La nueva política penitenciaria con los presos de ETA puesta en marcha en 2018 por el Gobierno de Pedro Sánchez se ha teñido este viernes de polémica. El Ministerio del Interior ha anunciado el próximo traslado del antiguo miembro del comando Andalucía Harriet Iragi Gurrutxaga desde el centro penitenciario de Castellón II, en la localidad de Albocàsser, a la prisión de Logroño pese a que la junta de tratamiento –órgano integrado por profesionales penitenciarios– había propuesto mantenerlo en su actual situación por cinco votos contra dos. Iragi fue condenado entre 2001 y 2002 por los asesinatos del concejal del PP de Málaga José Martín Carpena, el fiscal Luis Portero y el coronel médico Antonio Muñoz Cariñanos a penas que suman 128 años de cárcel, de los que tendrá que cumplir un máximo legal de 30 años.
En prisión desde octubre de 2002, Iragi llevaba en la cárcel de Castellón desde 2012, donde estaba clasificado en primer grado penitenciario, el más duro, lo que le impide, por ejemplo, solicitar permisos de salida, detallan fuentes penitenciarias. No obstante, desde hace tiempo se le aplicaba el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario por su buen comportamiento, lo que le permitía acceder a algunos de los beneficios del segundo grado o régimen ordinario. Así, ocupaba una celda en un módulo con otros presos en esta clasificación penitenciaria, tenía un destino como encargado de limpieza y participaba en actividades dentro de la cárcel. También había aceptado la legalidad penitenciaria y presentado un escrito en el que manifestaba su rechazo a la violencia y su pesar por el sufrimiento causado a las víctimas, según ha destacado Interior en la nota en la que informa de su traslado.
Pese a ello, la junta de tratamiento decidió en su última reunión proponer que Iragi estuviera tres meses más clasificado en primer grado y que no se le trasladase por ahora a una cárcel más próxima al País Vasco. El motivo que alegaban los cinco miembros de la misma que decantaron la decisión en este sentido era “la gravedad de los delitos cometidos”. Pese a ello, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que tiene la última palabra, ha anunciado este viernes su decisión de clasificarle en segundo grado y proceder en los próximos días a su traslado a la prisión de Logroño, donde ya hay 18 etarras. Para ello, se ha apoyado en los argumentos esgrimidos por los dos miembros de la junta que sí apoyaban mejorar la situación del etarra. Estos recalcaban la positiva progresión mostrada por el etarra tanto en su comportamiento como en la asunción de los delitos cometidos. También en que Iragi cumplirá las tres cuartas partes de su condena en 2023.
Daniel Portero, presidente de la Asociación Dignidad y Justicia e hijo del fiscal Luis Portero, víctima de Iragi, ha anunciado tras conocer la noticia que recurrirá en los próximos días, en la vía contencioso administrativa, tanto el traslado de este etarra como el del otro autor del aquel atentado, Igor Solana, que se produjo el pasado diciembre. Daniel Portero, diputado del PP en la Asamblea de Madrid ahora disuelta, fue especialmente crítico la semana pasada con el acto de destrucción de 1.400 armas de ETA con las que el Gobierno de Sánchez quiso simbolizar la derrota de la organización terrorista, al que se negó a asistir pese a estar invitado como el resto de representantes de las asociaciones de víctimas. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha emitido un comunicado en el que también ha criticado los traslados: “El Gobierno demuestra una vez más su escasa empatía con las víctimas del terrorismo”.
Junto a Iragi, Interior ha anunciado este viernes otros cinco traslados, entre ellos los de la pareja formada por Íñigo Zapirain y Beatriz Etxebarria. Ambos estaban hasta ahora en el módulo para familias del centro penitenciario de Aranjuez (Madrid), junto a la hija de ambos. Al haber cumplido la niña tres años de edad y no poder seguir en un recinto penitenciario, ambos serán trasladados a la prisión de El Dueso (Cantabria). También cambiarán de centro penitenciario en los próximos días los presos de ETA Asier Badiola (que irá del penal de Valencia al de El Dueso), Jon Joseba Troitiño (de la prisión de Murcia II a la de Logroño) y Jurdan Martitegi (de la cárcel de Soto a la de Martutene, en San Sebastián).
Con los anunciados este viernes, Interior ha realizado desde 2018 un total de 174 acercamientos (que han beneficiado a 160 presos de ETA, ya que algunos reclusos han sido trasladados en más de una ocasión a prisiones cada vez más próximas al País Vasco y Navarra). A ellos se suma la concesión de 17 terceros grados o semilibertades que, a su vez, han supuesto otros 13 traslados para que esta medida fuera efectiva. De los traslados, 137 lo han sido a cárceles del País Vasco, Navarra u otras situadas en provincias próximas. En la actualidad, hay 195 miembros de ETA encarcelados en España y otros 29 en Francia. De estos, 20 están recluidos en las prisiones de Lannemezan y Mont-de-Marsan, las más próximas al País Vasco.
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