El plan anunciado por el presidente y las medidas tomadas por Banxico son “políticas anticíclicas” con base en endeudamiento: Enrique Dussel Peters.
Ante la crisis sanitaria y económica por la que atraviesa México, Araceli Damián, directora del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, plantea un ingreso ciudadano universal, así como discutir un aumento de impuestos, pese a que esto último fue descartado por el presidente AMLO en días pasados. 
En entrevista par Aristegui en vivo, sostuvo que otorgar un ingreso ciudadano universal –un recurso para todos en términos de una canasta alimentaria equivalente-, permitiría sortear “todas estas angustias que estamos viviendo”.
También propuso que el seguro de desempleo se implemente a nivel federal, no sólo en la Ciudad de México, “que permita cubrir a trabajadores formales y a informales a través de algunos mecanismos”.
Además de promover con empleadores la inscripción de sus empleados a la seguridad social, a cambio de que les den una parte del salario.
“Entiendo el enojo de empresarios que se quejan porque el gobierno no ha respondido como los anteriores gobiernos lo hicieron, rescatando primero a empresas o bancos, porque por más que ha habido rescate, finalmente terminan siendo un desastre los rescates, ayer lo decía Alicia Bárcena: se ha invertido muchísimo dinero en rescatar empresas y a final de cuentas las empresas logran recuperarse rápidamente, las remuneraciones salariales no, la pobreza tampoco”, expuso.
Damián dijo no estar de acuerdo con la decisión presidencial de no aumentar impuestos.
Incluso, criticó la poca flexibilidad de la Secretaría de Hacienda en momentos como este.
“Sí es difícil plantear en este momento plantear que paguen más impuestos las empresas y los millonarios, pero yo creo que sí se tiene que discutir“, sostuvo.
Por su parte, Enrique Dussel Peters, doctor en Economía e investigador de la UNAM, afirmó en Aristegui en vivo que ya estamos en un proceso de socialización de la crisis económica mediante un esquema de deuda, aunque no lo reconozcan los políticos, por lo que hay que vigilar que las estrategias de rescate no se conviertan en un nuevo Fobaproa.
Advirtió que “se están tomando decisiones que tendrán efecto para las próximas décadas”.
Las medidas anunciadas esta semana por el Banco de México, indicó, están orientadas a las grandes empresas, mientras tenemos una amplia gama de instrumentos por parte del Ejecutivo hacia los pobres y pequeñas y medianas empresas, como los créditos de 25 mil pesos.
Se trata de “políticas anticíclicas” con base en endeudamiento, sostuvo.
El miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el plan para enfrentar en México la crisis sanitaria y económica que se registra a nivel mundial debido a la pandemia del Covid-19 y a la caída en los precios del petróleo.
En conferencia de prensa, anunció un decreto en pro de la recuperación económica -hasta ahora no publicado-, el cual entrará en vigor una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año, con el que se establece la aplicación inmediata de diversas medidas ante las circunstancias actuales.
“El plan que aplicaremos en lo general para enfrentar la crisis económica que estamos padeciendo en México y en el mundo. El planteamiento se hace respecto a la concepción sobre desarrollo y se aleja de lo que se ha hecho siempre cuando se presentan crisis económica, o lo que se llevaba a cabo o lo que se hacía en el periodo neoliberal”, explicó el mandatario.
El titular del ejecutivo refirió que el plan de 10 puntos para enfrentar la crisis descansa en los criterios de eficiencia, honestidad, austeridad y justicia, para responder a las circunstancias que se generaron por lo que llamó, “la crisis mundial del modelo neoliberal”.
“Dadas las circunstancias (…) propongo la aplicación urgente y categórica de las siguientes medidas. Uno, no será despedido ningún trabajador, pero no habrá incremento de personal. Se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos hasta en 25 por ciento de manera progresiva; es decir, el que obtenga más ingresos aportará más y será menos el descuento para niveles inferiores. Los altos funcionarios públicos no tendrás aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año. El concepto de alto funcionario aplica de subdirector hasta presidente de la República”, explicó.
El titular del Ejecutivo federal, detalló como segundo punto que no se ejercerá el 75 por ciento del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros, incluido lo comprometido; además indicó que se cancelarán 10 subsecretarías; sin embargo, los trabajadores de las mismas mantendrán el empleo con el mismo rango y los mismos ingresos.
En su punto tres y cuatro, se refirió a las acciones que buscarán atenuar el impacto ante la pandemia del virus que ocasional la enfermedad del Covid-19, por lo que se extenderá “la suspensión de labores con goce de sueldo a quienes se encuentran en esta situación debido a la pandemia del coronavirus hasta el primero de agosto”.
“Cuatro deberán permanecer cerradas la mitad de las oficinas con excepción de las que atiendan de manera directa al público y a aquellas que se consideren esenciales para el beneficio de la gente. En este periodo se hará un esfuerzo de reubicación de servidores públicos en función de lo prioritario para dejar de rentar edificios, vehículos, bodegas e inmuebles, entre otros ahorros”, declaró.
López Obrador indicó que con el decreto se protegerán los programas y proyectos prioritarios como son la Pensión para el Bienestar a adultos mayores, pensión para personas con discapacidad, sembrando vida, programa de apoyo de niñas, niños e hijos de madres trabajadoras, Becas para el Bienestar Benito Juárez.
Además, se mantendrá la construcción de 100 universidades públicas, la escuela es nuestra, el apoyo a los programas Jóvenes Construyendo el Futuro, Tandas para el Bienestar, se continuarán con la edificación del Banco del Bienestar, se garantizará la atención médica y los medicamentos gratuitos, entre otros.
Pese a la crisis, el presidente decidió que se mantendrán los recursos para la Guardia Nacional, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la rehabilitación de las seis refinerías existentes, y la construcción de la de Dos Bocas.
También se mantendrán los recursos para la modernización de plantas e hidroeléctricas, el mantenimiento y conservación de carreteras, caminos de mano de obra, caminos rurales, carreteras en proceso de construcción, el sistema aeroportuario de la Ciudad de México, terminación del Tren Interurbano México-Toluca, Tren Maya, Tren de Guadalajara, Internet para todos, desarrollo del Istmo de Tehuantepec, zona libre de la frontera norte, y el espacio cultural de Los Pinos y Bosque de Chapultepec.
El presidente indicó que se mantendrá los recursos para la defensa de los Derechos Humanos en el país. Además, refirió que será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dispondrá de los recursos para cumplir con las participaciones federales en los estados, además de garantizar el pago de nómina, de pensiones y la amortización y servicio de la deuda pública.
Dentro del plan, se contempla que la Secretaría de Salud, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la de Marina tendrán un trato excepcional, pero aseguró que la Ley de Austeridad Republicana “se aplicará de manera rigurosa”.
Con estas medidas el Gobierno de México prevé que se aumente el presupuesto en 622 mil 556 millones de pesos, que ayudarán a mantener los programas sociales, entregar tres millones de créditos y la generación de dos millones de nuevos empleos.
“Esto hará posible proteger al 70 por ciento de las familias mexicanas equivalente a 25 millones de hogares, sobre todo a los pobres y a los integrantes de las clases medias. Todo ello sin aumentar el precio de los combustibles ni impuestos o crear nuevos ni sin endeudar al país”, afirmó.
Finalmente, el presidente aseguró que se demostrará que existe una forma diferente de enfrentar la crisis aplicando las medidas que serán para todo el Poder Ejecutivo federal, incluidos los organizamos descentralizados, órganos desconcentrados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos público.
Una vez que el decreto sea público la SHCP tendrá un plazo no mayor a 180 días para realizar las adecuaciones presupuestarias que se requieran ante el plan que detalló el mandatario.