La conductora de televisión Inés Gómez Mont solicitó un amparo para que la Fiscalía General de la República (FGR) determine el no ejercicio de la acción penal en una investigación por lavado de dinero que inició en 2017 y que es independiente de aquella por la que cuenta con una orden de aprehensión por el desvío de casi 3 mil millones de pesos mediante contratos públicos.
Gómez Mont, quien se encuentra prófuga de la justicia y buscada en 190 países, pretende que un juez federal ordene a la Fiscalía el archivo de la carpeta de investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La conductora informó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que en 2016 obtuvo ingresos por 39 millones 519 mil pesos, de los que le fueron retenidos 13 millones 572 mil 444 pesos por el Impuesto Sobre la Renta o ISR.
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Sin embargo, argumenta que no recibió los 39 millones sino 25 millones 945 mil 726 pesos y ha buscado llegar a un acuerdo reparatorio que no ha sido aceptado por la Fiscalía, que considera que la conductora no pagó el total de las contribuciones que le correspondían en ese año.
Gómez Mont solicitó a la jueza Quinta de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Patricia Marcela Diez, la protección de la justicia y ésta admitió a trámite la solicitud. Previamente, le había concedido otro amparo por omisiones de la FGR.
Además de este caso, sobre Inés Gómez Mont pesa una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.
A Gómez Mont y a su esposo, el empresario Víctor Álvarez Puga, las autoridades atribuyen haber obtenido contratos públicos para desviar casi 3 mil millones de pesos mediante empresas fachada. Hace unos días, aseguró que es objeto de una “persecución de mala fe’ por parte de las autoridades y negó haber incurrido en los delitos de los que se le acusa.
La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una ficha roja de localización para la pareja, por lo que son buscados en 190 países.
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El pasado 13 de octubre, Gómez Mont aseguró que tiene mucho temor por el actuar de las autoridades en su caso. En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, señaló que fue informada de que las autoridades buscan librar más órdenes de aprehensión en su contra, “ahora por asuntos fiscales” por temas con los que ya había llegado a acuerdos conclusivos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría de Defensa del Contribuyente (Prodecon).
Mencionó que existe una “persecución de mala fe” en su contra y de su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, a quienes las autoridades atribuyen haber obtenido contratos públicos para desviar casi 3 mil millones de pesos mediante empresas fachada.
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