La tercera ola del coronavirus también golpea con fuerza en las cárceles. El Ministerio del Interior ha acordado este miércoles aislar la mayor cárcel de España, el Centro Penitenciario Antoni Asunción, en la localidad valenciana de Picassent, después de que un cribado entre la población reclusa haya detectado 133 positivos por la covid-19, según ha informado Instituciones Penitenciarias. La medida supone que, durante un periodo inicial de dos semanas, “solo se permitirá el acceso [a esta cárcel] al personal funcionario y laboral, y al personal extrapenitenciario cuya labor sea indispensable”, y que quede suspendido cualquier tipo de comunicaciones de los reclusos con familiares y abogados, incluidas las que se realizan a través de locutorios, y las salidas por permisos o para realizar actividades. También se suspenden los talleres productivos, en los que trabajan presos junto a personal externo de las empresas que se encargan de ellos. La medida es similar a que Interior adoptó en marzo pasado, cuando estalló la crisis sanitaria, y que entonces se aplicó a todos los centros penitenciarios.
El brote de Picassent afecta al 7% de los 1.910 reclusos que actualmente permanecen recluidos en este presidio, aunque Instituciones Penitenciarias destaca que la inmensa mayoría son asintomáticos y solo algunos “presentan sintomatología leve. No ha sido necesario trasladar a ninguno a un centro hospitalario”, añaden. Para evitar la propagación de la enfermedad, la dirección del centro también ha ordenado que los 473 internos recluidos los módulos donde estaban los afectados permanezcan confinados en sus celdas, en aplicación del protocolo sanitario para minimizar el riesgo de contagio.
También han dado positivo en la prueba PCR 16 funcionarios de la prisión y seis trabajadores más se encuentran en aislamiento. Otros seis trabajadores del colindante Centro de Inserción Social (CIS, donde cumplen sus penas los presos en régimen de semilibertad) también se han visto afectados. Prisiones cifra en 27 el número de trabajadores en cuarentena para prevenir contagios.
En otra prisión de la comunidad valenciana, la situada en la localidad alicantina de Villena, se han detectado 45 internos infectados después de que un rastreo realizado en las últimas horas haya permitido identificar 28 nuevos casos. Según Prisiones, “todos son asintomáticos”. Además, siete funcionarios destinados en esta cárcel están de baja por la enfermedad. El número de reclusos confinados en sus celdas con carácter preventivo se eleva a 140. También muestran una incidencia alta en la enfermedad la cárcel de Teruel, con 50 presos enfermos de coronavirus, y la prisión de Sevilla I, en la que han dado positivo recientemente 17 internos.
El sindicato CSIF ha denunciado en un comunicado que los últimos datos son “el peor registro de positivos desde que comenzó la pandemia”. Este sindicato asegura que, según su propio recuento, en las últimas dos semanas se han detectado 611 infecciones (274 trabajadores y 337 internos) y 1.354 personas más están en cuarentena (1.038 presos y 316 trabajadores) en centros penitenciarios de toda España. Además de los de Valencia, Alicante, Teruel y Sevilla, la CSIF señala como cárceles afectadas las situadas en las provincias de Palencia, Murcia, Lleida, León, Asturias, Cádiz y Granada. El sindicato mayoritario, Acaip-UGT, también ha criticado en un comunicado la situación en la cárcel Picassent, cuyo cierre de este miércoles asegura que llega “muy tarde”. Según Acaip-UGT, el primer “brote grave” de la enfermedad en esta prisión se detectó el pasado 8 de enero y destaca que entonces Interior no tomó “medidas drásticas y tajantes” para evitar la propagación de la enfermedad.
Según la última estadística elaborada por Interior sobre la incidencia de la covid en las 71 cárceles dependientes del Ministerio -las prisiones catalanas son gestionadas por la Generalitat-, desde el 22 de junio (fecha de finalización del estado de alarma) hasta el pasado 21 de enero se habían detectado 948 contagios entre presos, de los cuales uno había fallecido y solo 302 seguían siendo considerados casos activos. En ese mismo periodo se habían dado 1.025 casos entre los funcionarios de prisiones (también con un fallecimiento), de los que 273 seguían activos a esa fecha.
Estas cifras de contagio, que incluyen tanto la segunda como la tercera ola de la pandemia, son muy superiores a las que se registraron mientras estuvo en vigor el estado de alarma, entre el 14 de marzo y el 21 de junio. Entonces, Prisiones tuvo constancia de que 85 presos y 278 funcionarios se contagiaron por el coronavirus. Durante aquel periodo fallecieron cuatro trabajadores y dos internos por la enfermedad, según los datos oficiales. La afectación de la covid-19 entre la población reclusa fue entonces cuatro veces inferior a la de la población en general.
Las medidas adoptadas ahora con la prisión de Picassent no son las primeras que Instituciones Penitenciarias se ve obligada a tomar durante la nueva oleada de la enfermedad. De hecho, el pasado lunes solo las cárceles de Ibiza, Menorca, Tenerife II y Santa Cruz de La Palma estaban libres de restricciones. En el resto, salvo con alguna excepción en las de Aranjuez (Madrid) y Zaballa (Álava), ya se habían suspendido todas las comunicaciones familiares, de convivencia e íntimas (los llamados vis a vis) y solo se permitirá a los presos contactar con sus familiares, amigos y abogados a través de locutorios separados por una mampara de cristal. Para paliar la situación de aislamiento que estas restricciones suponen, Interior ha ampliado el número de llamadas telefónicas que tienen autorizadas realizar los internos (15 llamadas cada siete días, en lugar de las 10 habituales) y potenciado el uso de videollamadas.
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