Este lunes 15, por videoconferencia, la SCJN continuó con el análisis de la Ley para Regular la Convivencia Civil en el Estado de Colima y sus Municipios.
Al continuar con el análisis de la Ley para Regular la Convivencia Civil en el Estado de Colima y sus Municipios, la Suprema Corte de Justicia invalidó el artículo 20, fracción II, donde se establecía como infracción el impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía pública, la libertad de tránsito o de acción de las personas, siempre que no exista permiso ni causa justificada para ello, al considerar que estas dos exigencias transgredían los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión.
En sesión remota por videoconferencia, el Tribunal Pleno validó, en el mismo asunto, el artículo 18, fracción III, donde se sanciona el producir ruidos que notoriamente atenten contra la tranquilidad o salud de las personas, al considerar que la norma estaba redactada en términos genéricos, por lo que no debía sancionarse cualquier tipo de ruido, sino los que resulten notablemente irritables y que no encuentren justificación en su producción, con lo cual no se vulneraba el principio de taxatividad.
De acuerdo con un comunicado de la Corte, el Pleno estableció que el señalado principio de taxatividad en materia penal, por virtud del cual, el legislador debe precisar con exhaustividad las conductas infractoras, no es aplicable con toda su dureza en el derecho administrativo sancionador, pues en éste la tipicidad goza de mayor flexibilidad, mediante el uso de conceptos jurídicos indeterminados, sin que ello implique alguna arbitrariedad a favor de las autoridades, sino que deben ser razonablemente adecuados.
En la próxima sesión, el Pleno de la SCJN continuará con el análisis de este asunto.
Acciones de inconstitucionalidad 45/2018 y su acumulada 46/2018, promovidas por la entonces Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Ley para Regular la Convivencia Civil en el Estado de Colima y sus Municipios, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad el 24 de marzo de 2018, mediante Decreto 466.