El Parlamento de Irak fracasó el lunes en elegir un nuevo presidente del país dentro del plazo que marca la Constitución. El boicoteo de los principales partidos impidió el quórum, abriendo la puerta a un peligroso vacío político. Para evitarlo, la Asamblea ha lanzado una nueva convocatoria para que a partir de este miércoles se presenten candidatos a la jefatura del Estado.
Los aspirantes disponen ahora de tres días para inscribir sus nombres, aunque el Parlamento no ha fijado la fecha de la nueva votación. De hecho, debería haberse producido en un plazo máximo de 30 días tras la elección del presidente de la Cámara, que se llevó a cabo el pasado 9 de enero. A la convocatoria inicial se presentaron 25 candidatos, entre los que destacaban el actual presidente, Barhim Salih, y el exministro de Exteriores Hoshyar Zebari.
Lo ocurrido es sorprendente incluso para la habitualmente enmarañada política iraquí. “No estamos ante un vacío constitucional, sino en un estado de violación deliberada de los términos y plazos constitucionales”, ha tuiteado Dlawer Ala’Aldeen, presidente del centro de estudios Middle East Research Institute (MERI). El analista acusa a los dirigentes de “improvisar e inventar reglas del juego para acomodar sus agendas políticas”.
We are not in a state of Constitutional vacuum.
We are in a state of deliberate & habitual violation of constitutional lines & deadlines.In the absence of Rule-of-Law, institutional leaders improvise & invent rules of the GAME to suit political agendas. pic.twitter.com/pRUwh991rn
— Dlawer Ala’Aldeen (@Dlawer) February 8, 2022
La inutilidad de la sesión parlamentaria del lunes se intuyó desde el sábado anterior, cuando Múqtada al Sadr, el líder del grupo que obtuvo un mayor número de diputados en las elecciones de octubre, pidió a los suyos que no acudieran al hemiciclo. Aunque los sadristas solo cuentan con 73 de los 329 escaños, enseguida se les sumaron otros grupos aliados. Apenas 58 legisladores asistieron al pleno. Para elegir al jefe del Estado, la Constitución exige la presencia de dos tercios de los miembros de la Cámara, con lo que el procedimiento quedó bloqueado.
El proceder de Al Sadr, un clérigo populista chií con ambiciones de hombre de Estado, se debe a los desacuerdos con otros partidos para la formación del nuevo Gobierno. Es en parte una lucha intrachií. Los grupos del bloque proiraní a los que los sadristas superaron en las elecciones no terminan de encajar el quedarse fuera del Gobierno. No obstante, tampoco las otras comunidades iraquíes están exentas de responsabilidad en el rifirrafe.
Bajo el sistema de gobierno pactado tras el derribo de Sadam Husein en 2003, los iraquíes acordaron que el jefe del Ejecutivo sería un miembro de la mayoría árabe chií; el presidente del Parlamento, un árabe suní; y el jefe del Estado, un kurdo. Sin embargo, los kurdos han sido incapaces de ponerse de acuerdo sobre su candidato a la presidencia de la República.
Hasta ahora un pacto entre la Unión Patriótica de Kurdistán (UPK) y el Partido Democrático Kurdo (PDK) establecía que el primero ostentaba la jefatura del Estado y el segundo lideraba la región autónoma del Kurdistán iraquí. Pero en las elecciones del año pasado, el PDK barrió a la UPK y le dio alas para apostar por Zebari frente a la reelección de Salih que apoya su rival.
Fuentes sadristas han dicho que el boicoteo a la votación presidencial por parte de su grupo era “un mensaje a los kurdos, y en particular al PDK, para que se pongan de acuerdo en un candidato único”.
El proceso se complicó aún más el domingo, cuando el Tribunal Supremo suspendió temporalmente la candidatura de Zebari en respuesta a una queja de varios diputados. Los querellantes aducen que su aspiración es inconstitucional debido a las acusaciones de corrupción que llevaron a su cese como ministro de Finanzas en 2016. Zebari, que siempre negó haber incurrido en malas prácticas, ha aceptado la decisión del juez.
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