El paso por la Audiencia Nacional del ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez (PP), ha sido breve. De momento. El número dos de Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz se negó este viernes a declarar ante el juez Manuel García-Castellón, que lo citó como imputado en el caso Villarejo por su presunta relación con el espionaje de la policía patriótica al extesorero popular Luis Bárcenas.
El ex secretario de Estado de Seguridad, al que se le atribuye la autorización del pago de los fondos reservados usados en la Operación Kitchen, aterrizó este viernes sobre las diez y media de la mañana en la Audiencia Nacional. Acompañado por su abogado, apenas permaneció media hora en el interior del órgano judicial, donde informó al magistrado que se acogía a su derecho a no responder a las preguntas del propio juez y de los fiscales que investigan el caso Villarejo. El diputado conservador, que dejó la política el pasado año y volvió a su puesto de funcionario en las Cortes, tampoco quiso hacer declaraciones a los medios de comunicación.
Desde que se conociera su imputación el pasado miércoles por la noche, Martínez solo ha emitido un breve comunicado. “A pesar de los errores que, sin duda cometí, siempre trabajé para prestar el mejor servicio al interés general y siempre lo hice con absoluto respeto a la Ley”, afirmó el antiguo parlamentario del PP en esa nota, donde insistió en su inocencia: “Tengo plena confianza en la acción de la justicia y defenderé mi gestión siguiendo las directrices de mis abogados”. En este sentido, su primera decisión ha sido guardar silencio ante el juez.
Pese a ello, su mera comparecencia ya supone un salto cualitativo en la instrucción. La antigua mano derecha de Fernández Díaz es el primer cargo político del Gobierno de Mariano Rajoy al que señala directamente la justicia. Hasta ahora solo había desfilado por la Audiencia Nacional la antigua cúpula policial. De hecho, precisamente, las declaraciones de los comisarios Eugenio Pino y Enrique García Castaño estrecharon el cerco sobre Martínez. Ambos fueron los que le señalaron como el responsable de financiar el espionaje ilegal a Bárcenas mediante el uso de los fondos reservados. Además, se hallaron recibos con la firma del exdiputado del PP.
En estas pesquisas del macrosumario del caso Villarejo se desentraña la bautizada como Operación Kitchen, el dispositivo de seguimiento activado por Interior contra el extesorero popular al estallar en 2013 el escándalo de los papeles de Bárcenas, que reveló la existencia de una caja b dentro del PP nacional. La principal tesis de los investigadores es que el operativo tenía como objetivo hacerse con documentación que aún pudiera guardar el extesorero y que pudiera resultar comprometedora para el partido conservador.
Un despliegue que Pino y García Castaño no solo han reconocido en sus comparecencias ante el juez —aunque defendieron su legalidad al enmarcarlo dentro de una investigación policial—, sino que también han detallado cómo se usó el dinero público de la partida de los fondos reservados para costear, entre otros pagos, el abono mensual de 2.000 euros al entonces chófer del antiguo dirigente del PP, Sergio Ríos, también imputado; los gastos de un preso que coincidió con Luis Bárcenas en su primera etapa en la cárcel; y el supuesto asalto de la casa del extesorero por parte de un falso sacerdote.
Es más, García Castaño volvió este viernes a la Audiencia Nacional a declarar como imputado y, de nuevo, ratificó el relato que señala directamente al ex secretario de Estado de Seguridad. El agente reiteró, como contó el pasado octubre, que en la Operación Kitchen también se adquirió un ordenador para tratar la información que se había conseguido de forma irregular de los móviles de Bárcenas y su mujer. Según el comisario, ese equipo informático y todos los datos que se grabaron en su memoria eran supuestamente para Francisco Martínez. La instrucción, de momento, no ha apuntado más alto.
Un salto en la investigación
La imputación de Martínez implica un salto en la instrucción del caso Villarejo, que no para de crecer. La investigación apunta por primera vez a un cargo político del Gobierno, después de que ya haya señalado previamente a la antigua cúpula policial y a grandes empresas, como BBVA, Mutua Madrileña o Iberdrola. “Pasamos al nivel tres de las pesquisas. El primero eran los encargos privados ilegales de pequeñas empresas y particulares a Villarejo. El segundo, los de las grandes compañías. Y ahora, los de los propios Gobiernos del país”, señala Podemos, personado como acusación popular en la causa.
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