El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) buscar y entregar los documentos que den cuenta de las personas físicas y morales sancionadas por el caso Odebrecht, entre el 1 de enero de 2015 y el 15 de febrero de 2021.
El organismo instruyo la entrega de la razón social, así como el tipo de sanción y fecha en que fue impuesta la sanción. En el caso de las multas, se deberá especificar si se pagaron o no.
“Celebro que las personas sigan atentas a este tipo de casos emblemáticos, pues esta solicitud de información se constituye como seguimiento a las acciones que se siguen realizando para combatir el fenómeno, tan enorme en nuestro país, de la corrupción y ejemplifica cómo el acceso a la información pública es una herramienta eficiente para el combate”, señaló el comisionado Oscar Guerra Ford, quien fue el ponente de la resolución.
Guerra mencionó que a nivel mundial diversos servidores públicos han sido sancionados por el caso Odebrecht, como el Vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, sentenciado a seis años de prisión en 2017, y el ex Gobernador de la región andina de Áncash, en Perú, César Álvarez, sentenciado a ocho años y tres meses de cárcel en 2019.
En el caso mexicano, a partir de abril de 2020, las empresas Odebrecht Ingeniería & Construcción Internacional S.A. de C.V. y Constructora Norberto Odebrecht S.A. fueron inhabilitadas para participar en contrataciones públicas de carácter federal.
“Además, en mayo de 2019, la Secretaría de la Función Pública impuso una sanción a Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos, consistente en inhabilitarlo por 10 años para su desempeño en cargos públicos y es investigado actualmente por la Fiscalía General de la República”, recordó Guerra.
Una persona interesada en conocer la información, la solicitó a Función Pública y ésta respondió que no pudo localizar el documento con las características y el nivel de detalle requerido.
Sin embargo, informó por conducto de la Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto, que se han impuesto más de una docena de sanciones a exfuncionarios, personas físicas y empresas, que han derivado en inhabilitaciones hasta por 10 años en el servicio público y sanciones económicas que ascienden a más de mil 639 millones de pesos, sin resolución firme.
También indicó que tiene investigaciones y procedimientos de responsabilidad administrativa en curso y, como dato adicional, refirió la inhabilitación de un funcionario de alto nivel en Petróleos Mexicanos (Pemex).
El solicitante presentó un recurso de revisión ante el INAI dado que la SFP presentó información general y no la documentación específica de las sanciones. El organismo determinó que la dependencia no llevó a cabo el procedimiento de búsqueda previsto en la Ley Federal de Transparencia, “pues no consultó a todas las unidades administrativas competentes para conocer la información solicitada”.
También consideró que si bien la dependencia no está obligada a contar con documento único para atender la solicitud, sí lo está para identificar aquellos documento que satisfagan la consulta. En ese sentido, la secretaría debe contar con registros sobre las sanciones y multas impuestas.
Por lo tanto, el INAI instruyó a la Función Pública a que realice una búsqueda en sus archivos físicos y electrónicos en todas las áreas competentes, para que proporcione al particular la documentación requerida.
El pasado 28 de abril, Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidenta del INAI, afirmó en Aristegui en Vivo que la institución tiene 13 resoluciones que ordenan abrir el caso Odebrecht, pero hay obstáculos judiciales y de incumplimiento, en este caso por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).
Source link