Para el especialista en seguridad y corrupción, Edgardo Buscaglia, la investigación de la Secretaría de la Función Pública al patrimonio de Manuel Bartlett, fue una ficción inadmisible en una democracia moderna.
La investigación realizada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), en torno a las 25 propiedades pertenecientes a los hijos y a la pareja sentimental de Manuel Bartlett, fue una “ficción inadmisible en una democracia moderna”.
Así lo definió el especialista en seguridad y corrupción, Edgardo Buscaglia, en entrevista para Aristegui en Vivo, en la que también lamentó que la actuación de la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, empañe el trabajo de la administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
“Lo que hizo Irma Sandoval es la payasada que yo les dije que iba a hacer, porque al colocar a una persona, mujer u hombre, que son simplemente peones, le traen un gran desprestigio al presidente”.
Buscaglia propuso la aplicación de auditorías preventivas, tal y como se realizan en 67 democracias del mundo, procedimientos que se enfocan en identificar el origen financiero de bienes muebles e inmuebles, y no solo determinar si pagaron impuestos o si existe una obligación de un funcionario de declarar propiedades de las personas de su círculo más cercano, como hizo la dependencia que encabeza Sandoval.
“¿De dónde sacó el dinero el hijo o la pareja para adquirir esos bienes?”, cuestionó el catedrático de la Universidad de Columbia. Para responder esta pregunta, sugirió que instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera, que encabeza Santiago Nieto, lleven a cabo estas auditorías preventivas.
“Pero darle esta auditoría a una peón de un presidente es una cosa que uno observa en Nigeria, o en países como Rusia”.
Buscaglia aclaró que su crítica no se enfoca de manera personal en Irma Eréndira Sandoval, pues otros secretarios de la Función Pública como Alberto Bazbaz y Virgilio Andrade han actuado de una manera similar.
También precisó que su intención no es señalar de manera particular a Manuel Bartlett, ya que existen más de 500 políticos mexicanos cuyo patrimonio e ingresos deberían ser investigados.
“Ahí estarían incluidos también Monreal, Manlio Fabio, hay muchos”, sostuvo el especialista, y consideró que, de aplicarles auditorías preventivas, no se tendrían que abrir causas penales en su contra para aperturar estos procesos para determinar el origen lícito o no de su patrimonio.
“Estas redes de políticos, de empresarios pantallas, de jueces y fiscales que protegen a los anteriores, que normalmente cometen delitos de diferente tipo, ya sea contrabando, falsificaciones, contrataciones públicas espurias, o todo tipo de delitos”.