El o los agentes económicos responsables podrían recibir multas de hasta 8 por ciento de sus ingresos y las personas involucradas podrían recibir sanciones de hasta 16 millones de pesos.
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) investiga posibles prácticas monopólicas en el mercado de la importación, comercialización, transporte, almacenamiento, distribución y expendio de gas licuado de petróleo (LP).
La investigación inició el 21 de enero pasado y este martes la Cofece publicó en el Diario Oficial de la Federación el aviso sobre el inicio de la indagatoria, que tuvo como punto de partida una denuncia y quedó registrada con el expediente DE-044-2018.
“Las prácticas monopólicas relativas son los actos, contratos, convenios o procedimientos que realizan los agentes económicos con poder sustancial con el objeto o efecto de desplazar indebidamente a otros agentes del mercado, impedir su acceso o establecer ventajas exclusivas a favor de uno o varios agentes económicos. Ejemplos de estas prácticas son las compras o ventas atadas, la discriminación de precios, la elevación de los costos a otros agentes económicos, la negativa de trato, entre otras”, explicó la Comisión.
La Cofece añadió en un comunicado que la importancia económica y social del mercado de gas LP radica en que es el principal combustible empleado en los hogares, por lo tanto, es necesario que las actividades de importación, almacenamiento, distribución y expendio al público se realicen en un entorno de competencia, pues de lo contrario esto podría tener efectos regresivos importantes para la economía de las familias mexicanas.
El organismo precisó que esta investigación es distinta a la identificada con el expediente DE-022-2017, sobre presuntas prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la distribución y comercialización del gas LP, iniciada el 24 de agosto de 2017 y que aún sigue su curso.
En el caso de la investigación iniciada en 2019 el o los agentes económicos responsables podrían ser sancionados con multas de hasta el 8 por ciento de sus ingresos y la orden de suprimir la conducta. Las personas físicas que hayan participado directa o indirectamente, en representación o por cuenta y orden de las empresas en dichas prácticas, podrían recibir sanciones equivalentes a 200 mil UMAs (16 millones 898 mil pesos de acuerdo con el valor de la UMA en 2019), inhabilitación para ejercer cargos de dirección hasta por 5 años y para los coadyuvantes multas de hasta 180 mil UMAs (15 millones 208 mil 200 pesos).
La investigación iniciada en 2017, por otra parte, podría acarrear multas de hasta 10 por ciento de los ingresos de el o los agentes económicos responsables. También podrían ser sancionados económicamente quienes hayan coadyuvado, propiciado o inducido la comisión de las prácticas y las personas físicas que hubieren participado en la celebración, ejecución u orden de este tipo de acuerdos entre competidores, podrían recibir prisión de conformidad con el Código Penal Federal hasta por 10 años.