Mientras la atención global se concentra en Afganistán, Irán intenta sacar partido del caos político y económico en el que se halla sumido Líbano para reforzar a sus aliados de Hezbolá. Al menos un petrolero iraní ha zarpado en dirección a la costa libanesa y otros dos se preparan a hacerlo con el propósito de paliar la crisis de combustible que ha paralizado al país mediterráneo, según anunció el viernes el líder del partido-milicia chií, Hasán Nasralá. Además de prometer el envío de más buques cisterna con carburante, en contra de las sanciones impuestas por Estados Unidos, Nasralá ha propuesto que una compañía iraní explote los yacimientos de gas en aguas libanesas fronterizas con Israel, en una disputada zona pendiente aún de delimitación.
Después de que el Gobierno de Beirut retirara parcialmente las subvenciones a la importación de combustible, la gasolina ha incrementado su precio en un 66%. La escalada amenaza con trasladarse al conjunto de la economía y afectar a servicios básicos, como la sanidad, que dependen de los generadores de electricidad para su funcionamiento a causa de los continuos apagones. Hezbolá ha negociado con Teherán el envío de carburante, a pesar del embargo reimpuesto por EE UU a la industria petrolera de Irán después de que el presidente Donald Trump suspendiera el acuerdo nuclear con Irán en 2018.
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Entre la legión de partidos de base étnica y religiosa que se reparten el poder en Líbano tras el fin de la guerra civil (1975-1990), no han tardado en surgir las desavenencias por la importación de gasolina y gasóleo iraníes. Sus rivales y detractores consideran que se trata de una peligrosa maniobra de imagen de Hezbolá que puede conllevar la imposición de sanciones internacionales sobre una nación en bancarrota.
“Mientras el país lo necesite, vamos a seguir con este proceso [de importación de combustible iraní]”, aseguró Nasralá, citado por Reuters. El envío de petrolero desde Irán representa un reto abierto a la diplomacia de EE UU, que ha ofrecido en contrapartida impulsar la importación a Líbano de gas egipcio a través de Jordania y Siria. Israel guarda silencio por ahora, a la espera del paso del primer buque cisterna iraní a través del canal de Suez en su singladura desde el golfo Pérsico al Levante mediterráneo.
El bloqueo político que se prolonga desde 2019 en Líbano se exacerbó tras la explosión que devastó el puerto de Beirut el 4 de agosto del año pasado, y causó 218 muertos y unos daños estimados en hasta 5.000 millones de euros. Desde entonces, el país sigue sin contar con un Gobierno que aplique las reformas exigidas por la comunidad internacional para financiar su reconstrucción. Cuatro primeros ministros designados por el Parlamento lo han intentado en el último año.
La designación del suní Nayib Mikati, un multimillonario que ya ejerció como primer ministro en 2005 y de 2011 a 2014, abrió en julio una vía de escape, pero tampoco ha ofrecido aún resultados. Todos los intentos para formar un Ejecutivo se han estrellado en el último año contra las disputas sectarias entre sus 18 comunidades étnicas y religiosas. MIkati ha sido un de los primeros dirigentes en advertir a Hezbolá de que las consecuencias de las importaciones de petróleo iraní amenazan con dar la puntilla a la economía libanesa.
Sin apenas medicinas ni alimentos básicos en farmacias y supermercados, y con la libra libanesa devaluada en un 90% frente al dólar, y una inflación que ha superado el 200% a lo largo de los dos últimos años, Líbano se hunde en el caos. La mitad de sus 4,5 millones de habitantes y casi todos los refugiados —un millón de sirios y cientos de miles de palestinos— han caído bajo el umbral de la pobreza extrema.
En medido de la hegemonía del mercado negro y los especuladores, la anarquía se ha hecho patente con el robo de camiones cisterna, como el registrado el pasado día 15. Al menos 28 personas murieron al estallar un vehículo de transporte de gasolina en el norte de Líbano, en medio de una crisis de suministro de combustible que ha paralizado el país. Dos centenares de personas se encontraban alrededor del camión cuando se produjo la explosión, tras desencadenarse un enfrentamiento con armas de fuego entre quienes querían abastecerse de combustible.
El Ejército y la policía custodian las gasolineras y los depósitos mientras el país del Levante mediterráneo sufre apagones que se prolongan hasta 22 horas. Los depósitos de los generadores están vacíos y algunos de lo los principales hospitales han tenido que restringir su actividad a los casos más urgentes por falta de energía.
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