En la denuncia presentada el 20 de febrero, el INAI señala a los funcionarios relacionados por violación del deber de seguridad y el principio de responsabilidad.
Ante posibles delitos penales, el pasado 20 de febrero, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los funcionarios involucrados en la operación del software “Pegasus”.
Joel Salas, comisionado del INAI, señaló en entrevista para #AristeguiEnVivo que con base en la investigación que realizaron, lograron identificar dos elementos que les permitió señalar y sancionar por violación del deber de seguridad y el principio de responsabilidad.
“De acuerdo con lo que establece el Código Penal en el artículo 222, quien tenga conocimiento de un posible delito, siendo funcionario público, debe denunciar“, aseguro. Sin embargo, durante la investigación, Salas explicó que se les negó el acceso a cierta información como aquella con la que el INAI pudiera corroborar cuándo y contra quién se utilizó el malware.
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Además, no fue posible comprobar los elementos necesarios para “dar certeza y certidumbre a la población de que Pegasus ya se desinstaló y que no está siendo más utilizado”. Pero ahora, con esta decisión, el INAI cierra un ciclo y “pasa la pelota a la cancha de la Fiscalía, hoy autónoma para poder esclarecer los hechos”.
“La razón más grave por la que estamos haciendo la denuncia penal es que en distintas intervenciones que tuvimos durante la visita, funcionarios de la Procuraduría General de la República, dijeron que solo existía un contrato de octubre a diciembre de 2014 y a la pregunta expresa del INAI: ¿pagaron actualizaciones en 2016 y 2017? los funcionarios señalaron que nunca se pagó“, narró Salas.
Sin embargo, en días recientes, el Instituto recibió los contratos por parte de la FGR en los que se comprueba un gasto de cerca de 800 millones de pesos.
Joel Salas puntualizó que en la denuncia también resalta la búsqueda de protocolos para poder constatar que el uso del malware se hizo acorde a las garantías que establece la Constitución, “es decir, que intervinieron a personas relacionadas con el crimen organizado y que atentan contra la seguridad nacional y que además, dichas intervenciones se realizaron a través de una autorización judicial”, hechos para los que no se encontró ninguna prueba.
A continuación el posicionamiento sobre la resolución del INAI en el caso #Pegasus: