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Como en tantos otros ámbitos, la pandemia amenaza con desarbolar el milagro español de la automoción, consistente en que un país sin fabricantes de vehículos de capital nacional se haya perpetuado como el segundo mayor productor europeo de coches. La enésima señal de alarma llega con la pérdida el año pasado de más de 400 empresas vinculadas al sector, que viene a complementar las que alertaban sobre caídas en la producción y la comercialización de vehículos desde que comenzó la crisis del coronavirus y que acrecientan las dudas sobre cómo el ecosistema industrial español del motor será capaz de asumir la nueva era que, si no lo ha hecho ya, se abrirá en los próximos años con el salto forzado al coche eléctrico.
La Unión Europea ya ha decidido la prohibición a partir de 2035 de los vehículos que emitan CO2 a la atmósfera. El ensamblaje de ese tipo de coches es todavía mayoritario en España y se echan en falta indicios que permitan pensar que la situación vaya a cambiar a corto plazo en el conjunto de la industria. De hecho, las fábricas españolas compiten con otras europeas para que les asignen las futuras generaciones de modelos y, de momento, solo han logrado quedarse a medio camino en la transición eléctrica.
Algunos datos, como cierta resistencia histórica de las fábricas españolas a cesar su actividad —pese al próximo cierre de Nissan en Barcelona— y una alta inversión de capital visible en el elevado grado de automatización, llaman al optimismo. La industria del motor prevé una lenta recuperación, siempre y cuando exista acompañamiento gubernamental con un amplio abanico de medidas que cubran desde el marco laboral al fiscal y al de las ayudas directas para la dinamización de unas matriculaciones deprimidas. Pese a algunas demandas sin respuesta, el Gobierno ha asumido el reto de la nueva época a la que se abre el sector aprovechando los recursos procedentes de Europa.
No es casual que su primer proyecto estratégico para la recuperación y la transición económica (PERTE) lo haya centrado en el vehículo eléctrico. A través de él, se destinarán a la industria 4.295 millones de euros públicos con el objetivo de captar otros 11.900 millones de la iniciativa privada y, sobre todo, para crear un ecosistema que, pese a depender de marcas de capital extranjero, pueda tener un rol con identidad propia. Según sus previsiones, se podrían crear hasta 141.000 empleos o que la industria represente un 15% del PIB en 2030. Se plantea complejo, pero positivo para un cambio de ciclo que, de momento, acaba sin excesivas buenas noticias en un terreno en el que, más que planes, faltan hechos.
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