El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó este viernes a los partidos políticos del Trabajo, con 119 millones 870 mil 694.18 pesos y a Morena con cuatro millones 529 mil 225.06 pesos, al acreditar esquemas de financiamiento irregular.
Asimismo confirmó la multa que había sido impuesta por acatamiento a sentencia de la Sala Superior del TEPJF en contra de Movimiento Ciudadano, de 28 millones 53 mil pesos, por la obtención de recursos en beneficio del entonces candidato al cargo de gobernador de Nuevo León, Samuel García, por parte de las personas morales: Firma Jurídica y Fiscal Abogados S.C; Firma Contable y Fiscal Contadores y Financieros S.C; y, SAGA Tierras y Bienes Inmuebles, S.A. de C.V.
En sesión extraordinaria, la autoridad electoral determinó que durante la gestión de Delfina Gómez Álvarez -actual titular de la Secretaría de Educación Pública- como presidenta municipal de Texcoco (2013-2015) se instrumentó un sistema de financiamiento paralelo, el cual se tradujo en recursos que beneficiaron a Morena por dos millones 114 mil 612.5 pesos y que no fueron reportados.
De acuerdo con un comunicado del INE, la sanción a Morena parte de una queja presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) desde 2017 en la que denunció “descuentos aplicados a los entonces empleados del municipio de Texcoco y del DIF municipal”, los cuales estaban encaminados a la conformación de Morena como partido político y a la eventual candidatura de Gómez Álvarez a la diputación federal y a la gubernatura del Estado de México.
Sanciona @INEMexico a Morena con 4.5 mdp, tras la detección de un esquema de retención salarial en #Texcoco de 2013 a 2015. https://t.co/gH27Xu2voA pic.twitter.com/Ki8dP87kc2
— @INEMexico (@INEMexico) September 4, 2021
En la investigación del INE se encontraron pruebas suficientes para sostener la hipótesis de culpabilidad respecto de la existencia de un mecanismo de recaudación de recursos provenientes de retenciones salariales efectuadas a trabajadores del Ayuntamiento y del DIF de Texcoco, en el Estado de México, los cuales fueron entregados a María Victoria Anaya e Iveth Rosas Rosas, quienes recibieron diversos cheques del ayuntamiento por un importe total de 13 millones 890 mil 47 pesos.
Al tomar en cuenta las circunstancias de extracción del recurso y su entrega mediante métodos sistemáticos, continuos y permanentes a personas físicas, se evidencia la intención de evasión de la acción fiscalizadora de la autoridad electoral, perpetrada en el contexto de vigencia del periodo constitucional de Delfina Gómez Álvarez como presidenta municipal del ayuntamiento de Texcoco, explicó el INE en su comunicado.
Delfina Gómez.
En el Sistema Integral de Fiscalización del INE, Morena reconoció, dentro de la contabilidad de la otrora candidata Delfina Gómez Álvarez, a diversas personas físicas y morales como proveedores de productos y servicios que fueron beneficiadas (ya dentro del marco temporal en que Morena había obtenido su registro como partido político nacional) de los recursos provenientes de las retenciones salariales a los trabajadores del ayuntamiento de Texcoco, toda vez que recibieron cheques emitidos por la principal retenedora de recursos, María Victoria Anaya Campos, motivo por el cual se tiene por acreditado el dolo en el actuar del sujeto obligado.
Por ello, se le sanciona con el 200% del monto involucrado, equivalente a cuatro millones 529 mil 225.06 pesos.
Además, se da vista a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por las conductas que pudieran configurar delitos electorales; a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por las conductas presuntamente consecutivas de delitos en materia electoral y a la Unidad de Inteligencia Financiera, por conductas que pudieran configurar delitos dentro de su esfera de competencia.
Consejeros critican ilegales retenciones a los trabajadores
La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Adriana Favela, señaló que la queja contra Morena lleva varios años en el INE y desde 2017 se hicieron investigaciones exhaustivas. “Se estuvo analizando toda la información con mucho cuidado y, finalmente, traemos hoy el proyecto que se pone a su consideración”.
Destacó que todos los integrantes del Consejo General se pronunciaron por condenar el descuento de ciertas cantidades de dinero a los trabajadores por parte de los gobiernos, ya sea a nivel municipal, estatal o federal, práctica que desafortunadamente no solamente es de un partido político específico, sino que existen otros que también han incurrido en esa práctica, detalla el documento del INE.
Adriana Favela.
“Lejos estaremos de una vida pública y política a salvo de corrupción si permitimos que el uso patrimonial de cargos públicos quede impune. Cobrar diezmos a los trabajadores es un abuso lo haga quien lo haga, es pensar que el trabajador debe su empleo al partido gobernante en turno y que por eso puede quitarle parte de su salario”, estableció el consejero Ciro Murayama.
Expuso que difiere del proyecto, porque no se sanciona la totalidad del dinero que fue sustraído ilegalmente de los trabajadores (13 millones 890 mil 047 pesos), pues buena parte del dinero no se rastreó porque lo convirtieron en efectivo, “pero la retención, la emisión de cheques y su cobro son parte de la misma operación”. Sin embargo, la propuesta no prosperó.
El consejero Jaime Rivera Velázquez ponderó la extensa investigación de la Unidad Técnica de Fiscalización, en la que queda demostrado que el partido y su candidata a diputada federal en 2015 fueron beneficiados directamente con ingresos no reportados, provenientes de un mecanismo de retención indebida a empleados del ayuntamiento de Texcoco, se trata de una conducta dolosa “para obtener recursos de manera ilegal”, aseveró.
La investigación “pone de manifiesto una falta que no puede limitarse a la imposición de una sanción, sino que debe conducir a una profunda reflexión en cuanto a las medidas idóneas, que esta autoridad deberá implementar en el futuro para evitar que conductas irregulares se hagan una práctica frecuente en detrimento de la legalidad, la transparencia, la rendición de cuentas”, consideró la consejera Carla Humphrey.
Pidió votar por separado lo referente al cheque emitido a favor de Marco Ramos Pineda, quien se desempeñaba como presidente del Comité Ejecutivo Municipal de Morena por 20 mil pesos, así como otro emitido a la empresa Transporte Escolar y de Personal por 130 mil pesos e incorporar a la sanción por el 200% del monto involucrado, propuesta que fue respaldada por la mayoría.
Carla Humphrey.
Para el consejero Uuc-kib Espadas Ancona se trata de la sustracción de 13 millones de pesos de salarios que se quitaron ilegalmente a trabajadores al servicio del gobierno y las leyes mexicanas protegen el salario de manera especial, porque de eso depende la sobrevivencia de muchísimas familias.
“Las malas prácticas como las retenciones salariales realizadas por los gobiernos locales son actos que desde la materia electoral no pueden quedar impunes”, por lo que el Consejo General debe ser firme y sancionar conductas que menoscaban derechos de los trabajadores”, dijo la consejera Norma De la Cruz, según el comunicado.
Y anunció su voto en contra ya que, desde su perspectiva, no se cumplió el plazo para la sustanciación establecido en el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización para admitir la queja.
Esquema de financiamiento paralelo del PT
Posteriormente, el pleno consideró fundado el procedimiento de queja en materia de fiscalización al comprobar un beneficio que ingresó al patrimonio del Partido del Trabajo (PT) a través de personas físicas que guardan como condición en común ser militantes de dicho partido. Es decir, bajo el amparo de una operación entre particulares, el instituto político se privilegió de un esquema de financiamiento paralelo que le permitió ejecutar conductas contrarias a la normatividad en materia de financiamiento y fiscalización.
La queja presentada en 2017 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue por la presunta transferencia de recursos provenientes del gobierno de Nuevo León destinados a la construcción y operación de Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) a militantes del Partido del Trabajo.
Entre 2015, 2016 y 2017, la ciudadana María Guadalupe Rodríguez recibió un monto de 260 millones de pesos provenientes del gobierno de Nuevo León y con estos recursos emitió 123 cheques que fueron depositados en la cuenta de Héctor Quiroz García, comisionado político nacional del Partido del Trabajo en Aguascalientes, por 59 millones 935 mil 347 pesos.
El PT no recibió de manera directa recursos provenientes de María Guadalupe Rodríguez Martínez o de los demás ciudadanos que recibieron recursos por parte de la citada ciudadana, ya que no se encontraron registros de transferencia o aportaciones en la contabilidad del partido que muestren rastro de ello; sin embargo, los recursos fueron cobrados en efectivo por personas que tienen un vínculo cercano con el instituto político, además de que dichos recursos no se aplicaron a su destino original, esto es, a los Cendi, hechos que fueron informados por la Secretaría de Educación Pública.
Es así que el INE determinó imponer al PT una sanción equivalente al 200% del monto involucrado de 59 millones 935 mil 347 pesos que recibió de aportaciones de entes prohibidos, es decir, 119 millones 870 mil 694.18 pesos.
Además, se da vista a la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, a la Unidad de Inteligencia Financiera, al Servicio de Administración Tributaria, a la Auditoría Superior de la Federación, a la Auditoría Superior del estado de Nuevo León y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que, en el ámbito de su competencia, determinen lo conducente, informó el INE en su comunicado.
Autoridad sanciona con imparcialidad
El consejero presidente Lorenzo Córdova recordó que cuando la autoridad electoral tiene que sancionar suele ocurrir que el partido que es sancionado siempre apela “intencionalidades políticas” y siempre aplaude cuando se sanciona a quien ha denunciado.
“Malo sería que hubiera tenido solamente esos reclamos de un lado, porque eso hablaría de parcialidad, pero como los reclamos vienen de todos, eso habla de imparcialidad con la que esta autoridad aplica la ley, sin mirar a quien se trata y sin importar quién gobierna”, dijo Lorenzo Córdova.
Lorenzo Córdova
La consejera Claudia Zavala Pérez coincidió con la forma de valorar como un todo el cúmulo de indicios generados y enlazados y corroborados con todas las pruebas que dan cuenta de una práctica del diezmo milenaria, de descuento de trabajadores, destinados a una asociación irregular, reconocido así, que es el Grupo de Acción Política.
Es inadmisible y altamente condenable hacer descuentos a trabajadores, refirió el consejero José Roberto Ruiz Saldaña, quien valoró como un muy mal precedente “que el monto que está plenamente acreditado de alrededor de 13 millones, pero que se pretende sancionar con cuatro millones pues envía un mensaje “de bienvenida a ese tipo de prácticas y que sale muy barato vulnerar la norma”.
Al acompañar el proyecto en los términos presentados, el consejero Martín Faz subrayó que “está claro que hay un esquema de retención salarial totalmente inadmisible y condenable”, por lo que estimó que la calificación de la falta, así como el monto de la sanción están en los términos correctos.