Insiste el Presidente en ir a elecciones plebiscitarias en 2021 | Artículo

Rogelio Muñiz Toledo

“Hubo tiempos en el sistema político mexicano, en los que expresar abiertamente diferencias y posiciones propias no tenía cabida”: Manuel Camacho Solís *

El presidente López Obrador busca que las elecciones del próximo año tengan un carácter plebiscitario para que el electorado se pronuncie sobre la continuidad de las acciones de su gobierno más que sobre las plataformas electorales de los partidos y candidatos contendientes.

Por eso su insistencia en que la votación para la consulta sobre la revocación de mandato del presidente de la República -ejercicio democrático cuyo principal impulsor ha sido él y que ahora parece incomodarles tanto a los sectores más intransigentes de Morena- fuera en la jornada electoral del 6 de junio de 2021 o, ante la negativa de las oposiciones a esta fecha, el 21 de marzo del próximo año, cuando los procesos electorales ya estarían en curso. Como no lo consiguió, ahora lo intenta por otra vía.

Pareciera que la amplia legitimidad de origen del presidente de la República, el mandato de las urnas para el cambio y sus aún altos niveles de aprobación harían innecesario que López Obrador buscara ir a una elección plebiscitaria para legitimar su propuesta de cambio, no hay que olvidar que en 2018 más del ochenta por ciento del electorado votó no solo por la alternancia sino por el cambio político y la transformación del régimen. Entonces, ¿por qué el Presidente insiste en hacer de los comicios del 2021 una elección plebiscitaria y no simplemente una elección parlamentaria y de gobiernos locales, en la que su partido impulse una agenda para profundizar en el cambio político?

El Presidente sabe que debido al desgaste de su gobierno por algunas decisiones de dudosa legalidad, controvertidas o implementadas con ineficacia; a los pésimos resultados de la mayoría de los gobernadores de Morena; a las decisiones autocráticas, y en ocasiones inconstitucionales, de sus mayorías parlamentarias en el Congreso de la Unión y en los de las entidades federativas; y, ahora también a las consecuencias sociales de unas crisis sanitaria y económica que su gobierno no ha sabido enfrentar de la mejor forma, la intención del voto por Morena ha disminuido significativamente, y como él no estará en la boleta insiste en hacer de las elecciones del 2021 un plebiscito sobre su gobierno, o al menos sobre sus principales decisiones sobre el cambio, con la intención de trasladar sus niveles de aprobación a los candidatos de su partido.

Para lograrlo, el Presidente ha tomado una ruta que lo hace olvidar el carácter pluralista de la democracia mexicana -“¿para qué tantos partidos?, debería de haber dos: partido liberal y partido conservador”, dijo esta semana- y que en el México del siglo XXI vivimos en una sociedad abierta -“aquella en la que los individuos deben adoptar decisiones personales” y que se aleja del tribalismo, el colectivismo, “la Inquisición” y “la Policía Secreta”, según la clásica definición de Karl Popper- y lo ha llevado a acudir a un discurso decimonónico para agrupar a las oposiciones en un supuesto “bloque conservador” que se opone al cambio impulsado por el “partido liberal” encabezado por él, y a aprovechar la comunicación social del gobierno para difundir un documento, cuyo origen y autenticidad dijo desconocer, con la pretensión de demostrar la existencia de un supuesto bloque opositor que conspiraría contra su gobierno, deslegitimar a integrantes de las instituciones electorales y de la sociedad civil y a algunos medios de comunicación y desconocer el derecho de las oposiciones a contender políticamente con su gobierno y electoralmente con su partido, a presentarse como un alternativa de gobierno y, si así lo deciden los electores, a transformarse en mayoría parlamentaria.

Convendría que el Presidente López Obrador asumiera que, como escribió Manuel Camacho Solís hace veintiséis años, “la única manera de hacer el cambio es contar con el respaldo de todas las fuerza políticas del país”, que para ello es necesario estar dispuesto a tomar en cuenta a quienes no piensan como él o no coinciden con su gobierno y que un retroceso autoritario impediría el cambio.

Para ello tal vez bastaría que el Presidente recordara que esas oposiciones a las que pretende agrupar en el “Partido Conservador”, son las mismas que hicieron posible la designación de tres integrantes de la Suprema Corte, propuestos por él, y la aprobación de nueve reformas constitucionales en los primeros dieciocho meses de su gobierno, seis de ellas con contenidos de su agenda política y de la plataforma electoral de Morena en el 2018: el reconocimiento constitucional de derechos sociales y de las garantías para su ejercicio; la prohibición de las condonaciones de impuestos; la revocación de mandato; una reforma educativa para revertir la del sexenio anterior; la prisión preventiva oficiosa para los delitos de uso de programas sociales con fines electorales y de corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones; y una nueva estrategia de seguridad pública y la creación de la Guardia Nacional.

Pero para que las elecciones del 2021 tengan un carácter plebiscitario no basta con que el Presidente López Obrador lo quiera, si las oposiciones desean evitarlo debieran ir a los debates electorales a exigirle al partido en el gobierno que ratifique su compromiso con la democracia, el Estado de Derecho y la estabilidad del sistema político y que haga explícitos los contenidos de la transformación y el sentido del cambio político que impulsan y tendrían que ser capaces de construir agendas políticas -no una agenda como lo quiere López Obrador-, y en su momento plataformas electorales, que reflejen el pluralismo de la sociedad mexicana; en las que ratifiquen su compromiso con el proceso de cambio político, la transformación del régimen y las políticas de bienestar y que no estén centradas exclusivamente en la descalificación del cambio propuesto por el Presidente; en las que hagan públicas sus razones para oponerse al sentido de determinadas reformas de la 4T -con una racionalidad ajustada a fines que aleje cualquier sombra de duda de que conforman una coalición que defiende intereses y complicidades-; y con las que impulsen reformas concretas para el cambio del régimen, por ejemplo, el Estado de Bienestar, el ingreso básico, un nuevo federalismo y los derechos de las minorías parlamentarias.

Ante lo incierto del escenario político y económico a nivel nacional e internacional y lo imprevisible del resultado de unas elecciones que se celebrarán dentro de un año, convendría que el Presidente viera a las oposiciones -o al menos a algunas de ellas- no como un bloque de “conservadores” enemigos de la República -bajo la lógica de las confrontaciones políticas del siglo XIX- que solo buscan el fracaso de su gobierno, sino como contrapesos necesarios en toda democracia e incluso como posibles aliados para la segunda parte de su administración y que, como lo escribí en este espacio una semana antes de la elección de 2018, no desechara un escenario en el que, si en la elección intermedia su partido no consigue la mayoría en la Cámara de Diputados, pudiera optar por un gobierno de coalición en términos del artículo 89, fracción XVII, de la Constitución.

Optar por un gobierno de coalición le permitiría al Presidente garantizar una mayoría parlamentaria para sacar adelante sus reformas y presupuestos, conseguir un equilibrio en su agenda de cambio y en su programa de gobierno, modificar la integración de su gabinete -medida que con o sin gobierno de coalición urge para subsanar la ineficacia de muchas áreas de la administración pública- con la incorporación de algunos secretarios pertenecientes a las minorías parlamentarias coaligadas que compartieran su propuesta de cambio de régimen y su política de bienestar, e integrar a un Jefe de Gabinete que también proviniera de las oposiciones coaligadas y que fuera a la vez secretario de Gobernación, para que hiciera eficazmente la función de coordinación del gabinete y de vinculación con los otros poderes -sobre todo con el Congreso- y con los gobiernos locales; con esto último, además, el Presidente lograría subsanar el principal déficit de su gobierno en estos dieciocho meses.

* Fue Jefe del Departamento del Distrito Federal, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología y de Relaciones Exteriores, Comisionado para la paz y la reconciliación en Chiapas, candidato a la presidencia de la República y legislador federal por el PRD