El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, adscrito al Reclusorio Norte de la Ciudad de México, Marco Antonio Fuerte Tapia, autorizó la solicitud del gobierno de Rumania para el inicio del proceso de extradición del empresario originario de ese país.
El juzgador dio inicio al proceso de extradición 19/2021 y ordenó que Tudor permanezca en el Centro de Readaptación Social No. 1 en Almoloya de Juárez, Estado de México, en lo que se resuelve el procedimiento.
Las autoridades rumanas reclaman al empresario por la creación de un grupo delictivo organizado, instigación al chantaje, chantaje e instigación a la tentativa de homicidio agravado.
Florian Tudor, a quien se considera líder de una banda criminal que operaba en la Riviera Maya y se dedicaba principalmente a la alteración de cajeros automáticos para robar cantidades millonarias a los clientes, fue detenido el pasado 27 de mayo de forma provisional y con fines de extradición.
A finales de julio, el juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México concedió a Tudor una suspensión para evitar su extradición a Rumania; el empresario también solicitó a las autoridades mexicanas obtener la condición de refugiado.
En junio, el Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México le concedió una suspensión contra actos de incomunicación, destierro, desaparición forzada y extradición.
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Sin embargo, el proceso de extradición seguirá su curso y el imputado podrá presentar sus alegatos en una audiencia; posteriormente el juez resolverá sobre el fondo e informará a las autoridades mexicanas, quienes tendrán la última palabra al respecto.
A mediados de junio, fue vinculado a proceso junto con otras dos personas por la presunta comisión de violaciones a la Ley de Instituciones de Crédito y asociación delictuosa. La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Florian Tudor, alias “El Tiburon”, así como a Cosmin Adrián Nicolae y Alin Gabriel Stroe, de efectuar ilegalmente más de cinco mil 500 operaciones irregulares de disposición de dinero en cajeros en cinco estados del país.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), Santiago Nieto Castillo, señaló entonces que se bloquearon 520 millones de pesos al grupo vinculado con éste.
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En junio de 2020, un reportaje de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Quinto Elemento Lab y Rise Project, reveló que Tudor y sus cómplices modificaron hasta 100 cajeros automáticos en distintos puntos del país, para robar los datos de tarjetas bancarias de turistas y retirar así dinero de sus cuentas.
Lilia Saúl Rodríguez, periodista de OCCRP, realizó en Aristegui en Vivo un recuento sobre las investigaciones periodísticas, financieras y policiales sobre la Banda de la Riviera Maya, que derivaron en la captura de Tudor.
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