La ambientalista Julia Carabias afirmó que hay una “injustificada y frecuente difamación” del presidente Andrés Manuel López Obrador a defensores ambientales desde su tribuna matutina. La académica respondió así a los señalamientos de “doble moral y doble discurso” que le hizo el presidente por los permisos que se dieron a un banco de material en Calica, Quintana Roo.
Dijo que los señalamientos vulneran la integridad física de quienes trabajan con programas de gobierno, “en zonas muy complejas e inseguras, plagadas de ilícitos, en donde el gobierno no tiene la capacidad de estar presente”.
“Yo no tengo doble moral, como me calumnia, siempre he actuado bajo mis principios y en el marco de la legalidad”, escribió Carabias en una carta.
Esto fue lo que dijo textualmente el presidente López Obrador en la conferencia del 1 de febrero:
Ayer hablaba yo de cómo entregaron el permiso ahí en Calica, en Playa del Carmen, en el paraíso, 400 hectáreas para extraer material, un banco de material, y decía yo que se había entregado el permiso a finales del gobierno de Zedillo. Me están informando, y lo voy a constatar, de que era Julia Carabias la secretaria del Medio Ambiente y es como la gran defensora del medio ambiente.
Imagínense, entregar un permiso para extraer material de construcción para un banco de materiales de construcción a mil metros de la playa, del Caribe, del mar turquesa, de las zonas más bellas del mundo. Siempre el doble discurso, la doble moral. Entonces, eso ya no.
El Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD), fundado por Carabias, afirmó que “La acusación presidencial no se sostiene, especialmente porque los instrumentos de supervisión y vigilancia medioambiental -vigentes hasta hoy, desde hace más de 20 años- fueron construidos precisamente, en la administración y bajo la responsabilidad de Carabias. Acusar a una ex-funcionaria pública por hechos ocurridos más de 17 años después de su gestión, no solo es un abuso fuera de toda lógica, sino que estigmatiza a quienes, como Julia Carabias, han consagrado su vida y su trayectoria profesional a favor de la preservación y sostenimiento del medio ambiente en México”.
Estos son los puntos centrales de la carta que firma Carabias:
Por ello, me resulta obligado aclarar varios puntos:
La empresa ha realizado actividades extractivas en Playa del Carmen desde 1986 con permisos estatales y federales, autorizados por la entonces SEDUE, la SCT y el gobierno del estado de Quintana Roo.
En 1996 el gobierno del estado de Quintana Roo otorgó autorización a la empresa para ampliar la zona de explotación de la mina a dos predios nuevos, La Adelita y Corchalito, y cada 5 años (hasta 2016) fue renovando la autorización.
En 2000 la Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental, de la Semarnap, autorizó la manifestación de impacto ambiental (MIA) que sometió la empresa para expandir las actividades que ya llevaba a cabo desde 1986 a los dos predios mencionados, en donde el gobierno estatal les había ya permitido operar en 1996. La MIA autorizó el aprovechamiento de la parte por debajo del manto freático en esos predios con una vigencia de 20 años y sujeto a múltiples condicionantes estrictas para mitigar el daño ambiental.
La explotación pétrea es legal en nuestro país. Para garantizar el interés público sobre el privado, la legislación ambiental cuenta con instrumentos preventivos del daño ambiental como es la evaluación de impacto ambiental. Las autorizaciones en materia de impacto ambiental no son permisos incondicionales ni eternos. No son cheques en blanco. Cada autorización compromete y fija condiciones precisas que regulan la operación de cada proyecto, de manera que se minimicen los impactos al medio ambiente.
En la MIA autorizada por Semarnapse impusieron condicionantes numerosas y exigentes, como se dijo arriba, en materias tan diversas como el manejo de los residuos peligrosos, las cantidades máximas de material que se pueden extraer cada año, medidas de mitigación, prevención y/o compensación y la restauración de áreas afectadas, entre muchas otras. También estableció la obligación a la empresa de presentar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informes periódicos de cumplimiento de las condicionantes. En caso de incumplimiento la autoridad podía suspender la operación o revocar la autorización en cualquier momento.
El actual gobierno tiene los fundamentos jurídicos y técnicos para evaluar si esa explotación minera operaba dentro de parámetros ambientales aceptables. Cuenta con esos instrumentos gracias a las condicionantes que se establecieron en la autorización.
Si se llevó a cabo o no el seguimiento y evaluación de las condicionantes, no es un tema de mi responsabilidad. La Semarnap, en su momento actuó conforme al marco legal vigente y la autorización fue legal y se ajustó al conocimiento y las evidencias entonces disponibles, en un sitio y para un proyecto que ya se realizaba ahí desde los años ochenta y que contaba con autorizaciones previas del gobierno estatal.
El gobierno local modificó en 2009 la regulación que antes autorizaba a Calica operar en esos terrenos y el programa de ordenamiento ecológico nuevo del municipio de Solidaridad, los declaró incompatibles para la minería.
En el 2017 la Profepa realizó inspecciones en las cuales señaló que Calica no estaba cumpliendo con las condiciones de la autorización de impacto ambiental y en enero de 2018 impuso una clausura parcial al banco de materiales de Calica.
Es por esos hechos – la modificación de la legislación municipal y las actuaciones de la Profepa – entre otros, que la empresa alega la afectación de sus derechos y por lo que, en 2018, interpuso un arbitraje en CIADI en contra del Estado mexicano.
Resultaría indignante que México tuviera que pagar la indemnización que demanda la empresa en caso de que ella gane el juicio, pero corresponde al gobierno actual la defensa de los actos realizados desde el 2009 por autoridades de los tres órdenes de gobierno que son motivo de ese conflicto internacional. Es en ello que se debe concentrar la atención. Sobre este asunto no tengo ninguna responsabilidad. Sin duda, lo más conveniente para todas las partes es que el conflicto se resuelva de manera negociada.
Sobre los cuestionamientos del Presidente y el gobierno federal a mi actuación al frente de la Semarnap, es oportuno decir, justo en este momento en que hay una desregulación nunca antes vista de las normas y los procedimientos de evaluación para proteger el medio ambiente, que es precisamente gracias a la legislación ambiental (surgida y fortalecida entre 1987 y 1996) que la autorización otorgada en 2000 es pública y trasparente, por lo que puede ser objeto de un debate informado que nos permita evaluar con seriedad la gestión ambiental.
Hago votos para que, en el futuro, las obras y actividades que requieran una autorización en materia ambiental sigan siendo sometidas a dicho procedimiento, independientemente de la prioridad que le asignen sus promotores y que se mantenga la máxima publicidad de sus resultados. Esa es la forma en que el derecho ambiental mexicano garantiza la protección de los ecosistemas y la legalidad de cada obra. Más de veinte años después, el Estado mexicano sigue contando con ese instrumento jurídico, útil y transparente.
Insisto, una vez más, que la injustificada y frecuente difamación que hace el Presidente a muchos defensores ambientales desde su tribuna matutina, como lo ha hecho en esta ocasión a mi persona, nos hace vulnerables en nuestra integridad física, sobre todo a quienes trabajamos, coadyuvando con programas de gobierno, en zonas muy complejas e inseguras, plagadas de ilícitos, en donde el gobierno no tiene la capacidad de estar presente.
Ojalá que, en vez de atacar, el Presidente volteara a conocer y resolver la situación en la que se encuentran estos sitios y que su coraje con la empresa Calica – Legacy Vulcan no siga poniendo en riesgo a quienes trabajamos por México con el único interés de defender la naturaleza y los derechos humanos. Yo no tengo doble moral, como me calumnia, siempre he actuado bajo mis principios y en el marco de la legalidad. Ciudad de México. 5 de febrero de 2022.
Por otro, lado, esto fue lo que dijo el presidente López Obrador en la conferencia mañanera del 1 de febrero, cuando tocó el tema por primera vez (sin mencionar directamente a Carabias):
Sí, se llama Calica la empresa mexicana, pero la empresa constructora es de Estados Unidos.
Y entregaron el permiso el día 30 de noviembre del 2000, un día antes de que entrara el nuevo gobierno, o sea, estaba Zedillo, quién sabe quién era el secretario del Medio Ambiente, pero debe de ser una persona ambientalista, de estos que ya se volvieron paladines de la defensa del territorio.
Pero le dieron la concesión, entonces escarban, dejan los socavones y se llevan el material, pero se les venció el plazo, tanto de la mina para extraer como para el uso del puerto en donde sacan.
Aquí está, miren. ¿No te costó mucho trabajo? Aquí está Xcaret, todo esto es la Riviera Maya, aquí está el banco, o sea, es cómo destruir el paraíso, y esto lo estamos viendo porque a lo mejor los dueños ni saben y en una de esas hasta participan en los congresos de cambio ambiental. Entonces, por aquí sacan a Estados Unidos. Y así están otros casos ahí, un desorden.
En Tulum por eso también se va a proteger, porque es del medio ambiente, pero además es la actividad económica principal el turismo, ya hablamos de cuánto ha dado el turismo de esta región, que hay que cuidar esta actividad y el medio ambiente. Entonces, hay estos problemas que se están arreglando.
Ah, pero no termino de decirles. Como no se les amplió la concesión porque estaban incumpliendo, bueno, violando, destruyendo el territorio, se fueron a una denuncia internacional, y están pidiendo una indemnización, no sé, de millones de pesos, o sea, que todavía nosotros les tenemos que pagar.
Esa es la mina y aquí está el barco, pero esto, toda esta costa es azul turquesa. Bueno, en esa mina, que es una de las propuestas que les estamos haciendo, como ya escarbaron, el agua aquí es turquesa por la piedra, entonces, con un poco de imaginación y de talento se podría utilizar como zona turística, casi albercas naturales, buscando un acuerdo, pero que ya no se siga destruyendo y que retiren su demanda, porque no tiene fundamento legal.
Y sólo es porque… No voy a mencionar el nombre de la empresa, pero sí es de las más importantes en Estados Unidos. Pero podrá ser muy importante, pero esto no lo podemos permitir tiene que haber un acuerdo.
Source link