La inauguración del Tramo 5 Norte del Tren Maya en la Península de Yucatán, se dio en medio de protestas y de un rechazo generalizado “marcando el colofón de una serie de violaciones tanto al derecho ambiental como a los derechos humanos”, afirmó Greenpeace México.
En entrevista para “Aristegui En Vivo”, Greenpeace también reiteró su exigencia al Gobierno Federal para que actúe conforme a la ley en relación con este megaproyecto.
Carlos Samayoa, campañista por la Selva Maya de Greenpeace México, subrayó que se han registrado diversas violaciones a la ley durante a obra, desde la falta de presentación adecuada de evaluaciones ambientales hasta la falta de consulta genuina con las comunidades indígenas afectadas.
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Además, señaló los riesgos ambientales y sociales asociados con el proyecto, como la deforestación ilegal, los peligros para los suelos kársticos y las reservas de agua dulce, y los impactos adversos en la biodiversidad local, incluidas especies amenazadas.
Según Samayoa, la falta de transparencia y el incumplimiento en la presentación de las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA), han sido recurrentes en todos los tramos inaugurados hasta la fecha. Esto genera una situación de desconocimiento sobre los verdaderos impactos ambientales del proyecto, afirma.
La organización considera que el impacto ambiental es significativo, con más de 10 millones de árboles arrancados y más del 87% de la deforestación realizada ilegalmente.
Por otro lado, las consultas a las comunidades locales han sido cuestionadas por su falta de autenticidad y verdadero consentimiento. A pesar de la obligación legal de consultar a los pueblos indígenas afectados, estas consultas han sido simuladas, según denuncias de diversas organizaciones.
Las comunidades locales han rechazado el proyecto del Tren Maya, argumentando que va en contra de sus formas de vida tradicionales y que impone un modelo de desarrollo capitalista y extractivista. En su lugar, abogan por un desarrollo sostenible y en armonía con la naturaleza.
Greenpeace exige al Gobierno Federal que respete la orden judicial de suspensión del tramo 5 Sur, que divulgue toda la información relacionada con los impactos ambientales del proyecto y que incluya verdaderamente las perspectivas de las comunidades locales en la toma de decisiones.
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