La Justicia iraní sentenció este domingo a un manifestante a morir en la horca, por primera vez desde el inicio de las protestas por la muerte bajo custodia policial, el 16 de septiembre, de la joven de 22 años Mahsa Amini, tres días después de ser detenida por llevar mal colocado el velo. La agencia Mizan, portavoz del poder judicial iraní, informó este lunes de esa pena capital y de las sentencias a otros cinco manifestantes de entre 5 y 10 años de cárcel. El condenado a muerte estaba acusado de haber incendiado un edificio gubernamental y de conspirar contra la seguridad nacional, así como de los dos cargos más graves del código penal iraní: la “enemistad con Dios” y la “propagación de la corrupción en la Tierra”. El ser declarado culpable de estos dos delitos de los que Amnistía Internacional critica su “definición imprecisa” acarrea siempre graves penas, como la amputación, pero la condena a morir ahorcado es el más grave de los castigos que recoge.
Esta pena de muerte podría ser solo la primera de una larga serie. En Irán, entre 14.000 —según el cálculo más conservador, avalado por Naciones Unidas— y 18.000 personas, de acuerdo con ONG de derechos humanos, han sido detenidas en unas protestas en las que al menos 326 personas han muerto a causa de la represión, de acuerdo con los datos de la organización de derechos humanos en el exilio Iran Human Rights.
Al menos una veintena de manifestantes están acusados de esos dos delitos que pueden conducir al patíbulo. El 12 de noviembre, Mizan informó de que el Tribunal Público y Revolucionario de Karaj, una localidad del extrarradio de Teherán, había procesado a otras 11 personas por “propagación de la corrupción en la Tierra”, entre ellas, una mujer. La televisión estatal difundió luego confesiones de esos 11 acusados que se obtuvieron presuntamente bajo coacción, denunció Iran Human Rights. Otros nueve manifestantes habían sido ya procesados anteriormente por los mismos graves cargos.
El código penal iraní prevé que la confesión del acusado baste para justificar una condena a muerte, o bien el testimonio de dos hombres —el testimonio de una mujer vale la mitad—. En julio de este año, antes del inicio de las manifestaciones, Amnistía Internacional había criticado que las condenas a muerte en ese país se dictan “de manera habitual” sobre la base de confesiones obtenidas con torturas. El relator especial de la ONU sobre Irán afirmó recientemente que “dadas las arraigadas deficiencias legales [del sistema judicial] iraní, casi todas —si no todas— las ejecuciones son privaciones arbitrarias de la vida”.
Esta condena a muerte se conoce el mismo día en que Bruselas ha anunciado la inclusión de otras 29 personas y tres entidades en la lista de individuos y organismos iraníes sancionados por la UE a causa de la muerte de Amini y la represión de las manifestaciones. Entre los afectados por la prohibición de viajar y la congelación de activos se encuentran cuatro miembros de la brigada de la policía de la moral que detuvo a esa joven, dos generales de la Guardia Revolucionaria —una fuerza paramilitar, paralela al Ejército regular, responsable de graves abusos de derechos humanos—, y el ministro del Interior iraní, Ahmad Vahidi. La televisión pública que difundió las confesiones de los manifestantes condenados, Press TV, también figura en la lista de Bruselas.
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El 30 de octubre, la sección 15 del Tribunal Revolucionario de Teherán celebró la primera audiencia del juicio contra seis de los manifestantes detenidos en las protestas, según el Centro para los Derechos Humanos en Irán, con sede en Estados Unidos. Uno de ellos, Mohammad Boroughani, estaba acusado precisamente de prender fuego a la oficina del gobernador de Pakdasht, a unos 60 kilómetros al sur de Teherán, entre otros graves cargos, aunque no se ha confirmado si este manifestante es la persona cuya condena a muerte se acaba de conocer. El juez que presidió el tribunal fue Abolqasem Salavati, considerado afín a la línea más dura del régimen y cuya reputación es la de ser elegido para condenar a presos políticos.
Tras la primera audiencia del juicio, Masomeh Ahmadi, la madre de otro de los seis acusados —Mohammad Ghobadlou, de 22 años— divulgó un vídeo en Internet en el que afirmaba que su hijo había sido condenado a muerte sin la presencia de su abogado durante el juicio. “¿Es esto justicia islámica?”, se preguntaba la mujer.
La madre de este joven, acusado también de “propagar la corrupción en la Tierra”, denunció posteriormente en Instagram que su hijo había sido transferido de cárcel sin que las autoridades avisaran ni a la familia ni a su abogado. De acuerdo con fuentes citadas por Iran Human Rights, este manifestante presuntamente puede estar aislado y sin acceso a asistencia legal.
La organización ha alertado del riesgo de que los condenados a muerte sean ejecutados inmediatamente y sin previo aviso. En Irán, más del 85% de las ejecuciones se lleva a cabo en secreto, de acuerdo con otra organización, la Agencia de Noticias de Activistas de los Derechos Humanos (HRANA).
Un abogado de derechos humanos en Irán declaró bajo anonimato al Centro para los Derechos Humanos en Irán que a otro manifestante que pidió ser asistido por un abogado de su elección, los agentes que lo estaban interrogando le advirtieron de que si insistía en su petición, su caso “se complicaría”. Otro letrado iraní, Saeid Dehghan, declaró a esa misma organización que “todas las confesiones [de manifestantes] han sido obtenidas con torturas”.
“El estamento de seguridad quiere dictar sentencias rápidamente y no le importa el procedimiento legal”, afirmó Dehghan, que acusó al poder judicial de actuar como un “sello de goma” para certificar decisiones políticas. La semana pasada, el Parlamento iraní votó una moción en favor de la pena de muerte para los manifestantes detenidos. De los 290 parlamentarios, 227 votaron a favor. El bloque conservador, que apoya al presidente, Ebrahim Raisi, antiguo jefe del poder judicial iraní, tiene 227 diputados.
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