La propuesta de ley registrada el jueves en el Parlamento catalán por los partidos de gobierno, ERC y Junts —aunque anoche esta formación amagaba con descolgarse—, y dos grupos de la oposición, PSC y los comunes, significa la sustancial normalización del catalán y el castellano en la escuela. Por primera vez de forma explícita, la Ley de Política Lingüística reconoce a los centros escolares la facultad de decidir el uso del castellano para garantizar el pleno conocimiento de ambos idiomas al terminar los estudios de secundaria. La iniciativa conjunta de los partidos se adelanta por un día a la exigencia —que culminaba este viernes— de aplicar el 25% de castellano establecido por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El mismo tribunal reconocía su incomodidad al intervenir en una función que no le corresponde, pero ha sido la presión de la sentencia la que ha logrado que una amplia mayoría de la Cámara (106 de 135 diputados) negociase una reforma que ratifica la coexistencia en las aulas de las dos lenguas mayoritarias que conviven en Cataluña. El acuerdo pone en manos de la dirección de los centros la capacidad de determinar “los instrumentos de control, evaluación y mejora de las competencias lingüísticas” en cada idioma, de acuerdo con la situación sociolingüística de la escuela en la geografía de esa comunidad. El catalán seguirá siendo la lengua vehicular, mientras que el castellano “tendrá garantizada una presencia adecuada en los currículums y en los proyectos educativos”.
La reforma da un paso relevante hacia la erradicación del uso de la lengua como munición política y transmite a la población un mensaje de cordura pacificadora. Flexibilizar el sistema de la inmersión lingüística significa hacerlo más fuerte para que en aquellos lugares donde el dominio del castellano sea socialmente preponderante el catalán tenga una presencia compensatoria en la escuela, y a la inversa en los lugares donde suceda lo contrario. Las diferencias sociolingüísticas en Cataluña son significativas, como lo son en las grandes ciudades y en sus distintos barrios. Es esa realidad plural la que debe determinar las prácticas curriculares.
Hace bien el preámbulo de la propuesta en subrayar que también la escuela está en transformación, como el resto de la sociedad, y tanto la enseñanza digital como el multilingüismo que ha aportado la inmigración del siglo XXI son ya una realidad común. Eso puede haber acentuado la heteroglosia, es decir, el uso de uno u otro idioma en función de la naturaleza de la comunicación: el objetivo de reducirla —y que el catalán o el castellano no sirvan solo para el recreo, las matemáticas o la gimnasia— solo puede beneficiar la escolarización de muchachos capaces de usar con la misma suficiencia ambas lenguas. Ese es un objetivo de país del que no es fácil entender que se autoexcluyan tanto Ciudadanos como el PP, aunque tampoco es fácil comprender el rechazo del expresidente Quim Torra, las dudas de última hora de Junts o la lectura apocalíptica de la CUP al creer que la ley termina con la inmersión lingüística, cuando en realidad la culmina y perfecciona. La realidad social catalana es menos angosta, monolítica y excluyente de lo que algunos sectores sueñan. El acuerdo, por el contrario, inyecta realismo y credibilidad en una escuela demasiadas veces usada como espacio de enfrentamiento político.
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