La abogada Carmen Herrera García, socia de la organización Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, reconoció el cambio de postura del Estado mexicano sobre el caso, aunque pidió una investigación independiente.
La abogada Carmen Herrera García, integrante de la organización Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A.C., señaló que la reapertura del expediente de la violación y muerte de Ernestina Ascencio Rosario “es un paso fundamental para que se escriba una historia diferente sobre este caso, muy importante”.
Este jueves, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, dio a conocer que el Estado mexicano reabrirá la investigación del caso de Ernestina Ascencio, indígena nahua de 73 años que murió tras sufrir una presunta violación tumultuaria por militares, el 25 de febrero de 2007.
En la conferencia matutina del presidente López Obrador, precisó que luego de haber conversado con la Fiscalía General de Justicia de Veracruz y con la secretaria general de Gobierno de la entidad, se decidió que con la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores se presentará un informe sobre estos hechos el próximo 3 de enero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que aceptó el caso en 2017.
Lo anterior, con el fin de establecer que la fiscalía veracruzana abrirá de nueva cuenta las indagatorias hasta agotar todas las líneas de investigación para garantizar la verdad, la justicia y la reparación integral para las víctimas.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, Carmen Herrera dio la bienvenida al cambio de postura del Estado mexicano, ya que en la audiencia del pasado 7 de diciembre en la CIDH, el fiscal coordinador especializado de Veracruz, Hernán Cortés Hernández, defendió el dictamen de la CNDH en torno a que la muerte de Ascencio, el 25 de febrero de 2007, no fue por una violación, sino como resultado de anemia aguda y úlceras.
La mujer, originaria de Tetlatzingo, en Soledad Atzompa, Veracruz, señaló después del ataque y poco antes de morir, que sus agresores fueron “hombres vestidos de verde”, en alusión a miembros del Ejército mexicano. Los dictámenes periciales confirmaron el delito, aunque la versión oficial de la CNDH, supuestamente presionada por el gobierno de Felipe Calderón, fue distinta.
Herrera expresó a Carmen Aristegui su preocupación por la forma en que se comunicó la reapertura del caso: “La manera en que se anunció que se va a abrir el caso nos parece preocupante, no estamos de acuerdo que esa sea la vía. Creemos que la Fiscalía de Veracruz no está calificada para meter las manos nuevamente en la investigación, porque es una de las autoridades responsables que incurrió en las violaciones que estamos denunciando ante la Comisión Interamericana y que además las fue a reafirmar a la audiencia”.
Comentó que su organización, una de las impulsoras de que el caso llegara a la CIDH, ha planteado que “debe hacerse una investigación independiente que determine qué pasó adentro del expediente y qué pasó en torno al expediente en el ambiente, en las declaraciones, en la intromisión de otras instituciones, de la figura presidencial, etcétera”.
Esta investigación debe satisfacer el derecho a la verdad, determinar responsabilidades e iniciar los procedimientos correspondientes. Precisó que hasta el momento las organizaciones promotoras de la demanda ante la CIDH no han tenido contacto con el subsecretario Alejandro Encinas.
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