Las autoridades de Irán han acusado a dos ciudadanos franceses y a un belga de espionaje y de trabajar contra la seguridad nacional del país, según ha informado este martes el portavoz de la Fiscalía iraní Masud Shtayasi, en declaraciones recogidas por la agencia iraní de noticias ISNA. La identidad de los imputados, y la fecha y lugar de su detención, no han sido divulgados. Desde la muerte bajo custodia policial de la mujer iraní kurda de 22 años Mahsa Amini, quien fue arrestada por la policía de la moral por llevar mal colocado el velo obligatorio hace tres meses, la República Islámica ha acusado a gobiernos extranjeros de fomentar los disturbios que sacuden el país. En relación con las manifestaciones, el Tribunal Supremo ha ratificado dos condenas de muerte dictadas contra participantes en las movilizaciones, al tiempo que ha revocado otras dos sentencias de ejecución, según ha recogido la agencia Tasnim.
El régimen iraní mantiene encarcelados a decenas de ciudadanos de la Unión Europea y de otros países occidentales, entre ellos, dos españoles: el madrileño Santiago Sánchez, de 41 años, arrestado el 2 de octubre, y la gallega de 24 años Ana Baneira, cuya detención se conoció el 10 de noviembre.
La organización Center for Human Rights in Iran (CHRI), con sede en Nueva York, cifraba el pasado octubre en al menos 20 los occidentales presos en el país, de los que 14 tienen doble nacionalidad, por lo que Teherán no les reconoce la condición de extranjeros ni permite que se les preste asistencia consular. El 30 de septiembre, el Ministerio de Inteligencia y Seguridad Nacional iraní informó de la detención de otros nueve europeos.
La lista del CHRI no incluye a los 40 extranjeros cuyo arresto reveló el 22 de noviembre el portavoz del Poder Judicial iraní, sin detallar sus nacionalidades. Los casos conocidos de ciudadanos de la UE afectan a Francia (9), Suecia (5) Alemania (4), Austria (2), España (2), Bélgica (2), Holanda (1) y Polonia (1). Además, hay estadounidenses, canadienses, británicos y suizos.
Fuentes diplomáticas europeas no tienen duda de que las acusaciones contra los europeos detenidos son casi siempre falsas y que se trata de “rehenes con los que Teherán presiona para frenar la imposición de sanciones”; por las violaciones de derechos humanos o por el suministro por parte de Irán de los drones que usa Rusia para atacar Ucrania.
Desde el inicio de unas protestas que los analistas consideran uno de los mayores desafíos, si no el mayor, de la historia de la República Islámica instaurada por el ayatolá Jomeini en 1979, Teherán ha detenido a más occidentales y, sobre todo, reprimido con enorme dureza a su población, mientras culpaba a Occidente, Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí de orquestar unas protestas en las que las mujeres y los jóvenes están teniendo gran protagonismo.
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Amnistía Internacional ha alertado de que las autoridades iraníes han pedido ya la pena de muerte para al menos 26 personas durante lo que la organización califica de “juicios falsos concebidos para intimidar a quienes participan en el levantamiento popular”. En diciembre fueron ejecutados Mohsen Shekari y Majid Reza Rahnavard, ambos de 23 años, y Mohammad Qabadlo, de 22 años. Según Amnistía, a todos los condenados a muerte se les ha negado el derecho a una defensa adecuada y el acceso a letrados de su elección. Los grupos de derechos humanos afirman que los acusados tienen que recurrir a abogados de oficio que incluso apoyan las tesis acusatorias de la Fiscalía.
Según la organización iraní de derechos humanos en el exilio HRANA, hasta el 26 de diciembre habían muerto 507 manifestantes, entre ellos 69 menores, en las protestas. Esta organización calcula que más de 18.500 han sido detenidos.
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