Por Carlos Manuel Juárez
Uno de los tres procesos que mantienen preso al exgobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández Flores, fue invalidado por desacato del Poder Judicial del Estado.
Un juez federal instruyó volver a determinar si Hernández Flores debe o no continuar sujeto a proceso por lavado de dinero, relacionado con la presunta compra por medio de prestanombres de mil 600 hectáreas del Puerto In-dustrial de Altamira.
El Gobierno de Tamaulipas, a cargo de Francisco García Cabeza de Vaca, acusa al exgobernador de que en 2007 -todavía en funciones- adquirió por medio de testaferros predios a 1.5 por ciento de su precio real y cuyo valor es mayor a mil 584 millones de pesos.
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El juez décimo segundo de distrito en Tamaulipas, Francisco Manuel Rubín de Celis Garza, resolvió que el juzgado del fuero común que le dictó la formal prisión, incumplió con los lineamientos que impuso un tribunal colegiado en el amparo concedido para reponer este juicio contra Eugenio Hernández.
El predio de mil 600 hectáreas fue expropiado por la federación en 1981 y transferido al Gobierno de Tamaulipas en 1998 (Manuel Cavazos Lerma era gobernador), como parte de un proyecto para fomentar el desarrollo industrial en el puerto de Altamira.
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Posteriormente, Tomás Yarrington presuntamente compró mediante un prestanombres las mil 600 hectáreas, a un precio 60 veces debajo de su valor real, según un dictamen de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.
Finalmente, el terreno fue vendido a un prestanombres de Hernández, según la acusación.
El 6 de octubre de 2017 Hernández Flores fue detenido en Ciudad Victoria, con base en una orden de aprehensión por lavado de dinero y peculado, derivada de este expediente, y seis días después fue procesado. Además, mantiene dos casos judicial radicados en Tamaulipas y una solicitud de extradición a Estados Unidos, por lo que hay un juicio pendiente de resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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