ONG’s consideran lamentable la postura del fiscal Alejandro Gertz Manero, pues evidencia la falta de sensibilidad y ausencia de perspectiva de género.
La intención del fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero, de eliminar el tipo penal de feminicidio para redefinirlo como agravante del homicidio, en el marco de la iniciativa de creación de un Código Penal Único en México, “es inadmisible y un grave retroceso”, señaló el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
La red ciudadana conformada por 43 organizaciones en 24 estados del país refirió que el pasado miércoles 28 de enero de 2020, en la reunión plenaria realizada entre el fiscal general y los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Gertz Manero externó la intención de eliminar el tipo penal de feminicidio, bajo el argumento de que para el Ministerio Público es difícil acreditarlo.
Sin embargo, el Observatorio apuntó en un posicionamiento que la propuesta de Gertz Manero no responde a un estudio diagnóstico previo, que haya identificado los obstáculos en la acreditación del delito por parte de todas las Procuradurías y Fiscalías de Justicia del país.
Además, la Fiscalía General de la República no cuenta con elementos para sostener esa valoración, principalmente, porque el feminicidio es generalmente un delito del fuero común, que no es investigado y judicializado por dicha instancia.
El OCNF recordó que durante la elaboración de sus últimos informes han encontrado discrepancias normativas en la tipificación del feminicidio en los estados y resistencias para investigar como posibles feminicidios las muertes violentas de mujeres, como lo marca el estándar de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Se ha documentado la existencia de una ruta de impunidad que inicia desde las primeras diligencias y los primeros respondientes, en la falta de debida diligencia de peritos, policías y ministerios públicos, ausencia de sanciones a las y los servidores públicos que por acción y omisión obstaculizan el acceso a la justicia para las víctimas, y que culmina con criterios judiciales que adolecen de perspectiva de género, invisibilizan la violencia contra las mujeres, culpabilizan a las mujeres y sus familias de la violencia de las que son víctimas o justifican a los agresores con penas bajas o argumentos revictimizantes”, expuso.
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Desde su punto de vista, la justificación del fiscal general de la república no es más que “una afirmación falaz y sin sustento práctico”.
Las organizaciones advirtieron que la solución no es la desaparición del delito sino que el feminicidio se investigue y sancione con perspectiva de género en todo el país.
“Para nosotras, defensoras de los derechos de las mujeres, eliminar el delito de feminicidio y dejarlo como una agravante del homicidio, no solo sería una acción regresiva, insensible y contraria a los estándares y recomendaciones internacionales en la materia, sino echar por la borda la histórica lucha de las madres y familiares de víctimas de feminicidio en México, que con el dolor a cuestas han contribuido a que el feminicidio sea nombrado, tipificado, investigado y sancionado, con el único fin de encontrar justicia para sus hijas”, abundó.
Añadieron que “la lamentable postura de Gertz Manero, evidencia la falta de sensibilidad, la ausencia de perspectiva de género y cómo la grave problemática que acaba cada día con la vida de 10 mujeres en México no es una prioridad para las autoridades y que antes que la garantía de los derechos de las mujeres se pondera la rapidez y la practicidad, lo que es contrario a la necesidad urgente de una voluntad política para arrancar este delito de raíz”.
Por su parte, la Comisión para la Igualdad de Género del Senado Mexicano indicó que “no coincide y manifiesta su preocupación ante la propuesta de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la posibilidad de reclasificar el delito de feminicidio del Código Penal Federal”.
Aunque aclaró que “si bien el Senado de la República no ha recibido ninguna propuesta formal, la FGR ya fijó una postura institucional a través de un comunicado de prensa emitido la tarde del martes, donde sostiene que enfrentan una serie ‘condiciones, requisitos y circunstancias que complican inútilmente la judicialización del feminicidio“.
“Aunado a que esta postura representa un retroceso en los derechos ganados para reconocer y visibilizar la máxima expresión de la violencia contra las mujeres, la Fiscalía parte de un diagnóstico equivocado ya que afirma que sólo 28 estados y la federación reconocen al feminicidio como delito, siendo realmente las 32 entidades del país que lo reconocen, junto con la federación”.
Dicha comisión detalló que “la propuesta de la FGR busca considerar el asesinato de una mujer como homicidio calificado con agravante de feminicidio. Esta intención ya fue rechazada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver el amparo directo en revisión 5267/2014, donde declaró inconstitucional el primer párrafo del artículo 126 del Código Penal del Estado de Chihuahua, ya que esta redacción contraviene el derecho a la igualdad y no discriminación, considerados como fines a perseguir del Estado, por ello, aun cuando se busque garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, el espíritu del artículo no permite alcanzar esos fines, ya que el homicidio es cometido por razones de género“.
Aquí el comunicado de la comisión:
En tanto, el OCNF hizo una serie de exigencias al Poder Ejecutivo y Legislativo Federal, así como a las Fiscalías General de la República y a las Fiscalías Estatales:
- Que se incluya el delito penal de feminicidio de manera autónoma y con razones de género objetivas en el Código Penal Nacional Único, con los aportes de la sociedad civil experta en el tema.
- Se tome en consideración los aportes y recomendaciones de las organizaciones de la sociedad civil y de la academia expertas en el tema, en la propuesta de la creación del Código Penal Único y las modificaciones al Sistema de Justicia Penal, garantizando los estándares internacionales en la materia.
- Que las autoridades de procuración de justicia, incluyendo la federal, dejen de invisibilizar la violencia feminicida y el feminicidio, y asuman su responsabilidad para la adecuada investigación y sanción del feminicidio.
- Que se actualicen y homologuen los protocolos de investigación del delito de feminicidio, con base en los estándares nacionales e internacionales en la materia, y a la luz de las necesidades del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
- Se garantice el cumplimiento de las recomendaciones internacionales y nacionales para la investigación y sanción del feminicidio con perspectiva de género y feminicidio, particularmente el cumplimiento a nivel nacional de la sentencia del caso Mariana Lima, para revertir el contexto de impunidad que aún persiste para la acreditación del feminicidio en México.
- Que se revisen las investigaciones de muertes violentas de mujeres con el fin de identificar las fallas en la acreditación del tipo penal que conlleva a la impunidad de los casos en las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de cada estado.
- Que se inicien investigaciones y se sancionen a las y los servidores públicos (policías de investigación, peritos y ministerios públicos) encargados de las investigaciones de feminicidios, que por sus acciones y omisiones han obstaculizado el acceso a la justicia para las víctimas.
- Como acompañantes de casos de violencia feminicida en México, como defensoras de los derechos de las mujeres y como organizaciones de la sociedad civil estaremos atentas de las acciones que desde la Fiscalía General de la República para que estas sean garantes de los derechos que por décadas hemos luchado.
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