tras su derrota —la alcaldía de París siguió en manos de la socialista Anne Hidalgo, que está a punto de declarar su candidatura para las elecciones presidenciales de 2022—, declaró a Le Monde que ella había advertido al Gobierno ya a finales de enero, cuando oficialmente no había saltado ninguna alarma nacional, de que se acercaba un “tsunami” con la epidemia de coronavirus. “El 30 de enero, avisé a Édouard Philippe de que sin duda las elecciones no podrían celebrarse (…) Cuando abandoné el ministerio, yo lloraba porque sabía que teníamos delante la ola del tsunami”, dijo al rotativo tras los comicios municipales. Sin embargo, Buzyn no solo abandonó su cartera, la más importante para gestionar la pandemia en esos momentos, sino que el 24 de enero declaró públicamente: “El riesgo de propagación de coronavirus en la población es muy débil”.
La CJR ha recibido unas 14.500 demandas relacionadas con la crisis sanitaria del coronavirus en Francia, de las que ha admitido al menos 16, según la prensa francesa. En julio del año pasado, la institución judicial abrió una investigación por la gestión de la crisis de Buzyn, su sucesor, Olivier Véran, y el exprimer ministro Philippe, tras las denuncias de varias víctimas de la covid-19 que consideran que los altos responsables se demoraron en sus acciones para frenar la propagación del virus. Dos meses más tarde, en octubre, agentes registraron la oficina y el domicilio de Véran, de Philippe, de la antigua portavoz del Gobierno, Sibeth Ndiaye, y del todavía director de Sanidad, Jérôme Salomon, además del de Buzyn, ahora formalmente imputada.
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