En medio de señalamientos de detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos, el presidente de El Salvador Nayib Bukele inauguró el martes el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) como parte de su plan antipandillas.
Catalogado por el funcionario como “una obra de sentido común”, la mega cárcel tiene capacidad para albergar 40,000 reclusos y cuenta con “tecnología de punta” y estrictos controles de seguridad. Además, fue construida en siete meses.
“El CECOT en un centro penitenciario de primer mundo que albergará a los mayores terroristas que causaron dolor y luto a los salvadoreños”, precisó Osiris Luna Meza, viceministro de Justicia y director general de Centros Penales.
El nuevo centro penitenciario está aislado de la zona urbana y para su construcción se adquirieron 165 hectáreas de tierra de las 23 conforman la estructura de la cárcel, según Romeo Rodríguez, ministro de Obras Públicas.
El funcionario también señaló que el tamaño de la prisión “equivale a siete veces el estadio Cuscatlán”.
“Esta sería la cárcel más grande de todo América”, resaltó Rodríguez.
Por su parte, Luna Meza señaló que el CECOT “cumple con los estándares internacionales y normativas de seguridad”.
“Hay ocho módulos, cada uno tiene 5,446 metros cuadrados. Las celdas son de acero inoxidable, hay 19 torres para que los custodios puedan estar observando a los reos. Tiene la capacidad para aproximadamente 40,000 líderes de clicas, pandilleros”, sostuvo.
El viceministro de Justicia también destacó que la institución penitenciaria tendrá una fábrica de 64 talleres para que los reclusos trabajen en pintura, pupitres, textilería entre otros.
DENUNCIAN VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
El anuncio de la apertura de la mega cárcel surge luego de un régimen de excepción de diez meses que limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y motivos de arresto, así como la asistencia de un abogado.
En un informe publicado en diciembre, Human Rights Watch y Cristosal denunciaron haber documentado en El Salvador más de 1,000 casos de graves violaciones a los derechos humanos.
“Nuestra investigación permite concluir que las violaciones de derechos humanos no fueron casos aislados o excesos de agentes insubordinados de las fuerzas de seguridad. Por el contrario, tanto soldados como policías cometieron abusos similares en forma reiterada en todo el país durante un período de varios meses”, reza el reporte.
De hecho, el informe también revela que 1,600 niños y niñas habrían sido detenidos como parte del régimen de excepción.
Como parte de las soluciones propuestas por ambas organizaciones figura el el identificar y combatir las causas que impulsan las conductas delictivas, asegurar que el desempeño de los policías no se mida en base a la cantidad de arrestos y terminar el régimen de excepción. Propuesta que Bukele rechazó expresamente.