La decisión de la policía de derribar sin autorización judicial, el pasado 21 de marzo, la puerta de un piso de la calle Lagasca de Madrid para poner fin a una fiesta que contravenía el estado de alarma no es la única actuación policial de estas características realizada durante las restricciones por la pandemia que ha acabado en los juzgados. Un magistrado ha citado a declarar como imputados, para el próximo octubre, a los 12 policías que, en la madrugada del 9 de diciembre, entraron también sin orden judicial en otra vivienda de la capital a la que habían acudido alertados por un vecino que aseguraba oír gritos, según documentos judiciales a los que ha tenido acceso EL PAÍS y confirman fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Los cinco ocupantes de la casa, que aseguraron estar celebrando el cumpleaños de uno de ellos, fueron detenidos por atentado a la autoridad tras ser acusados de impedir su identificación y resistirse al arresto. Ellos, a su vez, han denunciado a los agentes por allanamiento de morada al considerar que no cometieron ningún delito que justificara la entrada en el piso, según detalla su abogada, Marina Fernández. La Fiscalía aún no se ha pronunciado, según fuentes del ministerio público. Ambas denuncias cruzadas han caído en manos del titular del Juzgado de Instrucción 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, quien precisamente también instruye el suceso de la calle Lagasca. La imputación de los 12 agentes se produce después de que, en junio, la Audiencia Provincial de Madrid archivara la causa abierta contra los nueve jóvenes que fueron detenidos por el incidente de marzo y ordenara investigar a los seis policías que actuaron entonces.
El suceso por el que ahora han sido imputados 12 agentes se produjo en el número 14 de la calle Pan y Toros, en el madrileño distrito de Villaverde. Según recoge el atestado policial, un coche patrulla se desplazó al inmueble tras recibirse la llamada de un vecino que denunciaba que en una de las viviendas se estaba produciendo “una fuerte reyerta” y se escuchaban “fuertes gritos de una mujer, así como a un niño pequeño llorando”. Los agentes aseguran en su informe que, mientras subían al piso, pudieron escuchar “un fuerte escándalo y golpes” que continuaron pese a que llamaron “insistentemente a la puerta”.
El relato de los policías y los ocupantes de la vivienda sobre lo que ocurrió a partir de ese momento es totalmente dispar. Los agentes aseguran que las personas que estaba en la casa se negaron a abrir la puerta y que, cuando finalmente uno la entreabrió “escasos centímetros”, se dirigió a ellos con “una actitud activa y chulesca, y poco colaboradora”. Según el atestado, los agentes le informaron de que debían “comprobar la integridad de la mujer y el niño” que se encontraban en el piso, pese a lo cual los ocupantes se negaron a dejarles pasar mientras supuestamente les insultaban y amenazaban.
El atestado recoge que los insultos a través de la puerta entreabierta se prolongaron cerca de 20 minutos, hasta que los ocupantes empujaron “fuertemente” para cerrarla y pillaron el pie del policía que quería impedirlo. Otro agente utilizó entonces un spray de gas pimienta hacia el interior del piso para que cesara la presión y su compañero pudiera retirar el pie. Los policías señalan que, ante la situación creada, contactaron con su superior, el cual les autorizó a entrar en “ante la posibilidad de que en dicha vivienda se haya producido un hecho violento con peligro para la integridad física de una mujer (la cual pedía auxilio por la ventana) y un menor de edad que estaba sollozando”. El artículo 553 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite la entrada de la policía en un domicilio si hay constancia de que se está cometiendo un delito flagrante.
En este sentido, los agentes recalcan que el “gran estado de excitación y violencia” de los hombres les hacía temer “que algo grave pudiera haber sucedido en el interior de la vivienda”. El informe añade que los agentes de dos coches policiales que habían acudido en apoyo habían escuchado a una mujer gritar por el balcón: “Ayuda, ayuda, que me matan. Por favor, ayuda, policía”. Es, a partir de ese momento, cuando los agentes intentaron derribar la puerta, aunque solo lograron desencajarla del marco. Finalmente, los ocupantes dieron acceso al interior de la vivienda donde, según el atestado, opusieron resistencia “de manera activa” a su detención, lo que provocó lesiones a los agentes.
El informe añade que el piso estaba “totalmente revuelto y lleno de bebidas alcohólicas” y que resultaba “evidente” que “el menor no se encontraba en la mejor situación posible, compartiendo vivienda con cinco varones con evidentes síntomas de haber consumido sustancias estupefacientes a altas horas de la madrugada”. El informe va acompañado de fotografías de botellas, latas de cerveza y vasos que los agentes encontraron en la cocina y el salón del domicilio. Horas después y tras pasar por comisaría, los cinco quedaban en libertad.
La versión que dan los arrestados es totalmente distinta. En la denuncia que presentaron afirman que en todo momento colaboraron y estuvieron dispuestos a identificarse, aunque admiten que, durante el diálogo que mantuvieron con los agentes a través de la puerta entreabierta intentaron cerrarla para ir a recoger sus documentos de identidad, pero que no pudieron porque un agente puso un pie y una porra para impedirlo. Ellos aseguran que recriminaron a los agentes esta actitud porque “no podían acceder al interior de la vivienda sin una orden judicial”.
Es en ese momento, siempre según los ocupantes, cuando los agentes los rociaron con gas pimienta. Afirman que lo hicieron en cuatro ocasiones pese a que alertaron a los policías de que había un menor. Cuando finalmente la puerta fue derribada, los ocupantes denuncian que les golpearon. “Todos ellos fueron objeto de golpes, porrazos, patadas y puñetazos desde que salieron de la vivienda y hasta llegar a la comisaría”, continúa la denuncia, que también habla de insultos xenófobos por su origen latino. La denuncia va acompañada de fotografías de las supuestas lesiones sufridas, así como de los daños en la puerta del piso.
Los detenidos, que declararon como imputados el 1 de julio, niegan haber cometido ningún delito y rechazan el contenido del atestado, que aseguran pretende “inflar artificialmente la infracción supuestamente cometida”, que reducen a los ruidos. En aquel momento estaba en vigor el segundo estado de alarma y las restricciones impedían las reuniones de más de seis personas no conviventes en los domicilios. En un segundo escrito, presentado el 6 de julio para pedir que se archive la causa contra ellos, destacan que el atestado no refleja ningún indicio del supuesto maltrato a la mujer y al niño que esgrimieron para entrar en el piso.
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