La decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED-ONU) de llevar la situación de México ante la Asamblea General de Naciones Unidas representa un momento “muy importante” e incluso “histórico”, afirmó Sara Hernández, integrante del Comité ¡Eureka! y esposa de Rafael Ramírez Duarte, víctima de desaparición forzada desde junio de 1977.
En un mensaje enviado al equipo de Aristegui en Vivo, Hernández sostuvo que rechazar dicha determinación implicaría “un retroceso lamentable” y una postura alejada del sentir de las familias afectadas. “Es una decisión que se desconecta con el sentir de las familias”, advirtió.
Subrayó que el respaldo a la intervención internacional no busca confrontar al gobierno federal ni a la llamada izquierda, sino contribuir a la solución del problema. “No es para golpear al actual gobierno ni ir en contra de la supuesta izquierda: es aceptar para solucionar el problema y que eso fortalezca el proyecto frente a las verdaderas amenazas”, señaló.
Respecto a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha planteado que las desapariciones actuales no responden a motivos políticos como en el pasado, Hernández consideró que, si bien ese planteamiento puede tener elementos de verdad, persisten condiciones estructurales que permiten que el delito continúe. “La realidad demuestra que lo siguen siendo por la complicidad y la impunidad”, afirmó, al recordar que la desaparición forzada es un delito continuado que no prescribe.
En ese sentido, cuestionó los alcances de las acciones emprendidas desde 2018, al señalar que resultan insuficientes mientras no haya verdad ni justicia en casos concretos. “Reconocer lo hecho desde 2018 a la fecha sirve de poco, o no sirve, si seguimos sin saber dónde está Rafael Ramírez Duarte, quiénes lo desaparecieron y que enfrenten la justicia”, expresó.
Hernández explicó que la solicitud del CED-ONU se centra en brindar cooperación técnica a México en materia de búsqueda, análisis forense e investigación, y cuestionó los argumentos en contra de dicha asistencia: “¿En qué perjudica a nuestro país esto?”, planteó.
Al referirse a las desapariciones ocurridas durante el periodo conocido como terrorismo de Estado -en las décadas de 1960, 1970 y 1980-, precisó que las familias de esa época no encajan en la categoría actual de colectivos de búsqueda, debido a que, afirma, existe certeza sobre la responsabilidad estatal. “No buscamos a nuestros familiares en el sentido que hoy existe, porque tenemos información y certeza que fue el Estado quien los secuestró por motivos políticos”, indicó.
No obstante, subrayó que esa diferencia no implica minimizar la gravedad de las desapariciones recientes. “Ser familiar de un desaparecido político de aquellas décadas no debe ser motivo para descalificar la gravedad o responsabilidad de las actuales: siempre acompañamos y acompañaremos a familiares de las desapariciones recientes”, afirmó.
La integrante del Comité ¡Eureka! sostuvo además que el Estado mexicano cuenta con información sobre el paradero de las víctimas del terrorismo de Estado, por lo que insistió en la necesidad de avanzar en la investigación y judicialización de los responsables. Señaló que incluso existen nombres de perpetradores documentados, incluidos en el informe de la Comisión de la Verdad impulsada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Sobre dicha comisión, cuestionó sus resultados y la falta de continuidad en las investigaciones. “Haber almacenado sus informes, no haber continuado la investigación y mantener sin castigo a los responsables es precisamente la muestra de que hoy el Estado no puede, o no quiere, procesar ni siquiera aquellas desapariciones”, afirmó, al poner en duda que estos avances puedan considerarse suficientes a nivel internacional.
Hernández también relató un episodio ocurrido en marzo de 2024, cuando la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) informó que existían “indicios de localización” de Rafael Ramírez Duarte. Tras solicitar información, fue citada junto con su familia por la entonces titular del organismo, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún. Según su testimonio, al acudir a la reunión recibieron una disculpa reiterada: “discúlpennos fue un error”, y posteriormente un documento que confirmaba que Ramírez Duarte permanece desaparecido desde 1977.
En el encuentro, añadió, estuvieron presentes funcionarios de la CNB y de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. Hernández cuestionó si este tipo de actuaciones buscaban reducir artificialmente las cifras de personas desaparecidas y criticó lo que calificó como una revictimización: “¿Es así como querían reducir el número de personas desaparecidas?”.
Sobre el reciente pronunciamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presidida por Rosario Piedra Ibarra, hija de Rosario Ibarra de Pierda, fundadora del Comité ¡Eureka!, mismo que descalificó los señalamientos del CED-ONU, expresó escepticismo sobre su postura: “Qué esperar de esa Comisión”, concluyó.
Lee el mensaje completo de Sara Hernández:
Para estos momentos que está viviendo nuestro lastimado país, en el tema de desapariciones forzadas, es importante la decisión que tomó el CED-ONU, de la situación que padecemos para llevarlo ante la Asamblea General de la ONU. Es un momento muy importante, como dices: histórico.
No aceptarlo, es un retroceso lamentable. Es una decisión que se desconecta con el sentir de las familias.
Y frente a lo dicho por algunos de tus radioescuchas, no es para golpear al actual gobierno ni ir en contra de la supuesta izquierda: es aceptar para solucionar el problema y que eso fortalezca el proyecto frente a las verdaderas amenazas.
Lo dicho por la Presidenta Sheinbaum, que las desapariciones pueden ya no ser forzadas por motivos políticos como en el pasado, puede ser cierto pero la realidad demuestra que lo siguen siendo por la complicidad y la impunidad. Recordemos que se trata de un delito continuado y no prescribe. Reconocer lo hecho desde 2018 a la fecha sirve de poco, o no sirve, si seguimos sin saber dónde está Rafael Ramírez Duarte, quiénes lo desaparecieron y que enfrenten la justicia.
Lo que solicita el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, es que se le brinde a nuestro país la cooperación técnica en búsqueda, análisis forense e investigación. ¿En qué perjudica a nuestro país esto?
Es importante decir que, como familiares de la desaparición forzada en los años del terrorismo de Estado {décadas de los 60,70 y 80}, No Buscamos a nuestros familiares en el sentido que hoy existe, porque tenemos información y certeza que fue el Estado quien los secuestró por motivos políticos; No somos un ‘colectivo de buscadoras’ pero vivimos con la misma rabia y el mismo dolor el infierno de la impunidad en que todos los gobiernos, pri, pan y morena, han tenido y tienen a nuestro país.
Pero ser familiar de un desaparecido político de aquellas décadas no debe ser motivo para descalificar la gravedad o responsabilidad de las actuales: siempre acompañamos y acompañaremos a familiares de las desapariciones recientes.
El Estado mexicano sabe dónde están los desaparecidos del terrorismo de Estado. Por ello seguiremos exigiendo la investigación y judicialización de estos casos; hay nombres de los perpetradores (incluso en el reciente informe de la Comisión de la verdad que mandató y desatendió AMLO).
Algunos familiares participamos en esa Comisión ¿para qué sirvió? Haber almacenado sus informes, no haber continuado la investigación y mantener sin castigo a los responsables es precisamente la muestra de que hoy el Estado no puede, o no quiere, procesar ni siquiera aquellas desapariciones. ¿Cómo podría el CED reconocer esto como suficiente?
En marzo del 2024 la Comisión Nacional de Búsqueda informó, mediante listas, que “había indicios de localización de Rafael Ramírez Duarte”. De inmediato enviamos escritos solicitando nos dieran esa información. Después de tanta insistencia por todos los medios, nos citaron en la oficina de quien era titular, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún. Desde que llegamos dijo y repetía: “discúlpennos fue un error” para que al final nos dieran un escrito que decía que Rafael Ramírez Duarte era desaparecido desde 1977. Estuvieron presentes funcionarios de esa CNB y de la Procuraduría de Justicia de la CDMX. ¿Es así como querían reducir el número de personas desaparecidas? ¿Puede reconocerse como avance tal revictimización y terminar por decir lo que ya estaba establecido hace décadas?
En estos días sale un comunicado de la CNDH, en el que descalifica lo dicho por el CED – ONU. Qué esperar de esa Comisión.
Agradezco y estimo tu atención
Sara H. de Ramírez Duarte